• El órgano que controlaría el líder de Podemos mantendría todas las competencias de Sáenz de Santamaría más la lucha contra la corrupción y el control de la nueva «Oficina de Derechos Humanos».
• El CIS, el CNI y el BOE estarían bajo sus órdenes, recuerda el programa de Gobierno del partido morado.
• Ante Iglesias reportarían también las Secretarías de Estado de Comunicación y Relaciones con las Cortes.
• Sería el encargado último de cribar los asuntos a debatir en el Consejo de Ministros y sustituiría al presidente en sus ausencias.
Una Vicepresidencia plenipotenciaria. Esa es una de las principales exigencias que Pablo Iglesias plantea para impulsar un Gobierno de coalición junto al PSOE. Sus “bases” para articular dicho acuerdo, presentadas este lunes en el Congreso de los Diputados, incluyen una exhaustiva concreción de las competencias que tendría ese órgano de poder, un auténtico contrapeso al presidente al que promete su “lealtad” si finalmente se entienden.
Siete de las cien páginas del documento, además de otras referencias repartidas por el mismo, quieren dejar claro que Iglesias tendría un papel preeminente en el Ejecutivo. Su partido se haría, además, con la parte “proporcional” de los 15 ministerios que lo conformarían. Es decir, unos cinco o seis departamentos, más un buen número de las Secretarías de Estado.
Podemos dedica siete páginas a concretar las funciones que Iglesias tendría en el Gabinete
“Un Gobierno de coalición con Pedro Sánchez en la Presidencia y Pablo Iglesias en la Vicepresidencia supone un mecanismo de check and balance, control y contrapeso, una garantía de que en nuestro país se acabaron los rodillos y los gobiernos que no rinden cuentas”, expone el documento en sus páginas iniciales. Podemos plantea una única Vicepresidencia con múltiples y transversales funciones, previa redefinición de la misma para convertirla en un “espacio de acción política orientada a la defensa de los derechos sociales y políticos”.
Así, no solo mantendría las numerosas competencias que esta legislatura ha asumido Soraya Sáenz de Santamaría, sino que las ampliaría. Con el añadido grado de independencia que le daría pertenecer a un partido distinto -y rival por la hegemonía de la izquierda- e imponer el citado régimen de contrapesos y controles en el Gabinete.
Iglesias sería el encargado de presidir la comisión de secretarios y subsecretarios -la que criba los asuntos a tratar en el Consejo de Ministros-, dirigir la agenda legislativa del Gobierno y asistir al presidente en su labor diaria. Además, tendría a su cargo las Secretarías de Estado de Comunicación, Relaciones con las Cortes Generales y Lucha contra la Corrupción y el Crimen Organizado -de nueva creación-, así como la Subsecretaría de Estado de Presidencia. El Ministerio de Presidencia diluiría su estructura bajo este poderoso órgano.
CIS, CNI y BOE
Podemos va aún más al detalle. Lejos de la senda marcada por Alfonso Guerra en los 80, que rechazó tener las competencias por escrito para disponer de un margen de maniobra arbitrario, Iglesias cita expresamente sus funciones. “Desarrollará una decidida apuesta por la coordinación de políticas a tres niveles”: garantizar los derechos sociales, luchar contra la corrupción y regenerar las instituciones.
El director del CNI elaboraría informes para el presidente, el vicepresidente y los ministros de Defensa, Exteriores e Interior
El líder del partido morado será el responsable del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el Boletín Oficial del Estado (BOE) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Este último órgano estuvo adscrito a Defensa hasta 2011. El Gobierno de Rajoy lo dejó en manos del Ministerio de Presidencia (Sáenz de Santamaría) y la intención de Podemos es que siga siendo materia del número dos del Gabinete. El director del CNI sería nombrado por el Parlamento y elaboraría “información para el presidente, el vicepresidente y los Ministerios de Estado (Defensa, Exteriores e Interior)”. “Orgánicamente, dependería “de la Presidencia o la Vicepresidencia”.
La Oficina de Derechos Humanos sería un nuevo organismo, “imprescindible e irrenunciable”, bajo la batuta de Iglesias. A su cabeza figuraría una persona con rango de secretario de Estado encargada de “velar por el cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por España en materia de derechos humanos”. Asumiría también la coordinación interministerial, función que ahora ejerce directamente la vicepresidenta, y trabajaría de la mano del Defensor del Pueblo.
No se explicita que el secretario general morado sería el portavoz, pero se da por supuesto al no incluir un Ministerio de ese ramo en el esbozo de organigrama de Gobierno y al aclarar que la política comunicativa se mantendría en la Vicepresidencia, a través de la Secretaría de Estado que en la actualidad controla Carmen Martínez de Castro. Este departamento gestionaría la política informativa del Gobierno, las relaciones con la prensa y las reseñas de los Consejos de Ministros, a las que podrá acceder «cualquier ciudadano o ciudadana».
Anticorrupción, eje clave
Otro organismo nuevo que reportaría ante Iglesias sería la Secretaría de Lucha contra la Corrupción. Esa empresa es una de las prioridades de Podemos, que quiere dotar al Estado de los recursos suficientes para combatirla e implicar directamete al poder ejecutivo en la materia. La mencionada Secretaría contaría con dos nuevas instancias: una “Comisión Interdepartamental” formada por las “oficinas de las administraciones central, autonómica y local que tengan competencias” en este ámbito y un “Consejo Asesor Anticorrupción” que integraría a “movimientos asociativos civiles y personalidades de reconocido prestigio” en la materia.
Iglesias quiere conformar un equipo de «expertos» para luchar contra la corrupción (Policía, Guardia Civil, Hacienda y Aduanas)
Además, dispondría de un director general de Evaluación y Seguimiento; otro al mando de “investigadores expertos” de la Policía, Guardia Civil, Hacienda y Aduanas; otro para la coordinación de contrataciones públicas; una Oficina de la Ciudadanía para la Transparencia Institucional; y “otros organismos a los que se considere necesario dotarles de mayor independencia”.
La Subsecretaría de la Presidencia, por último, sería la encargada de la coordinación de las actividades del Consejo de Ministros, las Comisiones Delegadas y la Comisión de Secretarios y Subsecretarios. Asumiría el asesoramiento técnico, la logística y la inspección del personal y los servicios departamentales.
El documento no recoge otras competencias intrínsecas al cargo de vicepresidente del Gobierno, como son sustituir al presidente cuando este viaja al extranjero –y presidir los Consejos de Ministros en su ausencia-, participar de la Comisión de Seguridad Nacional o asumir las relaciones con los delegados del Gobierno en las distintas autonomías. También estarían a su cargo entes como Patrimonio Nacional o el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Las funciones inherentes al cargo, las heredadas de Sáenz de Santamaría y las nuevas que pretende arrogarse convertirían a Iglesias en el vicepresidente más poderoso de la democracia.
