La compañía británica petrolera SOCO ha pagado más de 42.000 dólares (casi 38.000 euros) a un alto mando del Ejército de la República Democrática del Congo (RDC) acusado de perseguir a activistas opuestos a la explotación de crudo en el Parque Nacional de Virunga, un lugar declarado Patrimonio de la Humanidad.
La denuncia ha sido presentada por Global Witness, una prestigiosa organización internacional de lucha contra la corrupción con sede en Londres y Washington, que ha publicado en su página de Internet una serie de documentos filtrados (fundamentalmente cheques) para apoyar sus acusaciones. Concretamente, SOCO habría pagado miles de dólares a un comandante del Ejército de la RDC que, al frente de sus hombres, habría “sobornado, amenazado e incluso asesinado” a varios activistas.
La publicación del informe de Global Witness tuvo lugar este pasado miércoles, “después de los reiterados desmentidos de SOCO” y coincidiendo, precisamente, con la celebración de la junta anual de accionistas de la compañía, lo cual supondrá “una presión para que SOCO se comprometa a dejar de explotar o perforar en búsqueda de petróleo dentro de los actuales límites de Virunga”, ha afirmado la organización, que ha reclamado a las autoridades británicas y estadounidenses que abran una investigación “urgente” sobre las actividades de la empresa en el este de la RDC.
Virunga fue declarado Parque Nacional en 1925, lo que le convirtió en el primero de la historia de África. Se encuentra ubicado en la frontera oriental de la RDC. entre los montes Virunga y el macizo de Ruwenzori, donde se encuentran los volcanes más activos del continente. En 1979, la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad por encontrarse en una “activa cadena de volcanes” y ofrecer una “rica diversidad de hábitats superior a cualquier otra parte de África”. Asimismo, en 1994 fue incluido en la Lista del Patrimonio de la Humanidad en Peligro debido a su gran biodiversidad y a la existencia de “especies endémicas, raras y amenazadas, como el gorila de montaña”.
El comandante Burimba Feruzi
La empresa SOCO, recuerda Global Witnes, ha sido acusada en varias ocasiones del pago ilícito de cantidades a miembros del Ejército congoleño, en particular al comandante Burimba Feruzi, a fin de poder explotar los yacimientos del parque. SOCO recibió una concesión petrolera en este lugar en 2010, en medio de fuertes polémicas.
Las acusaciones contra la empresa comenzaron en mayo de 2013, cuando el citado comandante Burimba Feruzi fue descubierto, con una cámara oculta, mientras intentaba sobornar a un vigilante del parque para contar con “un cómplice desde dentro”.
En julio de ese mismo año, una coalición de ONG denunció las “intimidaciones, detenciones arbitrarias y torturas contra los miembros de la comunidad local opuestos a las labores petroleras en el Parque Nacional de Virunga” y acusaron directamente a Feruzi de ser el “perpetrador”. En respuesta, SOCO se limitó a darse por “enterado de las acusaciones” y se comprometió a investigarlas “en profundidad”. La respuesta, publicada el 26 de julio de 2013, fue posteriormente retirada de su propia página web.
En abril de 2014, el jardinero jefe del parque, Emmanuel de Merode, fue tiroteado por un grupo de pistoleros no identificados cuando regresaba desde la ciudad de Goma, donde acababa de presentar una denuncia contra SOCO. Inmediatamente, la empresa negó cualquier implicación en el atentado.
Más de 42.000 dólares en sobornos en sólo dos semanas
El punto de inflexión de todo este caso se produjo el 17 de abril de 2014 (un día después del desmentido de SOCO), cuando fue estrenado el documental Virunga en el Festival de Cine de Tribeca, en Nueva York. En la película se aprecia perfectamente cómo el comandante Feruzi ofrece 3.000 dólares al vigilante del parque. Una semana después (y justo al día siguiente de anunciar su intención de emprender prospecciones con efectos sísmicos en Virunga), SOCO aseguró a la BBC que la película tergiversa la verdad y que la compañía “está plenamente informada por sus representantes de todas las actividades que se llevan a cabo sobre el terreno y vigila estrechamente sus operaciones”.
El 30 de abril (pocos días después del desmentido de la empresa), SOCO pagó 26.650 dólares (casi 23.800 euros) a Feruzi. En el recibo se indicaba que el dinero había sido abonado por un tal «Mister Damas Vunabandi» y que su destino era el pago de los salarios de los soldados correspondientes a abril y de las dietas de mayo.
El 2 de mayo de 2014, SOCO aseguró que la investigación “independiente” llevada a cabo por su empresa accionista Aviva había demostrado que Feruzi no tenía “ninguna relación” con la compañía, y que el militar se había limitado a ser “la persona que asumió la responsabilidad de relacionarse con nuestros responsables locales para garantizar su propia seguridad mientras se encontraran en la zona”.
