La coalición aprueba 16 líneas rojas que considera la «base» para poder votar a favor de un candidato a presidente del Gobierno. Entre sus reclamaciones están también fijar en 65 años la edad de jubilación, derogar la LOMCE e impulsar un «Plan de Emergencia Social y de Empleo».
Creación de una banca pública, recuperación de la edad de jubilación a los 65 años, subida del 20% en el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), derogación de la LOMCE y la Ley Mordaza… Izquierda Unida ya tiene sus líneas rojas para quien quiera buscar su apoyo en una sesión de investidura. Son 16 «medidas programáticas» que la propia coalición considera la «base» que debe asumir un candidato a presidente del Gobierno que pretenda sus votos. Tras la propuesta de Ejecutivo de coalición lanzada por Podemos para que los tres partidos nacionales de izquierda se asocien, la federación de Alberto Garzón ha abordado las condiciones que deberían cumplirse en ese caso, condicionando su voto a favor de un «Gobierno de progreso» a la adopción de estas medidas:
- Aprobación de una reforma fiscal progresiva y combatir el fraude fiscal.
- Aprobación de un Plan de Emergencia Social y de Empleo.
- Elevar el SMI al menos un 20% en 2016.
- Recuperar la edad de jubilación a los 65 años y 35 años de cotización.
- Creación de un Plan de Empleo-formación.
- Derogación de las reformas laborales aprobadas por los gobiernos del PP y del PSOE.
- Modificación sustancial del artículo 135 de la Constitución.
- Plan de apoyo a la economía social.
- Creación de una Banca Pública a partir de las entidades bancarias que están nacionalizadas.
- Derogación de la LOMCE y apuesta por la universalidad y gratuidad de la Educación.
- Derogación de la denominada ‘Ley mordaza’ y supresión del artículo 315.3 del Código Penal.
- Aprobación de un Plan de choque contra la violencia de género.
- Derogación de las leyes que mantengan contenidos patriarcales.
- Impulsar la autonomía municipal y derogar las reformas llevadas a cabo por el Gobierno del PP en esta materia.
- Probación de una amplia reforma electoral que respete la proporcionalidad del voto, además de una profunda reforma del Senado para convertirlo de forma efectiva en una cámara de representación territorial.
- Impulsar la creación de una comisión parlamentaria de investigación sobre la corrupción y la financiación ilegal de los partidos políticos.
El acuerdo ha sido aprobado por «unanimidad» en la Presidencia Ejecutiva Federal de IU, cuya candidatura (Unidad Popular-Izquierda Unida) obtuvo casi un millón de votos y dos escaños en las elecciones generales.
