La física tiene principios básicos e irrefutables como el newtoniano de «Con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria: quiere decir que las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentido opuesto». Lo mismo sucede con el de que la materia no se crea ni se destruye, sólo se transforma. Es lo que ocurre con la contabilidad de las grandes corporaciones en las que se generan una serie de sinergias que nos dan a conocer las estrategias y las formas de gestionar que tienen los directivos de cualquier entidad. Podemos tener una gestión tranquila y sosegada, como la gestión que realizó el Banco Popular en estos últimos años, o bien una gestión más agresiva, con altos grado de apalancamiento, la habitual del Santander, que le puede reportar grandes beneficios o grandes pérdidas en corto espacio de tiempo.
Bajar esos niveles de apalancamiento soportado por el Banco Santander, así como cubrir el colchón anticrisis, que según sus cálculos supone una aportación extraordinaria de 62.500 millones de euros hasta finales del 2018, tiene una necesidad existencial de poder captar dichos recursos al mínimo coste posible, habiendo captado este año 2017, 15.500 millones. Como consecuencia, durante el año 2018 deberá captar los restantes 47.000 millones.
A día 30 de septiembre de 2.017 el Santander aumentó el volumen de recursos de clientes a los niveles de 31 de diciembre de 2.016 pero sin recuperar los créditos. Por lo tanto, la principal conclusión que se puede sacar de esto es que el Santander pretendía recuperar los recursos de los clientes, siendo los créditos colaterales, o bien, que ha sacado del balance aquellos créditos morosos y refinanciados de más de un año porque, por primera vez en muchos años, existe una diferencia positiva en recursos de clientes de 10.495 millones respecto a los créditos en fecha 30 de septiembre de 2.017.
El Banco Popular, a 31 de diciembre de 2.016 dispone de 10.243 millones de euros provisionados para insolvencias. En el primer semestre de 2.017 provisionó 1.230 millones más y en el tercer trimestre (ya perteneciendo al Santander) 300 millones. Por tanto, en la actualidad, el Popular tiene provisionados 11.773 millones, provisiones que quedarán liberadas en la ejecución de la venta del patrimonio inmobiliario a BlackStone y que, ineludiblemente, irán a parar al balance del Santander.
En el ejercicio de 2.016 el Popular presentó unas pérdidas de 3.485 millones de euros a pesar de disponer de fondos propios de 11.365 millones y en el hecho relevante presentado ante la CNMV por Francisco Aparicio Valls en el que se niega la información publicada y filtrada desde el propio Edificio Beatriz por la que se declaraba al Popular en quiebra, se cifran los fondos en 10.777 millones, cantidad que en menos de un mes esa cantidad se reduce a 475 millones. ¿Cómo pudo ocurrir eso? ¿Magia negra o la perversión interesada de una hoja de cálculo infernal? Más bien un ejemplo más de cómo Emilio Saracho estaba dentro de la operación diabólica.
Sin embargo, hay más. Los activos tangibles e intangibles estaban valorados en una media de 1.950 millones los primeros y en 2.550 millones los segundos. No obstante, fueron depreciados un 92,03% puesto que de un total de 4.808 millones a 31 de diciembre pasaron a estar valorados en 383 millones a 30 de junio. ¿Cómo es posible que ocurra esto cuando la gran mayoría de las sucursales del Popular son propiedad del banco y se ha calculado un precio de venta para el Santander que oscila entre los 700 y los 1.200 millones? Realmente esa valoración tan raquítica corresponde sólo a la sede central que está tasada en 300 millones. Entonces, ¿los activos tangibles e intangibles necesitaban desaparecer para que el banco no fuera viable? Evidentemente, debían desaparecer de los libros. Pero ¿cómo se puede hacer desaparecer activos que tienen una escritura pública de propiedad? Una nueva prueba de cómo se manejaron quienes estaban en la operación: sin ética y sin piedad. Era necesario hacer lo que hiciera falta para rescatar al Santander, aunque se tuviese que arruinar a más de 305.000 familias.
