Llevan años declarando en España mucho menos de lo que ganan en este país con el único objetivo de pagar pocos impuestos por no decir casi ninguno. Las trampas de las multinacionales para reducir su factura fiscal son numerosas pero han sido algunas de las grandes tecnológicas las protagonistas de los casos más escandalosos. La normativa internacional y la colaboración entre países pretende ponerles freno. Sin embargo, mientras Reino Unido ha decidido poner coto este mismo año con una tasa del 25% a las empresas que tengan presencia en su país y no declaren sus verdaderos resultados, España dará margen a las multinacionales extranjeras hasta 2019.
España está a punto de convertirse en el primer país del mundo que exige por ley a sus multinacionales que informen de cuánto ingresan, cuántos impuestos pagan, qué plantilla tienen y qué inversión han realizado en cada lugar del mundo en el que tengan presencia. Es decir, España va a ser el primer país en incorporar a su legislación una parte del proyecto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) de la OCDE, que pretende detectar si los grandes grupos empresariales utilizan operaciones ilegales entre sus filiales o desvían su beneficio del lugar en que lo obtienen para reducir o incluso dejar a cero los impuestos que deberían pagar en cada país. Sin embargo, la exigencia no va a llegar a todas las multinacionales que operan en este país por igual ni será igual de detallada.
Mientras las multinacionales cuya matriz tenga la sede en España (como Telefónica, Iberdrola, etc.) deberán dar la información de su negocio país por país a la Agencia Tributaria española desde 2017, cuando les serán ya exigibles los datos referidos al próximo ejercicio (2016); aquellas que tengan la sede fuera de España no estarán obligadas a decir cuánto ganan realmente aquí hasta 2019.
En ese año podrán exigírseles los datos referidos a sus resultados de 2018 siempre que se cumplan dos condiciones: que su país de origen no haya incluido en su propia normativa la misma exigencia de información país por país (es decir, que no haya adaptado la acción 13 del proyecto BEPS, que no es vinculante) y/o que ese país no haya suscrito un acuerdo para intercambiar esa información con las agencias tributarias de otros Estados.
En Reino Unido, entraba en vigor el pasado mes de abril una normativa por la que se grava con un 25% los beneficios obtenidos en el país que se deriven fuera. El temor a ser cazado ha provocado que Amazon empezase el pasado mes de mayo a reconocer sus verdaderos resultados en Reino Unido, Alemania, Italia y España.
El efecto es que a Google, Microsoft, Facebook, Yahoo, Twitter, eBay o Apple, algunas de las empresas que han utilizado su estructura internacional para pagar cantidades fiscales ridículas en comparación a sus ingresos en este país, no se les podrán exigir de momento datos de sus beneficios reales. Y desde 2019, si EEUU no ha adoptado el proyecto BEPS, sólo se les podrán pedir los datos referidos a España, por lo que se dependerá del intercambio de información con las agencias tributarias de otros países para tener la fotografía completa de la estructura fiscal internacional y detectar si hay truco.
Mario Ortega, socio del Departamento Fiscal y responsable de Precios de Transferencia de Garrigues, reconoce que «hay quien considera que España ha corrido demasiado y que debería haberse hecho el cambio de forma concertada por la OCDE o al menos en el seno de la Unión Europea». Sin embargo, él no lo ve tanto como una ventaja para las multinacionales con sede en otros países sino más bien como «un plazo que España está dando al resto de administraciones tributarias del mundo para que se incorporen al proyecto BEPS».
¿Lo están haciendo? De momento, nadie lo tiene desde luego tan avanzado. «El primero que anunció que iba a introducirlo fue el Reino Unido aunque finalmente aún no se ha implementado. En cuanto a EEUU, en determinadas instancias de la ISR (la agencia tributaria estadounidense) se ha dejado caer que se haría pronto», comenta Ortega.
