Las multinacionales farmacéuticas están presionando a los gobiernos de Estados Unidos y de otros once países de la cuenca del Pacífico para que el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), que se negocia esta semana en Hawai, prolongue el uso exclusivo de las patentes de los medicamentos, lo cual dificultaría la producción local y la importación de genéricos más baratos y amenazaría la disponibilidad de medicamentos y vacunas para millones de personas.
Según la prestigiosa organización humanitaria Médicos sin Fronteras (MSF), los ministros de Comercio de la cuenca del Pacífico que participan en las “negociaciones secretas del TPP” están a punto de llegar a un acuerdo para “incluir nuevos y adicionales períodos de exclusividad monopólica para los medicamentos biológicos, lo que bloquearía el acceso a los últimos avances médicos a millones de personas de todo el mundo”.
La expresión “medicamento biológico” se utiliza para mencionar a una clase de productos médicos que incluyen desde las vacunas para prevenir el cáncer hasta fármacos para la esclerosis múltiple.
Si se incluye una obligación de exclusividad de datos dentro del TPP, según MSF, “se impediría que las autoridades nacionales de reglamentación puedan hacer uso de los datos recabados en los ensayos clínicos y que son necesarios para aprobar productos biológicos genéricos”. Los medicamentos genéricos tiene la particularidad de que permiten la disminución de precios, incluso después de que hayan expirado las patentes.
Entre las propuestas más preocupantes que se debaten en Hawai, la organización destaca la llamada “evergreening (perennización) de patentes”, por la cual los Gobiernos vinculados por el TPP se verían obligados a conceder patentes adicionales a las compañías farmacéuticas por los cambios que introduzcan en los medicamentos existentes, “incluso cuando estos cambios no proveen beneficio terapéutico alguno para los pacientes”.
Por el medio que sea, en caso de que las compañías farmacéuticas consigan lo que quieren, “los medicamentos y las vacunas de marca no afrontarían ninguna competencia directa durante periodos de tiempo excesivamente largos, mientras los pacientes, los proveedores de atención médica como MSF y las personas en los países del TPP sufrirían precios innecesariamente altos”, ha advertido MSF.
Aparte, según recuerda la directora y asesora jurídica de la de la Campaña de Acceso de MSF en Estados Unidos, Judit Rius Sanjuán, “la exclusividad de datos ni siquiera es legal en algunos de los países que actualmente negocian en el TPP”. Por no decir que las disposiciones exigidas por los negociadores norteamericanos “rompen los compromisos anteriores del gobierno de Estados Unidos con la salud mundial, incluyendo un acuerdo de 2007 en el cual Estados Unidos acordó permitir salvaguardas fundamentales para la salud pública en futuros tratados de libre comercio con países en desarrollo”.
El «falso compromiso» de EEUU
Al principios de las negociaciones del TPP, y aceptando las presiones de las empresas más poderosas de la industria farmacéutica de Estados Unidos, el Gobierno norteamericano había exigido un periodo de doce años de exclusividad de datos para los productos biológicos.
Posteriormente, tal como indican las informaciones que llegan sobre las negociaciones (que, recordemos, son secretas), Washington ha intentado lavar su imagen, “ofreciendo un falso compromiso de reducirlo a ocho años, con el fin de presentarlo como una concesión y como un triunfo de sus gestiones”.
Vídeo de MSF sobre el TTP y los medicamentos
Esta supuesta concesión estadounidense, según MSF, no supone ninguna novedad, ya que la propia Casa Blanca ha pedido recientemente al Congreso de Estados Unidos un cambio en las leyes estadounidenses, para que el monopolio pase de doce a siete años “con el objetivo primordial de reducir el gasto en salud”.
Aparte, las leyes internacionales de propiedad intelectual “ya recogen actualmente esta protección de datos durante un periodo de ocho años, pero es que además ya existen evidencias documentadas de que no son necesarios ocho años de exclusividad para promover la innovación en productos biológicos”, ha añadido.
En todo caso, según MSF, “ocho años de exclusividad de datos sigue siendo un tiempo muy largo e innecesario que las grandes empresas farmacéuticas utilizan para impedir que haya una competencia”. Esa competencia, advierte la organización, es precisamente la que permite la disminución de precios de medicamentos y vacunas “que salvan vidas”.
“Las compañías farmacéuticas ya disfrutan de algunas de las protecciones monopólicas más extensas de cualquier industria; concederles términos de exclusividad extendidos y adicionales sería otra manera de retrasar la competencia y de mantener los medicamentos fuera del alcance de millones de personas que no pueden permitirse pagar esos precios tan altos”, ha manifestado Judit Rius Sanjuán.
Wikileaks interviene en el debate
Un anexo del borrador secreto del capítulo sobre Transparencia en la Asistencia Médica del TTP, fechado el 17 de diciembre de 2014 y filtrado el pasado mes de junio por Wikileaks, advierte de que si el TPP saliera adelante en sus términos actuales, «las autoridades sanitarias podrían verse obligadas a compartir más informaciones con las compañías faramecéuticas respecto a sus propias decisiones en materia de acceso a los medicamentos, lo cual otorgaría más poder a las corporaciones para enfrentarse a políticas que percibieran como perjudiciales para sus intereses».
