La patronal catalana alerta de la «tensión y preocupación» que genera la deriva independentista. La canciller alemana apoya a Rajoy y subraya que la secesión no cabe en la UE. El PP indigna a la oposición al lanzar una reforma exprés que permitirá al Constitucional suspender al presidente de la Generalitat si incumple la ley.
No está teniendo Artur Mas una precampaña tranquila. El presidente de la Generalitat e integrante de la lista independentista Junts Pel Sí comparece hoy en la Cámara catalana para explicar los motivos que le han llevado a adelantar de nuevo las elecciones, acto que la oposición aprovechará para pedirle cuentas por los casos de corrupción que afectan a su partido. Los registros de las sedes de Convergència Democrática de Catalunya (CDC) y de su fundación, CatDem, han dinamitado la estrategia de Mas, que pretendía hacer una campaña en clave exclusivamente identitaria y ahora tendrá que explicarse sobre presuntas adjudicaciones irregulares y cobros de comisiones ilegales.
El candidato ya ha dicho que tiene “plena disponibilidad” para hablar sobre el tema, tratando de acallar así también las voces que dentro de su propia candidatura piden “hechos” y no palabras ante la corrupción. Pero las investigaciones judiciales constituyen solo uno de los muchos obstáculos que Mas se está encontrando estos días camino de las urnas. La patronal catalana y Angela Merkel contribuyeron ayer a aislar con sus manifestaciones al presidente autonómico, que además ve ya cernirse sobre él la amenaza de la suspensión de sus funciones si incumple la ley, merced a la reforma exprés del TC que impulsará el PP.
Fomento del Trabajo, la confederación empresarial más importante de Cataluña, ha hecho llegar a los partidos que concurren el 27-S un documento en el que advierte de que “el proceso secesionista” está generando “tensión y máxima preocupación desde la perspectiva económica y empresarial”. La patronal catalana remarca que los planes independentistas ponen “en cuestión la pertenencia a la UE y a la zona euro con todas las consecuencias que eso tiene para el sistema financiero catalán”.
Esa misma apreciación hacía ayer la canciller alemana, que durante dos días ha recibido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. En la rueda de prensa conjunta que dieron desde Berlín, Merkel indicó que entre su postura sobre Cataluña y la de Rajoy “no hay ningún tipo de diferencia”: los tratados europeos garantizan “la soberanía y la integridad territorial de cada estado” y es “muy importante que se respete la legalidad internacional”. El jefe del Ejecutivo añadió que “la ley se va a cumplir y España no se va a romper como pretenden algunos” mientras él esté en el Palacio de la Moncloa.
La lectura de la Generalitat
La Generalitat hizo su propia lectura sobre estas manifestaciones. Del escrito de Fomento del Trabajo señaló que esa misma organización también se ha desmarcado del “discurso del miedo” del Gobierno, criticando las “amenazas” que vierte sobre el proceso. Además, la portavoz del Ejecutivo catalán, Neus Munté, hizo referencia al carácter plural del empresariado para negar que haya una postura unánime.
Treinta entidades empresariales de Cataluña celebran mañana un acto a favor del derecho a decidir
Pero lo cierto es que el único gesto de ese sector que Mas ha podido conseguir es el acto a favor del soberanismo que 17 patronales y 13 cámaras de comercio celebrarán mañana en Barcelona. Los asistentes no mostrarán su compromiso inequívoco con la independencia, sino “con el derecho a decidir del pueblo de Cataluña”. Además, la Cámara de Comercio barcelonesa, que respalda la maniobra, ha optado por ausentarse ante el cariz “electoral” que tendrá el evento y del que se quieren “desmarcar”.
Sobre las manifestaciones de Merkel, el Gobierno regional no percibe una “opinión política personal de rechazo” al secesionismo sino solo una defensa de la legalidad. En este sentido, la jornada electoral será, según la portavoz Munté, un acto “cívico y democrático” en respuesta a la negativa de Rajoy de autorizar una consulta sobre la independencia. Además, se felicitó por el hecho de que el asunto adquiera ya “trascendencia internacional”.
