El Campus de la Justicia, el Canal de Isabel II, Metro de Madrid y la entidad de compra y gestión del suelo Arpegio centrarán la actividad de la comisión de endeudamiento. El día 14 se constituirá otra que investigará la relación de los Ejecutivos del PP con la corrupción.
El Gobierno regional de Madrid afrontará en los próximos meses dos de los peores tragos de la legislatura. La comisión de estudio sobre el endeudamiento sufrido por la Comunidad en los últimos años y la de investigación sobre casos de corrupción pondrán durante semanas el foco en asuntos controvertidos que afectaron a los Ejecutivos populares de Ignacio González y Esperanza Aguirre. Y justo antes de las Elecciones Generales. Ambas comisiones salieron adelante gracias al impulso de PSOE, Podemos y Ciudadanos y a que el PP perdió la mayoría absoluta en mayo por primera vez en 20 años.
La comisión de estudio sobre endeudamiento y gestión pública echará a andar ya el martes y, aunque carece de las herramientas coercitivas de una comisión de investigación, tratará de arrojar luz sobre cuatro asuntos en los que la oposición ve como mínimo lagunas e ineficacia. La primera ya se conocía: el Campus de la Justicia. Pero según ha podido saber SABEMOS le seguirán los dudosos contratos en Metro de Madrid, Arpegio y Canal de Isabel II.
La empresa pública Campus de la Justicia S.A. se encuentra en vías de extinción, once años después de ser constituida para pilotar la ejecución del proyecto del mismo nombre. La operación resultó fallida, después de recibir 130 millones de inversión pública para construir la que iba a ser la ciudad judicial más grande del mundo. De ellos, tan solo constan como patrimonio 25, tal y como informó en agosto el diario El País. Los 105 millones dilapidados en un proyecto que fue abandonado en 2014 centrarán la primera sesión de la comisión de estudio, en la que las personas que sean citadas a comparecer no tienen la obligación de hacerlo, como sí ocurre con las de investigación.
Es de esperar que alguno de los temas tratados en ella acaben derivando a la comisión de corrupción, que dispondrá de más y mejores elementos para efectuar un escudriñamiento efectivo de la gestión del PP y tendrá efectos vinculantes. Además, fuentes de la Asamblea apuntan a que el objetivo es ser bastante específicos. Esto contrata mucho con lo que se pretende hacer en la comisión de deuda, que se ha planteado tantos objetivos que amenazan con hacer realidad el refrán de que «quien mucho abarca, poco aprieta».
Cuando aparque el Campus de la Justicia, dicho organismo, presidido por la diputada de Podemos Lorena Ruiz-Huerta, abordará la situación del Canal de Isabel II. El ente encargado de la gestión del agua en la comunidad fue uno de los caballos de batalla en la negociación que PP y Ciudadanos mantuvieron antes de la investidura de Cristina Cifuentes. Al final, los populares se comprometieron a mantener el 100% del accionariado en manos de la administración y ano privatizar el 49%, como estaba previsto. Dicho punto ha sido uno de los 16 del acuerdo cumplidos en los cien primeros días de legislatura, como admitió el portavoz de la formación naranja, Ignacio Aguado.
Otra empresa pública de la región, Arpegio Áreas de Promoción Empresarial S.A., encargada de la compra y gestión de suelo, centrará la atención de la comisión para esclarecer las circunstancias en que se firmaron contratos con compañías involucradas en las tramas Gürtel y Púnica. Luego llegará el turno de Metro de Madrid y los contratos de mantenimiento de esta sociedad, tema que se incluyó a petición de Ciudadanos.
Es imposible establecer un calendario aunque sea aproximado sobre la comisión, pues no se sabe cuánto puede alargarse cada uno de los asuntos a tratar. Sí está acordado que se reúna cada 15 días y que acoja un máximo de tres comparecencias por sesión. En la del próximo martes se ha citado al presidente de la Cámara de Cuentas regional, Arturo Canalda, al liquidador de Campus de la Justicia S.A., Miguel Ángel Fernández Calvo, y al consejero delegado de este ente, Miguel Jiménez de Córdoba.
Igualmente, está decidido ya que la constitución de la comisión de investigación sobre corrupción se produzca el 14 de octubre, con el objetivo de empezar el trabajo tres semanas después, el miércoles 4 de noviembre. En este caso será un parlamentario de Ciudadanos el encargado de presidirla.