¿Podía España actuar de un modo diferente? Sí. Otros países lo han hecho. En Reino Unido, por ejemplo, entraba en vigor el pasado mes de abril una normativa por la que se grava con un 25% los beneficios obtenidos en el país que se deriven fuera. El temor a ser cazado ha provocado ya movimientos que, de rebote, han beneficiado a España. Amazon empezaba el pasado mes de mayo a reconocer sus verdaderos resultados en Reino Unido, Alemania, Italia y España.
Esa es una de las bazas que pueden jugar a favor de este país, el movimiento generalizado en Europa y EEUU a favor del intercambio de información con relevancia fiscal, una realidad que ha influido no solo en Amazon sino también en Starbucks. La empresa ha reconocido beneficios de su filial británica por primera vez en 2014 pese a sus 17 años de presencia en el país y 791 establecimientos. El único motivo es la presión ejercida desde el Gobierno. También las investigaciones que está llevando la Comisión Europea, que investiga entre otros a Apple por años de estrategia para no pagar impuestos casi en ningún sitio, pueden terminar por hacer que las multinacionales paguen aquí lo que deben.
El Santo Grial del impago de impuestos
No es de extrañar que la cruzada contra el impago de impuestos se haya tenido que orquestar a nivel internacional. Las empresas han sido muy imaginativas al respecto. Préstamos entre filiales para no pagar por el traspaso de dividendos, pese a lo cual se desgravaban los gastos financieros; desviación de beneficios a filiales radicadas en territorios de baja tributación utilizando como argumento el pago por el uso de la marca; utilización de paraísos fiscales; acuerdos secretos con países como Luxemburgo para centralizar allí una parte importante de sus beneficios a cambio de un impuesto mínimo…
Apple ha sido sin duda de las más brillantes en el escaqueo. Tanto que un senador de EEUU, institución ante la que tuvo que declarar el consejero delegado de Apple, Tim Cook, calificó de Santo Grial del impago de impuestos la fórmula utilizada por la compañía de la manzana. Su estructura de filiales y un acuerdo con Irlanda sellado en 1991 y renovado en 2007 permitieron a Apple no pagar impuestos prácticamente en ningún sitio durante años. Con tal de esquivar al Fisco, la compañía con mayor valor bursátil del mundo prefirió incluso pedir un préstamo para dar dividendo a sus accionistas que repatriar beneficios a su país, operación por la que tendría que haber pagado un 35% en impuestos. Ahora la Comisión Europea investiga a Apple para saber si su acuerdo con Irlanda ha sido ilegal. JPMorgan calculaba recientemente que la sanción puede llegar a suponer el 10% de la gigantesca tesorería de la multinacional, unos 19.000 millones de dólares.
La norma
El cambio en la normativa, incluido en el borrador del reglamento del Impuesto de Sociedades que el Gobierno espera aprobar en breve, se debe a la incorporación a la legislación española de una parte del proyecto BEPS de la OCDE. Dicho proyecto, cuyas siglas se deben a la expresión en inglés Base Erosion and Profit Shifting, pretende acabar o al menos limitar las trampas de las multinacionales para no arrimar el hombro en las sociedades de las que obtienen sus ingresos y forma parte de todo un movimiento a nivel internacional de exigencia de información e intercambio de la misma entre administraciones tributarias precisamente para detectar esas trampas.
Según el citado borrador elaborado por Hacienda, las multinacionales cuya matriz tenga sede en España y que en conjunto facturen más de 750 millones de euros al año tendrán que entregar a la Agencia Tributaria desde 2017 la información país por país de sus resultados antes de impuestos de 2016, los impuestos de sociedades o análogos, las retenciones soportadas, la cifra de capital y fondos propios, la plantilla media, los activos materiales e inversiones inmobiliarias, las entidades residentes y la actividad de cada una de ellas.
Los grupos con matriz en otro país no tendrán que dar información hasta dos años después. En uno y otro caso, eso sí, esa información no llegará al ciudadano. Será completamente confidencial y su custodia responsabilidad de la Agencia Tributaria como ha puesto como condición el documento de la OCDE.
