El Ayuntamiento de Barcelona multará con hasta 600.000 euros, como prevé la Ley de Turismo de Cataluña, a las plataformas intermediadoras que ofrezcan pisos turísticos sin licencia de forma reincidente, y con 30.000 euros, o más en casos «flagrantes», a personas particulares.
Estas medidas forman parte de un plan de choque que ha elaborado el gobierno municipal para hacer frente a las viviendas turísticas ilegales y para combatir «con contundencia» esta situación, que ha sido presentado este martes en rueda de prensa por los concejales Janet Sanz, Gala Pin y Agustí Colom.
En los últimos meses, el consistorio ha revisado administrativamente las licencias de viviendas turísticas existentes en Barcelona, que ha comportado dejar sin efecto la licencia de unos 400 alojamientos, de los que 250 son actas firmes y no pueden continuar operando.
Entre 2015 y lo que llevamos de 2016, se han inspeccionado 2.505 pisos turísticos y se han abierto 701 expedientes sancionadores, con unas multas de 30.000 euros a alojamientos que operaban de forma ilegal. También se han abierto 357 expedientes sancionadores abreviados de hasta 900 euros a viviendas turísticas que sí tenían licencia pero que no atendieron o resolvieron la incidencia por la que fueron multados.
Según los datos facilitados hoy, nueve portales de internet no han dejado de anunciar viviendas turísticas sin licencia, a pesar de haberlo requerido así el ayuntamiento -Tripadvisor, Fotocasa, Rent4days, 9flats, Housetrip, Only-apartaments, Windu, Oh Barcelona y Niumba-, por lo que se les ha incoado un expediente sancionador de hasta 30.000 euros.
La quinta teniente de alcalde del ayuntamiento barcelonés, Janet Sanz, ha precisado que ya se han resuelto los dos primeros expedientes incoados a las plataformas Airbnb y Homeaway, que eran los que contenían un mayor número de anuncios ilegales.
«Somos la primera administración local que impulsa multas a las plataformas intermediadoras», ha indicado, si bien ha precisado que el largo proceso administrativo que se aplica a las dos citadas plataformas se encuentra ahora mismo en fase de resolución, ya que se ha tenido que notificar en la sede de estas empresas en el extranjero.
En el supuesto de que Airbnb y Homeaway reincidieran en continuar ofreciendo pisos ilegales, el consistorio podría aplicar la sanción máxima de 600.000 euros prevista por la Ley de Turismo de Cataluña.
«No hay afán recaudador, sino que el objetivo es que las plataformas dejen de publicitar pisos turísticos ilegales», ha asegurado la concejal de Ciutat Vella, Gala Pin.
Además, el consistorio ha creado un equipo de veinte personas que, desde ayer lunes, se encargan de comprobar in situ si se está llevando a cabo una actividad ilegal en pisos turísticos concretos y de realizar encuestas a turistas y vecinos para obtener direcciones de viviendas sin licencia.
No se descarta que se realicen inspecciones nocturnas en pisos turísticos sin licencia, y en caso de reincidencia, en Ciutat Vella, por ser la franja horaria en la que es más fácil encontrar a los turistas, han explicado Sanz y Pin.
También se ha organizado un equipo especializado en búsquedas en internet para identificar pisos sin licencia que se anuncian a través de plataformas, formado por dos administrativos y un abogado, que, en dos semanas, han detectado una veintena de viviendas que se estarían operando ilegalmente.
Janet Sanz ha informado de que otra de las medidas es un convenio con el Colegio de Administradores de Fincas para facilitar que los miembros de comunidades de vecinos tengan conocimiento de los instrumentos que están a su alcance para evitar la actividad ilegal, lo que también permitirá detectar más viviendas destinadas a esta actividad.
Airbnb: ley “decepcionante y arcaica”
La plataforma de alquiler de alojamientos entre particulares Airbnb ha calificado de «decepcionante» la «regulación arcaica» que, en su opinión, pretende llevar a cabo el Ayuntamiento de Barcelona del sector de las viviendas turísticas. «Es decepcionante comprobar cómo el Ayuntamiento de Barcelona sigue promoviendo una regulación arcaica que protege a las empresas tradicionales y no deja espacio para los particulares», ha lamentado la plataforma que dirige Arnaldo Muñoz en España y Portugal.
Airbnb ha asegurado que muchos ciudadanos de clase media de la ciudad están compartiendo su hogar para obtener unos ingresos que les permiten llegar a final de mes, lo que además permite que los beneficios del turismo lleguen a las familias y a los comercios de barrio.
Ha recordado, asimismo, que muchas ciudades del mundo han adoptado normativas que apoyan el movimiento de la economía colaborativa adoptando «leyes simples y claras que tienen en cuenta a los particulares». En este sentido, ha añadido: «Continuaremos animando a Barcelona a que siga esos mismos pasos».
Airbnb, además, ha garantizado que siempre ha actuado conforme a la legalidad y que siempre informa a los usuarios de la regulación local y obliga a los anfitriones «a reconocer que la conocen y la cumplen».
