La Fiscalía ha decidido denunciar ante la Audiencia Nacional a Air Europa por un supuesto fraude en el cobro de las ayudas públicas en los vuelos para residentes en Canarias y Baleares. La aerolínea niega cualquier irregularidad y dice que la Audiencia ya desestimó una denuncia sobre el caso hace un año.
Tras varios meses de investigaciones, la Fiscalía ha presentado una denuncia ante la Audiencia Nacional por un presunto fraude cometido por Air Europa al cobrar subvenciones indebidas en los billetes en vuelos de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, cuyos residentes se benefician de un descuento del 50% en el precio de los billetes que es abonado por el Gobierno a las compañías aéreas.
La Fiscalía y la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional llevan meses investigando si la aerolínea del grupo Globalia infló los precios de estos billetes para cobrar una subvención mayor de la legal del Ministerio de Fomento y si la compañía incluso cobró la ayuda a billetes que repartía gratuitamente a través de promociones.
Según ha adelantado El Confidencial, la denuncia de la Fiscalía había recaído en el juzgado número 4 de la Audiencia, pero su titular –Fernando Andreu- se ha inhibido en favor del magistrado Eloy Velasco, titular del juzgado número 6, porque ya había estudiado hechos similares el año pasado. Entonces, Velasco archivó la causa promovida por una denuncia de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) porque consideraba que debía interponerse primero una demanda en juzgados regionales.
La CEAV entonces habría presentado la denuncia ante la Fiscalía de las Palmas, que, por tratarse de un presunto delito que afecta a las cuentas de la Administración General del Estado, elevó el caso a la Audiencia de Madrid, y ésta lo remitió de nuevo a la Audiencia Nacional. Desde hace caso un año la Fiscalía de la Audiencia habría estado indagando sobre el presunto fraude.
Aunque no existe una estimación oficial del importe que ayudas que Air Europa podría haber cobrado de manera indebida, los investigadores de la UDEF lo cifrarían de manera oficiosa en 30 millones de euros, siempre según El Confidencial.
En paralelo, el Ministerio de Fomento mantiene abierto desde hace dos años su propio expediente sobre el posible uso irregular del descuento aéreo que cobran los residentes de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, y tendría bajo investigación la actividad en este campo de todas las compañías que operan vuelos entre estos destinos y la Península.
