La Generalitat valenciana se lanza contra los pisos ilegales e investiga a Airbnb, Homeaway y Booking

La Comunidad Valenciana expedienta a ocho plataformas de alquiler de vivivendas turísticas.

La Agencia Valenciana de Turismo abre una veintena de expedientes a ocho plataformas online de alquiler por comercializar apartamentos no registrados. La Comunidad Valenciana sigue los pasos de la Generalitat de Cataluña y del Ayuntamiento de Barcelona.

Continúa la batalla contra la oferta ilegal de apartamentos turísticos. Al menos allá donde se puede considerar formalmente que la hay, dado siquiera en todas las comunidades está regulado este negocio. Hace año y medio la Generalitat de Cataluña imponía una multa de 30.000 euros al gigante Airbnb por incluir en su plataforma apartamentos de alquiler sin el preceptivo número de registro. El pasado diciembre el Ayuntamiento de Barcelona imponía sendas sanciones de 60.000 euros a Airbnb y a su gran rival Homeaway por el mismo motivo. Y ahora es el turno de la Generalitat de la Comunidad Valenciana.

La Agencia Valenciana de Turismo (AVT) ha abierto un total de 24 expedientes a ocho plataformas online de alquiler de viviendas para uso turístico (a razón de tres por cada empresa, uno por cada provincia de la comunidad) por incluir en sus webs apartamentos sin el preceptivo número de inscripción en el Registro de Empresas. Las plataformas que serán investigadas por la Generalitat son de nuevo Airbnb y Homeaway, y también Niumba, Booking.com, Onlyapartments, Mil Anuncios, Fotocasa y Muchosol.

Las compañías se enfrentan a sanciones que, al tratarse de una infracción muy grave, pueden ascender a 90.000 euros por cada expediente, así que cada una de las plataformas podrían acabar acumulando multas por importe de 270.000 euros.  El secretario valenciano de Turismo, Francesc Colomer, advierte que la apuesta de la Generalitat es el alojamiento «reglado» en hoteles, campings, alojamientos rurales y apartamentos, «pero siempre que se trate de aquellos que dan la cara, que son economía real y productiva, que generan riqueza, imagen y empleo».

«No se va a apostar por la competencia desleal, el intrusismo, el fraude fiscal o las rentas opacas», ha avisado Colomer. «Es una cuestión de entender la economía y el turismo de una forma correcta. Se debe hacer un gran esfuerzo de pedagogía y conseguir un gran acuerdo para que todos los operadores turísticos compartamos un modelo basado en la transparencia, la calidad y la legalidad».

La Agència Valenciana de Turisme (AVT) ha abierto 24 expedientes sancionadores a ocho plataformas que anuncian viviendas turísticas por Internet sin hacer constar el número de inscripción en el Registro de Empresas. En concreto, se trata de Homeaway, Niumba, Mil Anuncios, Airbnb, Booking, Onlyapartments, Fotocasa y Muchosol, según ha informado la Generalitat en un comunicado. A cada una de ellas se le han abierto tres expedientes, uno por cada provincia y según ha explicado el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, las acciones por las que van a ser expedientadas pueden suponer una infracción de la Ley de Turismo, calificada como «muy grave» y suponer una multa de un máximo de 90.000 euros. Colomer ha afirmado que estas plataformas tienen que entender que el Gobierno valenciano hace una apuesta por el alojamiento «reglado» en hoteles, campings, alojamientos rurales y apartamentos, «pero siempre que se trate de aquellos que dan la cara, que son economía real y productiva, que generan riqueza, imagen y empleo». Así, ha señalado que «no se va a apostar por la competencia desleal, el intrusismo, el fraude fiscal o las rentas opacas», al tiempo que ha insistido en que «es una cuestión de entender la economía y el turismo de una forma correcta». Por eso, «se debe hacer un gran esfuerzo de pedagogía y conseguir un gran acuerdo para que todos los operadores turísticos compartamos un modelo basado en la transparencia, la calidad y la legalidad», ha agregado. Las empresas disponen de 15 días para realizar alegaciones y la apertura del expediente recibido es «únicamente una fase preliminar» de un proceso que puede ser «largo» y en el que cabe también la posibilidad de que las empresas decidan colaborar y atender el requerimiento que se les hace y eliminar de su web los alojamientos no inscritos, ha precisado Colomer. Si esto sucede, esta circunstancia se tendría en cuenta como atenuante en la tramitación del expediente, que podría terminar así en un apercibimiento y evitar la sanción.

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