Iberdrola calcula que el 80% de sus clientes residenciales ya se encuentran protegidos ante la suspensión del suministro eléctrico o de gas por impago, gracias a los distintos convenios firmados con la Administración y al propio procedimiento puesto en marcha por la propia compañía en 2015 para atender a los consumidores vulnerables.
La compañía ha indicado a Europa Press que este porcentaje de protección a los consumidores «ratifica su compromiso con los ciudadanos económicamente más desfavorecidos de nuestro país». Iberdrola ha manifestado que no es ajena a las dificultades que atraviesan algunos colectivos sociales y expresa su compromiso con la atención a los clientes en situación de vulnerabilidad.
También se muestra dispuesta a colaborar, según las políticas que establezcan las Administraciones Públicas competentes en cada caso, para facilitar el acceso continuado al suministro de energía eléctrica y gas.
Desde el pasado mes de julio, Iberdrola ya ha firmado 13 convenios con comunidades autónomas y ayuntamientos para la protección de estos clientes. En concreto, tiene suscritos convenios con Castilla y León, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Galicia, País Vasco, Bilbao, Castellón, Vitoria, Alicante, Valencia, Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y Almassora.
Además, la empresa mantiene negociaciones en curso con el resto de las comunidades autónomas y numerosos consistorios españoles de cara a extender la protección a la práctica totalidad de sus clientes domésticos en España.
La protección a sus consumidores, que ya alcanza a más de 5,2 millones de clientes residenciales de un total de 6,5 millones, es de aplicación a todos aquellos usuarios que tengan contratado el suministro eléctrico o de gas de su vivienda habitual con Iberdrola y que estén considerados clientes en situación de vulnerabilidad.
La apuesta de Iberdrola por este colectivo es «firme» y responde a su compromiso con los principios de solidaridad y servicio a la comunidad, señala la empresa, que dispone de un procedimiento específico de protección a clientes económicamente vulnerables en España.
