Estrategias para mejorar la comercialización de la chirla

La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural plantea la idoneidad de la constitución de una Organización de Productores Pesqueros para aumentar el valor añadido de la chirla del Golfo de Cádiz. El grupo técnico conformado con este fin, con la participación de la Junta de Andalucía y representantes del sector, ha marcado esta solución como la mejor estructura organizativa para avanzar en la mejora de la comercialización de este bivalvo, a la vez que se insiste en el compromiso de que el caladero se reabrirá y se reanudará la actividad pesquera en cuanto así lo permitan los informes científicos que, elaborados por el Instituto Español de Oceanografía (IEO), evalúan la situación de la especie.

El grupo, con el objetivo principal de garantizar la sostenibilidad ambiental, social y económica de la actividad, ha abordado el análisis de estrategias que permitan, en última instancia, valorizar la producción e incrementar la importancia económica de esta pesquería a través de planes de producción y comercialización. Su elaboración, con una periodicidad anual, es, precisamente, como se ha puesto de manifiesto, una de las bondades de la conformación de una Organización de Productores Pesqueros, orientada a la puesta en marcha de medidas como la creación de marcas o distintivos de calidad o acciones de promoción.

La figura de las Organizaciones de Productores Pesqueros, dentro de sus objetivos de promover la gestión común de las actividades, la planificación de la producción según la demanda y la mejora de la comercialización de los productos, ofrece, además, la posibilidad del acceso a distintas líneas de ayudas del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca para la financiación de sus proyectos colectivos. Su nacimiento, por tanto, emerge como una oportunidad para dar pasos firmes hacia una pesquería más rentable y equilibrada y una comercialización más competitiva.

La generación de valor añadido es, en este sentido, un camino necesario y paralelo a la buena gestión de los recursos, algo para lo que se reunirá, también dentro del presente mes de junio, el grupo técnico que analiza la situación y progreso de la especie a raíz de los informes científicos del Instituto Español de Oceanografía (IEO) que recomendaron el cierre del caladero el pasado mes de enero. Este último estudiará cuestiones como la evolución de la población, la talla y otras posibles medidas como horarios y límites de capturas, una vez que se haya alcanzado el rendimiento máximo sostenible de la chirla. De igual modo, está prevista también la celebración de una jornada informativa sobre el Sistema de Localización y Seguimiento de la Flota Andaluza (Slsepa), en la que se explicará el funcionamiento de las cajas verdes y su importancia para el control y la gestión de la pesquería.

1,8 millones de euros

La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha convocado, además, una línea de ayudas dotada con 1,8 millones de euros para 2018 para compensar al sector por el cierre del caladero, una orden que se ha trabajado y consensuado con el sector. Tras su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el pasado 26 de abril, el plazo de solicitud permaneció abierto hasta el pasado 11 de mayo. Sólo 18 días después, el 29 de ese mismo mes, se publicó el requerimiento de subsanación de errores de las peticiones presentadas.

La orden de incentivos contempla, en concreto, una cantidad fija por buque y mes natural completo, determinada en función del número de tripulantes enrolados en la embarcación a fecha de 2 de octubre de 2017, tal y como solicitaba el propio sector. La cuantía por barco es de 500 euros, más otros 400 euros por cada uno de sus marineros. La ayuda estipula, también como respuesta a una de las peticiones de los interesados, que para el cómputo de la misma los armadores que hayan trabajado a bordo de la embarcación puedan contabilizarse como tripulantes.

A la captura de la chirla se dedican 96 embarcaciones de draga hidráulica y 291 tripulantes con base en los puertos de Isla Cristina, Punta Umbría y Ayamonte, en Huelva, y de Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz.

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