Un trato de favor para un inmenso proyecto inmobiliario y hotelero en el Caribe mexicano; un quebranto económico para Bankia de más de 250 millones de euros y una presunta evasión fiscal de más de 130 millones de euros. Éstas son algunas de las cifras de la operación Coral.
En el primer trimestre de 2012 la cúpula de BFA-Bankia fue consciente por primera vez del auténtico agujero que tendría que gestionar cuando apenas un año antes había aceptado integrar a Bancaja en el Sistema Institucional de Protección (SIP) que fusionaría a Caja Madrid con otras cinco entidades. En marzo de 2012 el consejo de administración de BFA accedía por primera vez a los datos de morosidad de la entidad desglosados por entidades: la caja valenciana generaba el 77% de la morosidad total de BFA-Bankia.
Es decir, que o bien los balances de Bancaja estaban falseados o bien estaban llenos de operaciones financieramente poco ortodoxas. Pocos meses antes el Banco de España había intervenido el Banco de Valencia (perteneciente a Bancaja), lo que había convertido la situación de su presidente, José Luis Olivas, en insostenible, por lo que en noviembre de 2011 había dimitido. Entonces, sin el bloqueo del vicepresidente, la dirección de Bankia envió un equipo especial para investigar todas las operaciones firmadas por la antigua caja valenciana.
Lo que allí encontraron los técnicos y directivos de Bankia no tenía buen aspecto, por lo que se encargaron varias investigaciones forensic a consultoras especializadas en el análisis de operaciones con visos de ser delictivas o fraudulentas. Se encontraron complejos entramados societarios para los que incluso las propias consultoras se veían incapaces de encontrar un origen.
La salida, meses después, de Rodrigo Rato y la antigua cúpula de BFA-Bankia y la llegada de Goirigolzarri y el FROB no paralizaron las investigaciones. Bien al contrario, siguieron adelante y culminarían en varias denuncias a finales de 2013 por, entre otras, operaciones de financiación al grupo Grand Coral tanto en el Caribe mexicano como en la Baja California. El juez Gómez Bermúdez, pese a algunos intentos en falso de archivar la causa, finalmente ha ordenado la detención del expresidente de Bancaja y exvicepresidente de BFA-Bankia, José Luis Olivas, así como otros seis antiguos altos cargos de la caja levantina y dos empresarios valencianos.
Se les acusa de usar sociedades instrumentales
Según refleja la nota de prensa de la Guardia Civil, a Olivas y estas otras ocho personas se les ha detenido por su presunta participación en una trama de financiación fraudulenta. Son delitos de apropiación indebida, administración desleal, blanqueo de capitales, corrupción entre particulares y falsedad documental. ¿Qué es lo que han encontrado el juez instructor y la Guardia Civil? Un entramado corporativo pensado para evadir impuestos por medio de la financiación de un enorme proyecto hotelero e inmobiliario en la costa mexicana.
Grand Coral era un grupo societario creado por empresarios valencianos, pero con ramificaciones en Holanda y México, país en el que se invertiría presuntamente el dinero (con el fin de levantar unas inmensas y lujosas ciudades de vacaciones). Los análisis forensic practicados determinaron que la estructura de Grand Coral se articulaba a dos niveles: «por arriba están las sociedades domiciliadas en Holanda, de las que cuelgan las mexicanas. Las sociedades holandesas no realizan ningún tipo de actividad inmobiliaria, siendo las filiales mexicanas las que desarrollan los proyectos», concluían los investigadores sobre los que se ha basado la Guardia Civil y el juez.
Habitat (el grupo inmobiliario de Bancaja) era el accionista principal de Grand Coral (40% de la participación), en la que también participaban otra sociedad del grupo Banco de Valencia (Bacavum, un 15%); el resto lo conformaban empresas de propiedad privada, controladas por empresarios cercanos a la cúpula del Partido Popular en Valencia.
En total este entramado recibió 500 millones de dólares de Bancaja para financiar un total de seis proyectos inmobiliarios y hoteleros en el Caribe Mexicano. Ya en el año 2009 uno de los proyectos estrella (Playa Paraíso Maya) se mostró incapaz de atender a los primeros pagos de las cuotas del préstamo de Bancaja, lo que provocó una novación del mismo en mayo de ese año. Una de las nuevas operaciones de crédito se destinó íntegramente al pago de los intereses pendientes con la operación principal, una práctica consideraba mala según la ortodoxia bancaria.
Los investigadores pronto constataron la «incapacidad de las sociedades del Grupo Gran Coral de hacer frente a los vencimientos de las financiaciones, por ello Bancaja concedió refinanciación y reagrupación de la deuda viva mediante formalización, el 29 de enero de 2010, de un préstamo sindicado de 520 millones de euros». Se establecía un periodo de carencia de dos años, de forma que cualquier posible morosidad se había pospuesto durante 24 meses. En cuanto hubo que amortizar los primeros pagos una vez más no se cumplirían.
Dinero que se evadía después
Así, Bancaja habría prestado dinero en condiciones ventajosas (y muy por encima de lo que la prudencia bancaria dictaría) con el fin de que parte de esa financiación se destinase a engrosar los patrimonios de los imputados. El agujero subsiguiente se lo comía la caja (o BFA-Bankia). Tanto es así que según el Banco de España la operación (más de 500 millones de dólares de financiación total) habría causado un quebranto en la entidad de más de 250 millones de dólares.
En concreto acusan a los antiguos dirigentes de la caja de beneficiar a los dos empresarios detenidos (Juan Ferri Guardiola y José Salvador Baldó), quienes habrían recibido dinero de la entidad para después desviarlo en beneficio propio. Los investigadores han constatado un «trato de favor dispensado por las entidades financieras al citado grupo empresarial [del que Ferri y Baldó eran socios minoritarios] que, una vez recibida la correspondiente financiación para los diferentes proyectos, desviaron más de 130 millones de dólares a Andorra y Suiza mediante una elaborada ingeniería financiera y la interposición de sociedades instrumentales», señalan desde la Guardia Civil.
La aventura mexicana de Bancaja es una de los mayores desastres financieros de la historia de la entidad levantina. BFA-Bankia acabaría por tener que provisionar un 100% la operación Grand Coral. Es decir, que tuvo que cubrir el total de la operación ante la posibilidad real de perder todo el dinero invertido en la misma. Esta cobertura, por una vez, no saldrá gratis, toda vez que ha acabado con un expresidente de la Generalitat Valenciana declarando ante la Audiencia Nacional.
