Alfredo Sáenz tenía 68 millones en su plan de pensiones a finales de 2007. Salió en 2013 y ya eran 88,2 millones. Francisco González tenía 61,3 millones en 2007. Dos años después los consolidaba por 79,5 millones (30% más). Francisco Luzón sumaba 45,5 millones antes de la debacle y en 2011, cuando se fue, eran 63,6 millones (un 40% más).
La crisis estallaba en España en 2008, descubriendo que este país había crecido montado en una burbuja alentada por la banca a través del crédito fácil. Cuando, tras la quiebra de Lehman Brothers, los mercados internacionales dejaron de dopar al país con dinero barato porque ya nadie se fiaba de nadie, se acabó la fiesta del milagro español. Se cerró el grifo del crédito, se disparó el desempleo y la morosidad, especialmente la de los promotores inmobiliarios, y un temporizador se activó en el corazón de la banca. España entraba en la peor crisis desde que volvió la democracia. Con la economía enferma, el futuro se volvió incierto. Para quien quería incorporarse al mercado laboral, quien estaba en él y quien se acercaba a la edad de abandonarlo. No todos.
Mientras recomendaban desde sus informes reformas estructurales, incluido un recorte en pensiones para hacer sostenible el sistema, y le susurraban a presidentes de uno y otro signo en reuniones en Moncloa que no les temblase el pulso, los primeros ejecutivos del Ibex se apresuraron a proteger su propio futuro con fuertes dotaciones a sus planes de pensiones o cambios en las condiciones de los mismos para rescatarlos aunque siguieran en activo. Los más activos fueron los gestores de los grandes bancos. Una veintena de ellos sumaba derechos por importe de 570 millones de euros, bien acumulados en las pensiones devengadas por su entidad a finales de 2014 o bien porque ya los tienen a buen recaudo por haber ejercitado su cobro en forma de capital a lo largo de la crisis.
El Santander cambia las reglas de juego
El Santander modificó desde los albores de la crisis la configuración de los planes de pensiones de sus consejeros ejecutivos y de la alta dirección permitiendo que, al cumplir la edad de jubilación (65) o prejubilación (entre los 60 y 64), pudiesen optar por cobrar la cantidad acumulada de una sola vez, en lugar de mensualmente como complemento hasta el fallecimiento. Los dos primeros espadas del banco entonces, Emilio Botín (presidente) y Alfredo Sáenz (consejero delegado), ambos con la edad de jubilación ya cumplida, fueron de los primeros en acogerse a esta posibilidad en 2009. Siguieron en el banco, pero ya se habían asegurado el cobro de lo acumulado cuando se jubilasen de forma efectiva.
En el caso de Alfredo Sáenz ese momento llegó en abril de 2013, después de que el Tribunal Supremo anulase los efectos administrativos del indulto que aprobó en su favor el último consejo de ministros de José Luis Rodríguez Zapatero. La anulación parcial de dicho indulto fue suficiente para que el Banco de España tuviese que pronunciarse sobre si Sáenz cumplía los criterios de honorabilidad del nuevo Real Decreto aprobado por Luis de Guindos (real decreto 256/2013 de 12 de abril) con las recomendaciones de la Autoridad Bancaria Europea sobre criterios de buen gobierno. Sáenz optó por marcharse antes.
Gracias a los cambios en su contrato, pudo solicitar el rescate de su plan de pensiones íntegro: 88,17 millones de euros brutos. El exconsejero delegado del Santander fue durante años el ejecutivo mejor pagado de España pero además la dotación a su plan de ahorro para la jubilación creció con fuerza durante la crisis. Pasó de 68 millones a cierre de 2007 a los citados 88,17 millones, que incluían la parte dotada durante su paso por Banesto. El abono en una única prestación se dividió en 38,2 millones de euros netos en efectivo y 2,2 millones de acciones del banco (con un coste de adquisición de 12,2 millones de euros) que no puede vender hasta finales de abril de 2018. A cierre del viernes pasado esas acciones valían ya 14,8 millones de euros.
Emilio Botín fallecía el año pasado a los 79 años de edad. El expresidente de la entidad había ejercitado también su opción de acogerse al abono en una única prestación, es decir, consolidó sus derechos, motivo por el que los 25,8 millones de euros brutos que acumulaba a cierre de 2013 corresponden ahora a sus herederos.
En 2010, era Matías Rodríguez Inciarte quien, superados los 60 años, se acogía a la opción de recibir su pensión en forma de capital cuando se jubilase porque, de momento, sigue en la entidad. Al optar por esta posibilidad, el fondo de pensiones del vicepresidente del Santander dejaba desde ese momento de recibir nuevas aportaciones, sí recibe en cambio el interés anual pactado con el banco. Antes de solicitar la prejubilación, el acumulado de Rodríguez Inciarte era de 52,5 millones (un 18,8% más que a finales de 2007).
También se acogió a la nueva fórmula de cobro el que fuese máximo responsable del negocio en América del Santander, Francisco Luzón, quien se prejubiló a finales de enero de 2012, recibiendo ya en ese momento como derechos de prejubilación 2,8 millones de euros. Justo el año anterior, los derechos acumulados de su plan de ahorro para la jubilación pasaban de 55,9 a 63,6 millones de euros (un 14% de subida en un año). Según el informe anual de la entidad, se debió a «un cambio en la situación familiar del consejero». Luzón alcanzaba la edad de jubilación en enero de 2013, momento en que solicitó el abono en una única prestación de sus fondos acumulados, que alcanzaban ya un importe bruto de 65,4 millones. Recibió 21,1 millones de euros netos en efectivo y 1,14 millones de acciones del Santander (por un valor entonces de 7,1 millones de euros). Actualmente esas acciones valen medio millón de euros más.
