El acuerdo de gobierno suscrito entre PSOE y Ciudadanos incluye un apartado dedicado a la defensa de los derechos de los consumidores. Aunque desde algunas asociaciones como Facua se critica la falta de precisión de las medidas, el futuro Ejecutivo pondría en marcha iniciativas para reducir el desperdicio de alimentos.
Este mes, Francia se convirtió en el primer país en prohibir a los supermercados la destrucción o el abandono de alimentos que no vendan; en su lugar, los comercios tendrán que donar los productos sobrantes a organizaciones benéficas.
En España, socialistas y ciudadanos han acordado poner en marcha medidas para “reducir el desperdicio de productos comestibles”.
Eso sí, no proponen ninguna medida en concreto para este asunto, al igual que sucede con la mayoría de puntos del pacto, algo que critican las asociaciones de consumidores como Facua.
El portavoz de esta organización, Rubén Sánchez, cree que los partidos han hecho guiños a los consumidores “de una forma muy ambigua, muy poco concreta y muy pobre”.
Las medidas de defensa de los consumidores son ambiguas, poco concretas y pobres, según Facua
Entre las medidas que más disgustan está la integración de la política de defensa del consumidor bajo el paraguas del regulador de la competencia, una iniciativa “muy preocupante”, según Rubén Sánchez.
“Da la sensación de que la política de protección al consumidor es tan poco importante para el PSOE que la quiere diluir en un macroorganismo que tiene competencias de todo tipo”, ha afirmado Sánchez en declaraciones a SABEMOS.
En cuanto a los diversos mercados, en el documento juega un papel especial la defensa de los usuarios de servicios de banca. Entre las ideas recogidas en el texto está la eliminación de cláusulas suelo, aunque no se precisa si se combatirá con las que permanecen en muchos contratos hipotecarios actuales o si sólo se tratará de una prohibición de cara al futuro, ha criticado Rubén Sánchez.
En el ámbito financiero también faltan menciones a las comisiones que cobran los bancos, algunas de ellas “claramente abusivas” para el portavoz de Facua, como la de cobrar por realizar ingresos de efectivo.
La misma ambigüedad existe en el capítulo de los desahucios. Aunque se plantean medidas, ha concedido Rubén Sánchez, estas están dirigidas a los que ya han desahuciados y no a los que podrían ser desalojados. Por ello desde Facua defienden que se realicen imposiciones a la banca para frenar esta práctica.
Por otro lado, tampoco se articulan mecanismos concretos para paliar la pobreza energética ni se precisa lo que se va a promulgar en cuanto a tarifas energéticas y de telecomunicaciones, unos mercados en los que se han producido “incrementos tarifarios descomunales” en opinión de Rubén Sánchez.
En resumen, el acuerdo es mucho ruido y pocas nueces, de acuerdo con el portavoz de Facua. “Peca de excesiva ambigüedad, no sabemos si por haberlo hecho deprisa y corriendo o porque lo que se pretende es vender humo”, ha concluido.
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