El informe provisional de Deloitte sobre el que se tomó la decisión de intervenir al Popular y que, tal y como hemos afirmado en Diario16, es una grosería técnica, tendrá que hacerse público tal y como lo ha determinado el Panel de Apelación de la Junta Única de Resolución (JUR). Además del documento provisional de la auditora en el que se planteaban tres escenarios, uno de ellos positivo, la JUR deberá publicar todos los informes sobre los que se asentó la decisión que dejó en la ruina a más de 305.000 familias.
El Panel ha sido muy duro con el hecho de que se haya mantenido en secreto esta documentación y que, tal y como lleva Diario16 denunciando desde hace meses, no tiene justificación alguna y, además, va en contra de la propia legislación europea.
La corte de apelación de la JUR ordena a la institución que arruinó a 305.000 familias y «regaló» el Popular al Santander a entregar todos los informes sobre los que se asentó la decisión tomada la noche del 7 de junio a los afectados. El Panel de Apelación ha considerado que la JUR cometió un grave error de apreciación al mantener en secreto toda esta información y ha dejado claro que ese secretismo o su negativa a hacer públicos los documentos no están justificadas. Eso sí, le autoriza a censurar datos sensibles que puedan afectar al sistema financiero o al Popular, aunque tendrá que argumentar las razones de porqué lo ha hecho. El Panel no se queda ahí, puesto que censura a la propia Comisión Europea tras la publicación del informe censurado y obliga a la JUR a hacer públicas las partes censuradas.
¿Explicará la JUR por qué intervino a la sexta entidad de España con una carta que pudo haber redactado y firmado cualquiera porque no va acompañada de ninguna garantía de autenticidad?
¿Explicará la JUR por qué comenzó siquiera el procedimiento de intervención a través de una carta que presuntamente firmó Emilio Saracho pero que la firma de esa comunicación no se corresponde con la del presidente del Popular?
En Diario16 ya comentamos que el secretismo y la opacidad de la JUR atentaba contra los propios principios de la propia Unión Europea, además de ir en contra de los intereses de sus ciudadanos, tanto los afectados del Popular como al resto porque una decisión como la adoptada con la resolución del Popular le puede ocurrir a cualquiera y esa negativa a la publicación de los informes dejaba indefensos a todos los ciudadanos europeos porque dejaba un precedente de impunidad a grandes entidades sistémicas para salir de sus dificultades a través de movimientos oscuros y de operaciones diabólicas. Además, la Unión Europea no puede ser jamás cómplice de los movimientos orientados a salvar a bancos o entidades financieras en apuros por muy sistémicas que sean. Si tienen que caer, que caigan. Lo que no se puede permitir, y hoy el Panel de Apelaciones de la propia JUR, lo ha dejado claro es la impunidad que transmite ese comportamiento ocultista.
Son intolerables la opacidad y el secretismo sin justificación, pero también es incomprensible que una institución con tanta responsabilidad como la Junta Única de Resolución iniciara el procedimiento de resolución por lo incluido en la carta que les mostramos, lo que demuestra que se utilizó al Popular para ejemplarizar al resto de las entidades europeas y, sobre todo, para rescatar al que, dicen, que es el mayor banco de la Eurozona. Y todo ello para llevar hasta las últimas consecuencias las teorías impuestas por Wolfgang Schäuble según la cual había que arruinar a los accionistas de un banco para que se permitiera su rescate, algo que, sólo se ha utilizado con el Popular y no con los bancos italianos o con el propio Santander que, si se estudiaran de forma honrada sus cuentas, estaría en una posición igual o peor que las del propio Popular.
