El exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional y exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, está investigado por unas presuntas comisiones cobradas por medio de la adjudicación de contratos publicitarios en exclusiva. SABEMOS ha podido acceder a las actas y conocer detalles de las campañas presuntamente irregulares.
Dos contratos publicitarios han supuesto la apertura del último (y van…) frente judicial vinculado al expresidente de Bankia, Rodrigo Rato. El que fuera vicepresidente del Gobierno y director gerente del FMI está siendo investigado por unos presuntos cobros de comisiones irregulares (posteriormente blanqueadas) vinculadas a contratos publicitarios en exclusiva a dos firmas del sector: Publicis y Zenith. Según estas pesquisas, estas firmas habrían pagado cerca de 834.000 euros al entonces presidente con el fin de adjudicarse en exclusiva los contratos publicitarios del banco posteriormente nacionalizado.
La pasada semana, el también presunto testaferro de Rato en estas operaciones, Alberto Portuondo, fue detenido por las autoridades para evitar el riesgo de fuga y destrucción de documentos; viajaba de vuelta a México, país en el que reside de forma oficial, tras pasar sus vacaciones en España. Tras testificar el pasado jueves, el juez decretó el sostenimiento de estas medidas cautelares. Portuondo era administrador único de Albisa, la compañía que según los investigadores actuaría como empresa pantalla a través de la cual se cobraban estas comisiones ilegales.
Uno de los indicios que ha llevado a los investigadores a sostener que Rato podría haber cobrado estas comisiones ilegales es el incremento espectacular de los ingresos de la sociedad presuntamente instrumental, Albisa, que habría llegado a quintuplicar su volumen de negocio, tal y como ha publicado El Confidencial, durante la presidencia del exdirector gerente del FMI. Según la UCO, dependiente de la Guardia Civil, Zenith y Publicis habrían pagado 1,2 millones y 778.000 euros a Albisa en concepto de asesoramiento, si bien estos pagos se habrían desviado posteriormente mediante una falsa facturación a una de las compañías del expresidente, Kradonara.
La primera campaña, la de la salida a Bolsa
El primer contrato publicitario del que sospecha la Guardia Civil es el aprobado en el Consejo de Administración del 15 de junio de 2010. Se trataba de una adjudicación de 15,3 millones de euros para la campaña de la salida a Bolsa de Bankia, una de las campañas más importantes de la corta historia de la entidad.
La operación venía avalada por el Comité de Medios, que es el encargado en las entidades financieras de supervisar las distintas operaciones con proveedores. ¿Cómo funcionaba? En teoría, además del presidente del Comité (que en este caso fue José Manuel Fernández Norniella) acudían al mismo representantes de auditoría interna e intervención, así como representantes de otro tipo de departamentos. Al tratarse de un contrato especialmente sensible, también el Banco de España tenía que estar al corriente, según han explicado a SABEMOS fuentes presentes en la aprobación de aquella operación. El resultado de aquel contrato fue la campaña de «Yo soy Bankero», en la que se animaba al público en general a participar en la salida a Bolsa de la entidad, prevista para julio de 2011.
La campaña de Publicis y Zenith, pese al éxito relativo conseguido en la salida a Bolsa, supuso un pequeño terremoto dentro del Consejo de Administración de Bankia, tal y como han revelado a SABEMOS fuentes presentes aquellos días. Y es que las alabanzas a la «nueva banca» no sentaron precisamente bien entre aquellos consejeros que representaban a las antiguas cajas de ahorros. «Uno de los valores principales de las cajas era precisamente que el público las percibían como distintas a los bancos, más cercanas. Nos pareció que aquella publicidad dañaba ese elemento que considerábamos fundamental», recuerdan.
Las campañas de publicidad a estos niveles, según cuentan fuentes conocedoras de estas operaciones, son resultado del trabajo conjunto de decenas de personas y departamentos. Señalan además que es obvio que la opinión favorable del presidente puede influir decisivamente en la contratación o no de una firma, si bien lo que no puede esquivar es el hecho de que la oferta presentada «ha de estar en precios acordes con el mercado, y se ha de estudiar más de una oferta». A pesar de estas responsabilidades conjuntas, las profundas discrepancias sobre cómo publicitar Bankia fueron, según estas mismas fuentes, uno de los motivos principales por los que se despidió en enero del año siguiente a la que entonces era directora de comunicación de Bankia, Pilar Trucios.
El otro contrato
El 24 de febrero de 2012, más de medio año después del anterior, se aprueba un nuevo contrato millonario para realizar una campaña de publicidad de Bankia. En este caso fue el directivo Juan Chozas (en la anterior ocasión había sido el secretario del Consejo, Miguel Crespo) el que presentó la propuesta de contratación al Consejo de Administración. Se trataba de una campaña de 8,5 millones de euros para «dar a conocer los valores sobre los que se asienta la marca Bankia» durante los meses de febrero y marzo de ese año.
En esta ocasión, los proveedores de esta campaña eran también Publicis y Zenith, así como TF Artes Gráficas, Star Media, Fotocromía Lineal, Marketing Promocional Promopicking e Informática de El Corte Inglés. La propuesta, una vez más, fue aprobada por unanimidad, algo que era relativamente habitual si la misma ya contaba con el visto bueno de los comités previos.
En este caso, el lema de la campaña fue «todo un futuro juntos». Apenas tres meses después de emitirse esta campaña en prensa, radio y medios de papel, el presidente Rato dimitía y daba paso al actual máximo ejecutivo (Jose Ignacio Goirigolzarri), quien solicitaba una inyección de 18.000 millones de euros en la entidad, y por consiguiente su nacionalización.
¿Esquivaron todos los protocolos?
Las fuentes consultadas por SABEMOS insisten en el hecho de que las decisiones de compra significativas (por ejemplo, la contratación de una campaña de publicidad) se realizaban de forma colegiada y por medio de un procedimiento con varios pasos. Como se ha señalado anteriormente, comités como los de Medios o Riesgos tenían que estudiar y contrastar cada oferta, de la cual se debía incorporar una memoria justificativa sobre los costes, los precios y los fines.
Es decir, que de ser cierta la tesis policial sobre los pagos de comisiones ilegales, a la fuerza tendría que suponer la participación directa o indirecta de más personas de dentro de BFA-Bankia. Si efectivamente se concedieron contratos de forma irregular, a la fuerza fue con la connivencia o (como mínimo) la negligencia de directivos, empleados y consejeros de la entidad ahora nacionalizada. La posibilidad de una trama de uno o dos implicados es, según cuentan estas fuentes, materialmente poco razonable.