Asimismo, el diario Sydney Morning Herald ha comprobado, siguiendo como fuente el documento filtrado por Wikileaks, que el TTP debilitaría el programa australianos de salud pública australiana, denominado Estrategia de Beneficios Farmacéuticos (The Pharmaceutical Benefits Scheme, PBS). El acuerdo que se negocia en Hawai “tiene la clara intención de servir a los intereses de la industria farmacéutica”, declaró a este diario Deborah Gleeson, de la Universidad La Trobe (Australia), ya que elevaría la influencia de la industria médica en los programas gubernamentales de subsidio farmacéutico y de instrumentos médicos y otorgaría mayor capacidad a las empresas para oponerse a las decisiones oficiales en materia farmacéutica.
Perú y el antirretrovral Atazanavir
Un ejemplo práctico de cómo actúan las presiones conjuntas de las farmacéuticas y del Gobierno de Estados Unidos lo aporta Perú, uno de los países que participan en las negociaciones del TTP.
El pasado 12 de febrero, tal como recuerda el parlamentario peruano Alberto Adranzén (miembro del Partido Nacionalista Peruano, fundado precisamente por el actual presidente del país, Ollanta Humala) en un artículo publicado por el diario La República, varias de organizaciones de la sociedad civil (Foro Salud, RedGe, Prosa y otras) reclamaron al Gobierno de Lima que declarase una “licencia obligatoria para el antirretroviral Atazanavir”, un medicamento que se utiliza para el tratamiento del VIH. La petición estaba relacionada con “el abuso de la empresa Bristol-Myers Squibb”, que tiene la patente de exclusividad para su comercialización en Perú y que vende cada tableta a un precio veinte veces superior al que se paga por el mismo antirretroviral en Bolivia, donde el Estado produce este producto.
Tras la solicitud, las citadas organizaciones se reunieron con los Ministerios de Salud, Economía y Finanzas y Comercio Exterior y Turismo para convencerlos de la necesidad de que el Estado peruano compre este fármaco “a otros países, como Brasil y Bolivia”, y el Ministerio de Salud incluso llegó a presentar una propuesta “para declarar de interés público el Atazanavir, a fin de que se permita el ingreso de la competencia a través de una licencia obligatoria”, un mecanismo establecido por la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Comunidad Andina, los Acuerdos de Doha e incluso los tratados de libre comercio que Perú ha firmado con varios países, entre ellos Estados Unidos.
Atazanavir de fabricación brasileña
Por entonces, el citado diario peruano La República denunció la existencia de presiones “no solo de la farmacéutica”, sino también de la misma Embajada de Estados Unidos para que no se otorgase la licencia obligatoria. Finalmente, la empresa Bristol-Myers Squibb accedió únicamente a rebajar el precio en un 35 por ciento. Durante las negociaciones, los propios Ministerios de Economía y Comercio peruanos se pusieron del lado de la empresa, hasta el extremo de que el viceministro de Comercio Exterior, Edgar Vásquez fue “uno de los principales opositores” a que el Ministerio de Salud comprase este remedio a otros países.
El argumento de Vásquez es que el Ministerio de Sanidad ya “suministra gratuitamente” este medicamento y que Perú tiene recursos suficientes para “pagar el sobrecosto de la patente hasta 2019”. “Los argumentos de Vásquez son más que deleznables, porque no está en juego ni la gratuidad del fármaco ni tampoco el presupuesto del Ministerio de Sanidad sino, más bien, la necesidad de bajar el precio del Atazanavir para destinar los recursos ahorrados al aumento del presupuesto de otras áreas de la salud pública”, ha lamentado el parlamentario.
Edgar Vásquez participa personalmente en las negociaciones para la firma del TPP que se llevan a cabo actualmente en Hawai. El pasado mes de mayo, Vásquez declaró a los medios de su país que el precio de los medicamentos no había aumentado «significativamente» tras la firma del TLC con Estados Unidos y tampoco lo haría en caso de salir adelante el TPP que se negocia esta semana. No obstante, se negó a precisar si se estaba negociando una prolongación de las actuales normas sobre las patentes de los fármacos por motivos de «confidencialidad».
ONUSIDA advierte contra los «ADPIC Plus»
Por su parte, la agencia de la ONU contra el Sida (ONUSIDA) ha recordado en un comunicado que en la Declaración política sobre el VIH y el sida de 2011, «aprobada por unanimidad por la Asamblea General de las Naciones Unidas«, los Gobiernos reiteraron su compromiso de hacer uso de los mecanismos de flexibilidad previstos en el Acuerdo sobre los ADPIC (Aspectos sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), dirigido específicamente a promover el acceso a medicamentos y su comercialización.
Asimismo, ha proseguido ONUSIDA, «los Gobiernos se comprometieron a garantizar que las disposiciones sobre derechos de propiedad intelectual contenidas en los acuerdos comerciales no contravengan dichos mecanismos, tal y como se recoge en la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública». Pese a ello, ha lamentado, varios acuerdos comerciales que se encuentran actualmente en proceso de negociación «se teme que puedan incluir las llamadas medidas TRIPS Plus (o ADPIC Plus)» a fin de «ampliar los criterios de patentabilidad y la duración de las patentes«.
«Negociadores comerciales de 12 países trabajan ahora en la redacción final del Acuerdo de Asociación Transpacífico, en el que se incluye un capítulo referido a la propiedad intelectual que supuestamente contiene disposiciones que van más allá de lo que estipula el Acuerdo sobre los ADPIC. Esas medidas TRIPS Plus podrían dificultar la competencia de los genéricos y dar lugar a precios más elevados en las medicinas. Asimismo, existe la preocupación acerca de la influencia que puedan llegar a tener las medidas TRIP Plus que se acuerden bajo el TPP en futuros acuerdos comerciales«, ha añadido la agencia de Naciones Unidas.
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