La televisión no ha muerto. Ni el aparato, ni los contenidos. Por eso la industria audiovisual ha escrito su propia carta a los Reyes Magos. Y conviene escuchar, ya que se trata de un sector que mueve en España más de 5.500 millones de euros y es fuente de empleo directo e indirecto para casi 80.000 personas.
Ante la proximidad de un nuevo Gobierno y lo que eso implica, desde la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (Uteca) han escrito su particular carta a los Reyes Magos con el objetivo de afrontar, según explican, de una forma racional y eficaz los importantes retos que el sector necesita abordar. Lo resumen en una serie de puntos muy concretos y ambiciosos.
Reforma de la Ley General de Comunicación Audiovisual
La actual Ley General de Comunicación Audiovisual (LGCA) nació, según esta asociación, anticuada y se ha mostrado claramente insuficiente para garantizar la estabilidad jurídica de las televisiones. Muestra de ello son el innecesariamente demorado proceso de liberación del Dividendo Digital y las vicisitudes jurídicas originadas por defectos normativos que llevaron al cierre de nueve canales de TDT y que pusieron en peligro otros ocho.
Por este motivo, desde Uteca apuestan por una reforma de la LGCA que fortalezca el régimen de licencias, eliminando limitaciones innecesarias, y asegurando la reserva a los licenciatarios del espectro radioeléctrico necesario para ofrecer a los ciudadanos un servicio de televisión de alta calidad, con capacidad para abordar las evoluciones tecnológicas en el marco de una opción gratuita.
Planificación y gestión de la asignación espectral
La TDT en abierto, opción prácticamente universal, frente a otras plataformas de pago de alcance limitado, depende de la asignación de espectro radioeléctrico vinculado a las licencias. Dicho recurso escaso se ha convertido en los últimos tiempos en objeto de deseo de los operadores de telefonía móvil, que reclaman dicho espacio como propio y necesario para el avance tecnológico. Sin embargo, distintos documentos de alcance europeo y global han identificado este dilema como falaz, defienden desde Uteca, y argumentan que el valor social y económico de la TDT justifica sobradamente su mantenimiento y la viabilidad de una coexistencia ordenada con otras plataformas de distribución.
En este caso lo que pide Uteca es planificar a medio y largo plazo y la actuación coordinada y en estrecha colaboración público-privada en cualquier proceso de modificación de la actual asignación espectral.
Adaptación de la norma sobre Propiedad intelectual
La Ley de Protección Intelectual (LPI), recientemente revisada, ha estado estancada largo tiempo esperando determinadas normas de desarrollo. Sin perjuicio de la aplicación urgente de las disposiciones más recientes. Así, Uteca considera prioritaria una revisión general de la LPI, que la adapte a la realidad digital y ajuste los múltiples derechos reconocidos por la ley española a los países de nuestro entorno, sin los actuales excesos que implican dobles y hasta triples pagos por un mismo uso, así como la recaudación injustificada por las entidades de gestión de remuneraciones atribuidas pero no remuneradas a creadores extranjeros.
Equidad en el tratamiento de las distintas plataformas audiovisuales Las televisiones privadas con licencia de TDT están legalmente obligadas a una serie de compromisos singulares de relevancia económica. Con la irrupción de nuevos actores que compiten directamente con la TDT por audiencia, contenidos y mercado publicitario, parece más que razonable demandar una revisión crítica de las condiciones exigidas a esas plataformas alternativas.
Producción audiovisual
Desde hace más de quince años es obligatorio para las televisiones destinar un importante porcentaje de sus ingresos a la financiación del cine español. Esta norma, que no tiene carácter general en Europa, y desde Uteca dicen que se encuentra cuestionada jurídicamente al haberse manifestado dudas sobre su constitucionalidad por el Tribunal Supremo.
A pesar de esta circunstancia legal, esta aportación ha contribuido en gran medida a la revalorización del cine español con la aportación en este largo periodo de cerca de dos mil millones de euros. No obstante, la actual norma limita en gran medida dicha contribución al limitar a las productoras de las televisiones la condición de tales relegándolas a una condición de meras financiadoras.
Por eso, desde Uteca urgen a una revisión de la Ley del Cine que otorgue a las televisiones un trato de equidad en obligaciones y derechos con las productoras cinematográficas integradas en grupos audiovisuales calificados como independientes.
Modelo sostenible de financiación de la televisión pública
El sistema de financiación de RTVE instaurado en 2009 ha sido objeto de críticas desinformadas, manifiestan desde Uteca, que han imputado los problemas de la Corporación a la salida de TVE del mercado publicitario, obviando que el mayor recorte en sus ingresos se ha producido por la reducción recibida con cargo a los Presupuestos Generales. Sin olvidar que a pesar de esta merma de ingresos, la Corporación RTVE no ha abordado ningún proceso de reestructuración orientado a la adaptación a una situación general de austeridad derivada de la crisis económica, esfuerzo que ha sido clave en la viabilidad y sostenibilidad de los operadores privados.
Desde Uteca cree que la eventual vuelta de la publicidad a TVE supondría no solo una distorsión del mercado publicitario, y el consiguiente daño a los operadores privados, sino también un perjuicio para la propia televisión pública, que con sus actuales niveles de audiencia, no llegaría a obtener por la venta de sus espacios publicitarios una cifra similar a la que ahora ingresa por las aportaciones de los operadores. Y es obvio que no tendría sentido un esquema de financiación en el que se produjese al tiempo la participación en el mercado publicitario y las aportaciones de los operadores.
