La Comisión Europea ha abierto una investigación para determinar si el canon concedido por el Gobierno valenciano del popular Alberto Fabra al grupo canadiense SNC-Lavalin por gestionar el aeropuerto de Castellón cumple con las normas comunitarias o enmascara, por el contrario, una ayuda ilegal.
Según publica este jueves el diario El País, el anterior Gobierno valenciano adjudicó en mayo de 2014 la explotación del aeropuerto de Castellón a la firma SNC-Lavalin. El grupo canadiense asumió el desafío de llevar aviones a las instalaciones de Vilanova d’Alcolea a cambio de recibir del Gobierno valenciano 24,5 millones de euros durante los primeros nueve años de vigencia y gestionar el aeropuerto hasta noviembre de 2033.
SNC-Lavalin, que tiene una importante presencia en Francia, gestiona un total de 15 aeropuertos e intenta que el de Castellón tenga un uso preferentemente turístico con vuelos charter y de bajo coste, según precisa el portal profesional de la aeronáutica actualidadaeroespacial.com.
En el marco de ese acuerdo, Lavalin quedó exenta de pagar ningún canon por la explotación del aeropuerto hasta que no fuera superada una cifra de tráfico de 1,2 millones de pasajeros al año. El grupo canadiense, que va a invertir siete millones de euros en el mantenimiento de las instalaciones durante los 20 años de concesión, no prevé alcanzar ese umbral hasta el año 2029.
Días antes de que el nuevo gobierno de PSPV-PSOE y Compromís tomase posesión, Aerocas adjudicó a una empresa externa, Viarium Ingeniería SL, un contrato de asistencia técnica y supervisión del contrato de explotación del aeropuerto por 44.850 euros. Este es el último de una decena de contratos menores cerrados por esta sociedad pública desde que Lavalin gestiona el aeropuerto, según el citado portal profesional.
Se trata en todos los casos, según esta misma fuente, de procesos negociados sin publicidad que suman 537.000 euros y van desde el contrato para la asistencia jurídica a conceptos como la puesta en marcha del sistema de inspección de equipajes en bodega, revisión y reparación del sistema de climatización, de los sistemas eléctricos, etcétera. Estas competencias, según apuntan desde la Generalitat, deberían ser responsabilidad de Aerocas y no de la concesionaria.
La Unión Europea, según El País, quiere conocer también si la Generalitat, la Diputación de Castellón o la empresa pública Aerocas colaboraron con la concesionaria del aeropuerto para otorgar alguna ventaja económica a Ryanair, la compañía low cost que comenzará a operar el próximo 15 de septiembre desde Castellón con vuelos a Londres y a Bristol. La Comisión pretende investigar si el contrato firmado entre Lavalin y Ryanair incluye alguna ventaja económica que pueda estar distorsionando el mercado.
La Comisión Europea no quiso pronunciarse ayer miércoles sobre el expediente abierto por el aeropuerto de Castellón, una investigación que se ha ralentizado por el cambio de Gobierno en la Comunidad Valenciana. Fuentes de la Generalitat han reconocido al diario que Bruselas ha abierto una investigación, pero no se van a hacer valoraciones “hasta disponer de toda la información”. Otra fuente del Gobierno de coalición ha informado de que los consejeros de Aerocas nombrados por el PP dimitieron en bloque el pasado 29 de junio y nadie ha advertido a los nuevos gestores de que la UE estaba investigando el contrato.
