Los trabajadores de Coca-Cola en Fuenlabrada llevan más de un año esperando a que se construya el Centro de Organizaciones y Logísticas acordado ante la Audiencia Nacional. La fábrica está paralizada y sólo la planta de “reciclaje” registra alguna actividad. A finales de mes la Audiencia ha convocado una nueva vista para revisar las condiciones de la readmisión tras la anulación del ERE por el Supremo.
En la fábrica de Fuenlabrada no hay ni rastro de lo que Coca-Cola presentó como el nuevo Centro de Organizaciones y Logísticas (COIL), un espacio para “dar soporte a la actividad industrial de la empresa, crear valor de red y configurar una singular plataforma de robótica e I+D+i para la empresa”.
En su lugar se encuentran 200.000 m2 de plantas vacías y tan sólo una nave destinada al trabajo, que tras la reincorporación de los empleados en septiembre se resume en tirar producto caducado.
“Coca-Cola no ha cumplido el auto de la Audiencia sobre las condiciones de readmisión de los trabajadores, creo que es la primera multinacional a la que se le permite incumplir una sentencia. Ahora mismo en Fuenlabrada hay un proyecto industrial sin contenido de trabajo efectivo y se han producido modificaciones en las jornadas y en los salarios”, explicaban fuentes sindicales.
La última en sumarse ha sido la Inspección de Trabajo tras la denuncia de los trabajadores el pasado 9 de diciembre ante la falta de ocupación efectiva, el incumplimiento del proyecto COIL firmado con la Audiencia Nacional y la modificación sustancial de las condiciones de los empleados en términos salariales u horarios
A pesar de que el organismo no tiene potestad para evaluar el carácter irregular de la readmisión, sí reconoce que tras un año la fábrica sigue prácticamente paralizada, con tan sólo un departamento funcionando y falta de mobiliario en casi todas las áreas funcionales.
“Las pocas tareas que se realizan son manuales y rudimentarias, ya que no hay ninguna clase de equipamientos. Ni se abastece a otras fábricas, ni entran piezas, Fuenlabrada se ha convertido en un centro de residuos y los trabajadores se encargan de retirar el producto caducado. Coca-Cola está engañando a sus trabajadores, a la Audiencia Nacional y a sus consumidores”, señalaba otra fuente del comité de empresa.
En la mayoría de departamentos la inspección ha podido comprobar de primera mano que “no ha comenzado la actividad” y que los trabajadores están reasignados en otros puestos.
Uno de los ejemplos más representativos es el área de I+D+i, inicialmente pensada para “diseñar nuevos proyectos, optimización del funcionamiento de las máquinas y captación de subvenciones y acuerdos con partners”, y que según lo recogido por el organismo dependiente de Empleo se dedica a la “elaboración de guías de formación y procedimientos”. La propia compañía reconoció sin tapujos que “no hay previsiones de realizar a corto plazo investigación, ensayos o pruebas”.
“Coca-Cola intenta proyectar la felicidad y en realidad hace otra cosa. Por ejemplo, en lo relativo a la huella de carbono y al impacto medioambiental, desde que se paralizó la actividad en Madrid los camiones tienen que ir a Valencia, Galicia o Portugal para volver a rellenar las botellas. No tiene sentido que en la ciudad donde mayor consumo de refrescos hay por habitante antes se hicieran 50-60 kilómetros para suplir esa demanda y ahora se tengan que hacer de media 700 kilómetros”, añadía la misma fuente.
Por el momento, los inspectores de trabajo y Seguridad Social han abierto diversos procedimientos sancionadores administrativos por hechos menores como no avisar con tiempo a los trabajadores de los cambios de puesto o salario o por la falta de evaluación de los riesgos laborales en la planta.
Sin embargo, respecto a la regularidad o irregularidad de la readmisión de los 84 operarios de la fábrica, el citado organismo no puede pronunciarse, ya que es competencia de la Audiencia Nacional al ser “el órgano cuyas jurisdicciones podrían estar incumpliendo”.
Precisamente, este tribunal ha convocado una nueva vista el próximo 24 de mayo para revisar las condiciones de la readmisión. La iniciativa partió desde la propia multinacional, que pide poder modificar las jornadas y salarios en función de las necesidades de la planta.
“No entendemos como la Audiencia ha convocado esta vista tras dictar sentencia firme y pasarse el plazo para presentar recursos. Coca-Cola quiere modificar la columna vertebral de los derechos del trabajador y eso va en contra de la propia sentencia, que garantizaba que no se tocarían las condiciones sustanciales de trabajo”, explicaban los representantes de los trabajadores.
Como en un “campo de concentración”
Uno de los hechos que más preocupa a los empleados es la vigilancia continua por parte de guardias jurados de sus actividades y de la fábrica. La Inspección del Trabajo en su informe recoge denuncias de que “se está produciendo una vejación personal de la plantilla al ser vigilados con seguimiento de seguridad privada por parte de la empresa”.
Los inspectores pudieron ver fotografías que califican en el mismo documento como “una actitud de vigilancia de la actividad, sin otra razón aparente de su presencia allí”.
El organismo se ha limitado a hacer una advertencia a la compañía con la que reconoce el derecho a controlar a sus empleados para garantizar el desarrollo de sus actividades pero siempre “guardando la consideración debida a su dignidad humana”. Algo que Coca-Cola podría estar incumpliendo al no emplear a mandos intermedios de la propia empresa en lugar de contratar a seguridad privada, sobre todo teniendo en cuenta que el recinto ya está cubierto por múltiples cámara de seguridad.
“Parece más un campo de concentración que un centro de trabajo. Es increíble que los gastos sean para seguridad, cámaras y perseguir a los trabajadores en lugar de desarrollar de una vez por todas el proyecto”, sentenciaban las fuentes sindicales.
