La Agencia Tributaria (AEAT) ha llevado a cabo este jueves y viernes la mayor operación contra la economía sumergida a nivel nacional, que ha incluido el registro en once comunidades autónomas de 87 discotecas y locales de 110 sociedades que facturan más del 20% del total del sector del ocio nocturno.
La macrooperación -denominada «Chopin»- ha supuesto el despliegue de más de 500 funcionarios de la AEAT, apoyados por efectivos policiales, que han descubierto grandes cantidades de dinero negro en metálico escondido o preparado en sobres para retribuir a la plantilla y pagar gastos, según fuentes próximas al operativo.
Entre los pocos nombres que han trascendido están las discotecas ibicencas Space y Privilege, y la madrileña Joy Eslava. La AEAT solo ha dado la distribución geográfica de los locales registrados, la mayoría ubicados en la Comunidad Valenciana (20), seguida de Cataluña y Galicia (16 cada una), Andalucía (10), Madrid (7), Aragón, Baleares y Canarias (4 cada una), Castilla y León (3), Extremadura (2) y Asturias (1).
Según ha explicado el Ministerio de Hacienda, al tratarse de una intervención de carácter administrativo, las actuaciones de entrada y registro no han implicado detenciones, aunque se está investigando a 14 personas físicas vinculadas con las 110 sociedades. La mayoría de los registros se hicieron a primera del viernes, al cierre de los locales, para acceder a la recaudación del día y al funcionamiento ordinario de los sistemas informáticos de emisión de tiques, facturación y caja.
La operación se ha puesto en marcha coincidiendo con el inicio de la temporada alta en las discotecas de las principales zonas costeras, aunque se llevaba gestando desde principios de año cuando Hacienda detectó un volumen de operaciones con tarjeta «anormalmente alto» para un sector en el que prima el pago en efectivo y que en algunos casos llegaba al 76% del total de operaciones del local.
Cómo se iniciaron las sospechas
El departamento de Inspección de la AEAT corroboró después que las empresas afectadas estaban declarando un volumen de cobros con tarjeta de crédito que duplicaba los movimientos de efectivo en cuentas bancarias conocidos por la agencia, lo que hizo saltar las alarmas sobre la posible existencia de «un gran circuito paralelo de efectivo» que se estaba ocultando al fisco.
Conforme fue avanzado la investigación se observó que había diferencias sustanciales entre la actividad declarada y la que reflejaba el análisis pormenorizado del aforo habitual de los locales en relación con el precio de las entradas y de las consumiciones.
La vigilancia de los locales permitió detectar que la práctica fraudulenta más común pasaba por la venta previa de tiques para consumiciones que posteriormente se eliminaban en la barra al ser servidas, con lo que no se contabilizaba la consumición, aprovechándose de que en el sector del ocio los destinatarios del servicio son siempre consumidores finales.
Según Hacienda, con esta operación se pretende no solo regularizar el fraude fiscal que finalmente se aflore, sino también transmitir a los sectores involucrados en estas prácticas un mensaje disuasorio para que «las reconduzcan hacia el correcto pago de sus obligaciones tributarias». Asimismo, este tipo de operativos sirve para contrastar con pruebas el funcionamiento de determinados sectores, lo que ofrece datos reales sobre estructura de costes, manejo del efectivo, canales de aprovisionamiento y pagos a profesionales y trabajadores.
La operación «Chopin» ha sido coordinada por el Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la AEAT y se enmarca en el Plan de Control de la Economía Sumergida que desarrolla la agencia.
En el operativo de entrada y registro de estos dos últimos días han participado 386 funcionarios de la Inspección de la AEAT, incluyendo las Unidades de Auditoría Informática, así como 135 funcionarios de Vigilancia Aduanera de la AEAT, contando también con la colaboración de Mossos de Esquadra en Cataluña y de Policía Nacional en el resto del territorio nacional.
