San Francisco prohíbe al gigante online y a otras plataformas de alquiler ofrecer en sus webs apartamentos turísticos que no estén legalmente registrados, y amenaza con imponer multas de 1.000 dólares al día por cada piso ilegal.
San Francisco, año 2008. Dos estudiantes de diseño, Brian Chesky y Joe Gebbia, no tenían con qué pagar el alquiler de su piso según se iba acercando fin de mes. Y se les ocurrió comprar unos colchones hinchables y crear un sitio web para poder subarrendar una habitación aprovechando que había una feria esos días en la ciudad y los hoteles tenían colgado el cartel de ‘lleno total’. Así nació Airbnb (Air Bed And Breakfast).
Ocho años después, esa web casi casera –que fue mejorando con la ayuda del tercer cofundador, Nathan Blecharczyk, que se sumó algo después- es hoy una plataforma online de alcance global, y esos colchones hinchables se han convertido en una oferta de más de 1,5 millones de apartamentos repartidos por 191 países.
San Francisco, año 2016. La ciudad que vio nacer a Airbnb ahora pone coto a su negocio y amenaza con multas que pueden llegar a ser millonarias si no se pliega a las nuevas normas. La pasada semana el Board of Supervisors de San Francisco -el órgano encargado de vigilar y matizar la aplicación de la legislación estatal en el condado- aprobó una nueva normativa que obliga a todas las plataformas de alquiler a anunciar en sus webs únicamente apartamentos inscritos en el registro oficial de viviendas turísticas.
Y la nueva legislación amenaza a las webs que no cumplan con este requisito de retirar los anuncios de viviendas no registradas con imponerles multas de 1.000 dólares al día por cada apartamento ilegal. Una sanción que recaerá, y esa es la novedad de esta normativa, sobre Airbnb y sus rivales, no sobre los dueños de las casas.
Desde el año pasado, San Francisco exige a los propietarios que quieran alquilar sus viviendas para uso turístico estar inscritos en un registro oficial. En año y medio tan sólo 1.324 dueños de pisos se han registrado, según San Francisco Examiner. Sin embargo, distintas fuentes estiman que la oferta total de la ciudad podría superar las 8.000 viviendas destinadas al uso turístico.
La propia Airbnb ha puesto en duda la legalidad de la nueva normativa. Mientras algunos responsables políticos y algunas asociaciones culpan al boom del alquiler turístico de la crisis de vivienda de la ciudad, desde la compañía online se apunta que “cerca de 1.200 vecinos de San Francisco evitar la ejecución hipotecaria o el desahucio gracias al alquilar sus casas en Airbnb, con esta propuesta legalmente cuestionable pone en peligro sus viviendas, sin ofrecer ninguna solución real a esa situación compleja”.
