La Audiencia Nacional ha rechazado hoy el aval hipotecario, presentado por el expresidente de Banesto Mario Conde, al considerar que no cubre los 300.000 euros de fianza, y obliga al exbanquero a presentar la cantidad en metálico o por aval bancario para prevenir cualquier riesgo de fuga, según informa la agencia EFE.
Así lo ha acordado el instructor del caso, Santiago Pedraz, que rechaza la garantía depositada por dos allegados de Conde, después de que la Fiscalía Anticorrupción haya remitido una valoración desfavorable en la que considera que el peritaje no deja de ser un informe de parte sin previa inspección ocular.
En un auto, el magistrado considera que, aunque dicha prueba sería subsanable con una tasación judicial, Mario Conde deberá abonar su fianza de 300.000 euros bien en efectivo o por medio de un aval bancario con el fin de asegurar que «no se va a sustraer a la acción de la justicia».
El juez adopta así el criterio de Anticorrupción, representada en este caso por la fiscal Elena Lorente, que ya expresó en mayo su reticencia a dejar en libertad al empresario, que ingresó en la cárcel madrileña de Soto del Real, el pasado 13 de abril, por presunto blanqueo de 13,06 millones de euros de los casos Banesto y Argentia Trust.
En concreto, el escrito rechaza las escrituras de cuatro fincas en Corralejo (Fuerteventura) tasadas en 610.818 euros, propiedad de los hermanos Jaime y José Ángel Alonso García, miembros de la Fundación Francisco Franco, y a quienes ahora la Fiscalía señala por formar parte de una de las sociedades investigadas en el operativo.
La investigación, cuyas primeras pesquisas datan de 2011, pone el foco sobre Conde y una decena de personas de su entorno íntimo, entre ellos a los hijos del empresario, Mario y Alejandra (ésta en arresto domiciliario) así como al abogado de la familia, Francisco Javier de la Vega, para quien el juez decretó libertad previa fianza de 100.000 euros.
A todos ellos se les atribuye, además del presunto blanqueo, pertenencia a grupo criminal, alzamiento de bienes y ocho delitos fiscales.