Ana Botín ha pasado de 18 millones de euros a finales de 2007, cuando además de consejera del Santander era presidenta ejecutiva de la filial Banesto, a 40,1 millones a cierre de 2014, ya como presidenta del grupo, en los que se incluye el plan que tiene externalizado con otra aseguradora precisamente desde su paso por Banesto. En medio, ha sido máxima responsable de la filial británica del grupo, a la que se incorporó a finales de 2010.
No menos llamativas son las aportaciones al plan de ahorro de Juan Rodríguez Inciarte, un histórico de la entidad que llegó al consejo en 2008 y de una dotación procedente de sus cargos de directivos de 9,9 millones a cierre de ese año pasa a 13,7 millones seis años después (un 38,4% más).
BBVA se apunta a asegurar el cobro y seguir en activo
El otro gigante bancario español, el BBVA, no le ha ido a la zaga al Santander ni en cantidades ni en sumarse a la práctica de asegurar el cobro del plan de ahorro para la jubilación por parte de ejecutivos que siguen en activo. En 2009, al haber cumplido el presidente del banco, Francisco González, los 65 años, el consejo de administración de BBVA procede a consolidar los derechos acumulados, que ascienden en ese momento a 79,8 millones de euros, y externalizarlos en una póliza que podrá percibir una vez abandone sus funciones ejecutivas en la entidad.
Fue precisamente la decisión de González de seguir al timón del banco lo que hizo que dejase la entidad el que había sido hasta 2009 y durante ocho años consejero delegado de BBVA, José Ignacio Goirigolzarri. No se fue de vacío. Pudo cobrar de una vez los 68,7 millones de euros correspondientes a sus derechos de ahorro externalizados en una póliza de seguros contratada por el banco. ¿Fue aquella la jubilación de Goirigolzarri? Ni mucho menos. Desde mediados de 2012 está al frente de Bankia, cuyas riendas cogió tras la precipitada salida de Rodrigo Rato de la entidad. Actualmente, Bankia no tiene compromisos de ahorro por jubilación con sus consejeros.
El consejero delegado actual de BBVA, pese a haber pasado los peores años de la crisis en el cargo, no lleva mal ritmo de acumulación en su plan de ahorro jubilación. Ángel Cano cerraba 2010, su primer año completo como CEO, con derechos por importe de 14,6 millones de euros. En 2012, tras el rescate de la banca española por parte de Europa y aquel movido verano en que todos los poderes fácticos diseñaron planes por si se rompía el euro, recibe el primer empujón fuerte. El informe anual de BBVA explica que es «la situación en los mercados de deuda de bonos corporativos de alta calidad» y la normativa la que le obliga a «una actualización de los tipos de interés para las prestaciones post-empleo». Esto se traduce en una aportación de 6 millones de euros al plan de jubilación de Cano. A finales de 2014 el acumulado era ya de 26 millones (un 79% más que cuando llegó al cargo).
La breve historia de los consejeros delegados del Popular
Si hay algo que comparten la mayoría de los bancos y de las empresas del Ibex en general es la alta edad de los consejeros. No es casualidad que ya se hayan comentado unos cuantos casos de ejecutivos que han alcanzado la edad de jubilación, han ejercitado la opción de su plan de jubilación y han seguido en la entidad. El caso del Banco Popular es una prueba de qué pasa cuando se sigue la tradición de nombrar en los puestos ejecutivos a personas de dentro de la entidad y se escoge a personas con una larga, muy larga trayectoria.
En julio de 2007 es nombrado consejero delegado del Popular José María Lucía en sustitución de Francisco Fernández Dopico, que había cumplido ya los 65 años. El nuevo CEO tenía 60 años de edad y poco más de un año después dimite por razones de salud. Le sustituye Roberto Higuera, nombrado en septiembre de 2008 y quien un mes después cumple los 65 años, por lo que se jubila en 2009, aunque sigue como consejero. Entre los tres acumulan en el momento de abandonar la entidad derechos por importe de 26,2 millones.
Pero si hay un consejero que pasa por el máximo órgano ejecutivo del Popular con el plan de jubilación más alto no es uno de ellos, ni siquiera el presidente, Ángel Ron. Es José María Arias Mosquera, presidente del Banco Pastor, la entidad que fue adquirida por el Popular en 2012, y hoy vicepresidente del Popular. Arias llega con unos derechos devengados por importe de casi 14 millones de euros.
Las grandes cifras de las jubilaciones han hecho pasar desapercibidos otros planes de jubilación que en comparación parecen mucho más modestos pero que también han crecido con fuerza durante la crisis. Es el caso de Ángel Ron, el presidente del Popular, que ha pasado de contabilizar 3,4 millones a finales de 2007 a 7,8 millones a cierre de 2014, un 129,4% más. O Francisco Aparicio Valls, que pasó de poco más de medio millón de euros a 3,7 millones en el mismo periodo.
La gran banca española ha vuelto a los grandes beneficios. El plan de expansión monetaria de Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, riega de euros desde hace meses forzando al fin que se abra el crédito. Dicen que lo peor ha pasado pero ni la mejora ha llegado a todo el mundo ni todo el mundo pasó por lo peor.
