La Agencia Tributaria ingresó 15.664 millones de euros por la lucha contra el fraude fiscal en el año 2015, lo que supone una cifra récord y un incremento del 27% respecto a lo ingresado en 2014.
Así lo ha señalado el director de la Agencia, Santiago Menéndez, en declaraciones a los medios, tras asegurar que esta cantidad se ha conseguido gracias al «esfuerzo y dedicación» de los funcionarios de la Agencia. Este esfuerzo, tal y como ha dicho, hay que enmarcarlo en un «contexto difícil», puesto que aunque se está consolidando la recuperación económica, todavía los ejercicios sujetos a comprobación son, en parte, años con bases imponibles agregadas en disminución.
Según Menéndez, los resultados se han centrado en el refuerzo de la actuación inspectora sobre grandes contribuyentes, la economía sumergida y las actuaciones para el cobro efectivo de las deudas tributarias.
Los resultados de control incluyen expedientes singulares de minoración de devoluciones por 2.700 millones que, previsiblemente, no se repetirán en el tiempo. Sin embargo, sin tener en cuenta esta cantidad, los resultados aún serían superiores en más de 600 millones a los obtenidos en 2014. Restando ese ingreso extra, quedan 15.188 millones que proceden de las funciones de prevención y lucha contra el fraude, un 32,2% más, y 475,5 millones de declaraciones extemporáneas –fuera del plazo voluntario– sin requerimiento previo por parte de la Agencia.
De los 15.188 millones, 9.687 millones proceden de las actuaciones de control, con un incremento del 11,6%, y 5.501 millones de la minoración de las devoluciones solicitadas, un 96,2% más. En 2015 destacaron los ingresos procedentes de liquidaciones y actos de gestión recaudatoria, que aumentaron un 7,6% y sumaron 8.346 millones, la cifra más alta alcanzada nunca en este indicador.
Por su parte, el importe liquidado por los órganos de inspección creció un 43% el año pasado, hasta 7.129,2 millones, con una gran relevancia de la deuda liquidada por la Delegación de Grandes Contribuyentes, que representó el 44% del total liquidado, con 3.142,3 millones.
En total, la Agencia realizó el año pasado 107.580 actuaciones nominales de comprobación e investigación, un 8% más y un 46% más que en 2011. Por ámbitos de control, destacaron el incremento de actuaciones inspectoras de control de devoluciones (11%) y las de requerimientos y actuaciones de información (16%). Estas actuaciones se suman a otras áreas que ya se venían impulsando en años anteriores y que se han seguido reforzando en 2015, como el sector de profesionales, con un incremento de las inspecciones del 16%, y el de sociedades y socios, con un 10%.
La lucha contra la economía sumergida
En el ámbito de la lucha contra la economía sumergida, las actuaciones para la verificación del cumplimiento de la limitación de los pagos en efectivo se han traducido en 6.087 expedientes de análisis de denuncias, un 27,8% más. Además, a cierre de año se habían iniciado 1.313 expedientes sancionadores, un 36,7% más.
Por su parte, las Unidades de Auditoría Informática (UAI) participaron en 1.630 actuaciones de entrada y registro del Área de Inspección. De hecho, desde 2012 este tipo de actuaciones han aumentado un 80% y han resultado de gran eficiencia para la detección del ‘software de ocultación’, la obtención de pruebas en general y la reducción de las comprobaciones inspectoras.
Además, han crecido las actuaciones presenciales destinadas al control in situ de obligaciones formales y registrales en sectores de riesgo fiscal. De las 21,810 actuaciones presenciales, destacan 14.449 visitas efectuadas en el marco del programa específico sobre economía sumergida, un 28,7% más. También hubo 5.469 visitas para detectar alquileres opacos.
6.759 millones por el cobro de deudas
Las actuaciones destinadas al cobro efectivo de deudas tributarias aportaron unos ingresos de 6.759 millones. Para detectar posibles insolvencias ficticias se efectuaron 22.471 investigaciones de movimientos financieros, un 28,2% más, lo que supone quintuplicar las actuaciones efectuadas en 2012.
Para evitar vaciamientos patrimoniales, se adoptaron 3.785 medidas cautelares, de las que prácticamente la mitad se han desarrollado en el marco de las nuevas herramientas que ofrece la Ley Antifraude de 2012.
Además, y con el mismo objetivo de ampliar las posibilidades de cobro efectivo de las deudas liquidadas, se han incrementado un 8,7% los acuerdos de derivación de responsabilidad, hasta 16.719 actuaciones.