Sólo diez días más tarde, el personal de la organización ecologista WWF y varios miembros de la sociedad civil local reciberon amenazas expresamente relacionadas con sus actividades contra las prospecciones en Virunga. Al día siguiente, SOCO volvió a negar cualquier vínculo con estos hechos.
El 15 de mayo, el comandante Feruzi recibió un cheque de 15.600 dólares (casi 14.000 euros) de SOCO. En el recibo, el militar vuelve a citar a Damas Vunabandi, pero en este caso sin explicar el futuro uso del dinero. En sólo dos semanas, Feruzi había recibido 42.250 dólares (más de 37.600 euros) en sobornos procedentes de SOCO.
El 27 de mayo de 2014, Global Witness se dirigió a SOCO para preguntarle sobre sus actividades en Virunga y, dos días más tarde, un portavoz de la compañía se reunió con la organización para responder a estas cuestiones. “Él (Feruzi) no ha recibido dinero de nosotros. No podríamos permitirlo y los libros no lo demuestran”. Ésa fue su respuesta.
En plena campaña internacional, SOCO se dirigió el 30 de mayo a la organización de derechos humanos Human Rights Watch para calificar de “falsas e inexactas” las acusaciones sobre el pago de sobornos y sobre intimidaciones. El 4 de junio, SOCO volvió a responder a las preguntas de Global Witness con una mera “condena del uso de la violencia y de las intimidaciones” y negando “categóricamente” cualquier violación de las leyes británicas sobre sobornos. Finalmente, SOCO llevó a cabo sus anunciadas prospecciones el 13 de junio y prosigue con sus estudios dentro del Parque Nacional de Virunga hasta el 22 de julio.
«No vamos a decir al Ejército que venga y luego echarlo»
El 6 de septiembre de 2014, el diario británico The Telegraph publicó un artículo en el que se informaba de que, según denuncias locales respaldadas por Human Rights Watch, los soldados encargados de vigilar Virunga habían matado a dos pescadores en abril de ese mismo año después de que éstos se movilizaran contra las actividades petroleras en el parque. El subdirector ejecutivo de SOCO, Roger Cagle, rechazó vehementemente la responsabilidad de la empresa y aseguró que los soldados “no estaban relacionados con SOCO”. “Ellos nos los asignaron a nosotros. No podemos decirle al Ejército que venga y luego echarlo”, añadió.
En la recta final de este largo relato de acusaciones y desmentidos, SOCO emitió un comunicado el 12 de marzo de 2015 en el que anunció el nombramiento de un abogado propio, Clifford Chance, “en el verano de 2014”, con el fin de estudiar las “acusaciones sobre malas prácticas presentadas por varias ONG y medios de comunicación”. SOCO no ha hecho públicas las conclusiones de esta supuesta investigación.
En los dos días siguientes, BBC Radio emitió los testimonios de un pescador de la zona de Virunga en los que éste aseguraba que él mismo se había encontrado “frente a frente de un bote perteneciente a SOCO”, en el cual “un hombre blanco que viajaba a bordo cogió unas tijeras y cortó la red de pesca. “Cuando le pregunté por qué había cortado mi red, él llamó a una lancha fueraborda llena de soldados” que “empezaron a golpearme”.
La misma emisora publicó una entrevista con un soldado congoleño que, según sus propias palabras, se encargaba de vigilar las instalaciones de SOCO. “Mi comandante ha dicho que tenía que trabajar para la gente de SOCO”, afirmó el soldado. “Debíamos proteger el lago, y a final de mes sólo SOCO podía pagar nuestros salarios, no el gobierno”.
El dinero pagado por SOCO, 150 dólares mensuales, era superior al salario que solía pagar el gobierno, añadió el militar entrevistado. El hombre que les pagaba, a través del comandante Feruzi, era un tal Pieter Kock, un contratista empleado por SOCO a través de una empresa sudafricana de seguridad llamada Specialised Security Consultants. En respuesta al reportaje de la BBC, SOCO se limitó a negar cualquier pago, directo o indirecto, a los soldados.
La UNESCO exige un «compromiso claro y por escrito», pero SOCO ni sabe ni contesta
En 2013, la multinacional petrolera francesa Total, que también tenía concesiones en Virunga, se comprometió a no explorar dentro del actual recinto del parque, incluso en el caso de que las autoridades de Kinshasa decidieran modificar sus límites. En 2014, la empresa francesa extendió su promesa a todos los lugares incluidos como Patrimonio Universal de la UNESCO.
Precisamente, el Comité del Patrimonio Universal de la propia UNESCO exigió en junio de 2014 “un compromiso claro y por escrito de SOCO y de cualquier otra compañía petrolero de no explorar ni explotar petróleo ni gas en ningún lugar Patrimonio de la Humanidad, incluido el Parque Nacional de Virunga”. SOCO se limitó a insistir en que no tenía «ninguna nueva información» que aportar y, de momento, no sólo no ha suscrito ningún documento escrito con este compromiso, sino que incluso se negó a hacer ningún comentario a una pregunta del diario The Times sobre esta cuestión.
Imagen | Global Witness