A las afirmaciones de la canciller alemana podrían unirse este viernes las del primer ministro británico, David Cameron, que mantendrá un encuentro bilateral con Rajoy tras el Consejo de Ministros. Ambos líderes comparecerán ante la prensa y de nuevo se espera que Cataluña sea uno de los temas estrella. La sintonía de Cameron con el presidente del Gobierno y la experiencia escocesa hacen prever que también el mandatario británico se oponga a los planes de Mas, contribuyendo a un aislamiento que el Gobierno asegura que no es orquestado.
La oposición, irritada con el PP
Sí estaba planeada la presentación ayer por el PP de una propuesta para reformar el Tribunal Constitucional y otorgarle capacidad para sancionar a los afectados por sus resoluciones. Una clara advertencia a Mas de que su inhabilitación puede ser inmediata si se salta la ley y que se rodeó de una liturgia claramente electoral. La oposición criticó duramente la maniobra de los populares, que recurrieron a su candidato catalán, Xavier García Albiol, para presentar la iniciativa en el Congreso.
Duro enfrentamiento en el Senado entre el Gobierno y el PSOE por la reforma exprés del TC que impulsa el PP
El portavoz socialista en el Senado, Óscar López, acusó al PP de “alimentar el choque de trenes por un puñado de votos, lo que ha hecho siempre la derecha en este país”. López aprovechó la sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta para mostrar su indignación por el uso de “todas las administraciones” que hacen los populares para sacar rédito electoral. “Les importa bien poco la convivencia”, “echan gasolina al fuego” o son una “máquina de hacer nacionalistas” fueron algunos de los ataques dialécticos que lanzó el senador del PSOE al encargado de darle respuesta, el ministro de Justicia.
Rafael Catalá acusó a López de hablar sin haberse leído siquiera la propuesta, desde un “absoluto desconocimiento” que evidencia que el PSOE no sabe ni “dónde está”. Por eso, argumentó, un día se envuelve en la “bandera” de España y otro pacta Gobiernos “hasta con los independentistas más radicales”. Catalá defendió la reforma del órgano que ejerce de intérprete supremo de la Carta Magna, pues pretende “vertebrar el Estado de Derecho, fortalecer al Tribunal Constitucional y hacer que las sentencias se cumplan”.
Pero Gobierno y PP se quedaron solos en esa postura. PSOE -“Rajoy legisla para la extrema derecha de su partido”-, Ciudadanos –“no tiene credibilidad, no es coherente”-, Podemos -“las amenazas no contribuyen a que ciudadanos de este país se entiendan”-, UPyD -es un “ejercicio de cobardía”-, PNV -“es una chapuza legislativa y un atropello” y Unió -“es poco inteligente”- se sumaron a las críticas de la Generalitat y de Convergència, formación esta última que tildó la propuesta como “el mayor ataque a la democracia que se ha producido desde 1978”.
La propuesta del PP de reformar el TC para dotarlo de capacidad ejecutiva no ha provocado una reacción unánime en jueces y fiscales. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera judicial, reconoce la pertinencia de establecer que las resoluciones del órgano sean «ejecutivas» y ve bien que entre sus competencias se encuentre la suspensión «instrumental» de funciones a quien no acate sus decisiones. La APM también aprueba la tramitación exprés de la reforma, «lógica a la altura de las circunstancias». Idéntica opinión comparte el Foro Judicial Independiente, que respalda la acción del PP ante lo extraordinario de la situación en Cataluña. Desde la Asociación de Fiscales se considera que «no sería malo» habilitar al TC para que pueda «ejecutar por sí mismo sus resoluciones», aunque «otra cosa distinta es imponer sanciones». La progresista Jueces para la Democracia (JpD) se muestra muy crítica con los populares, pues con su maniobra dan la impresión de que el Tribunal es un «gendarme de urgencia» para cuestiones políticas, dando «la impresión de que no confía en la independencia de los jueces ordinarios». Sí ve JpD bien reformarlo para que sus resoluciones «no queden en papel mojado». La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, por último, considera que la reforma «es una muestra de improvisación a un mes de las elecciones catalanas que da la sensación de que el Estado no tiene mecanismos suficientes ante la situación», informa Europa Press.
