Como decíamos ayer, la mañana del 2 de junio de 2.016 el secretario del Consejo de Administración del Banco Popular hizo una llamada telefónica al despacho Uría y Menéndez. En esta llamada, según se colige de la transcripción que le fue remitida unas horas más tardes, a Hervada se le dan las instrucciones para la declaración de inviabilidad del banco y la posible intervención del mismo. Estas instrucciones fueron llevadas a efecto cuatro días más tarde tras la reunión del Consejo, una reunión en la que, según el acta de la misma, Emilio Saracho planteó un escenario apocalíptico que no se correspondía con la realidad.
El despacho de abogados le indica que la inviabilidad se declara si se están incumpliendo ratios o se piensa que se van a incumplir de manera significativa en el futuro. Esta declaración no se aplica si se considera que «un incumplimiento no es significativo por ser puntual» o «que un previsible incumplimiento no llegará antes porque antes de llegar a esa situación» se habrá evitado incumplirlos con «el aumento de capital, la generación de plusvalías, la venta en bloque de activos deteriorados». En el propio documento se reconoce que «el único incumplimiento de ratios se consideró por el Consejo no significativo porque había un plan creíble para retornar al cumplimiento».
Apenas dos días después se recibieron en el Popular dos ofertas para ampliar capital por un valor total de 8.000 millones de euros, por lo que los posibles incumplimientos no se iban a dar. Estas ofertas de Barclays y de Deutsche Bank no se tuvieron en cuenta ni fueron comunicadas al Consejo. Otro de los aspectos importantes a tener en cuenta en este sentido es que Saracho no aceptó la oferta de BCI por TotalBank y que el mismo día 6 encargó la venta de los activos inmobiliarios a KPMG, una operación que se pudo llevar a efecto con rapidez, tal y como demostró el Santander apenas un mes después con su operación con BlackStone. Es decir, que había muchas opciones para no incumplir las ratios. Todo esto fue ocultado al Consejo de Administración.
Juanmi (Juan Miguel Goenechea), el socio de Uría y Menéndez que firma la transcripción, afirma que los datos internos disponibles son los que van a determinar la situación de inviabilidad, unos datos que deben «ir siendo documentado […] para que quede constancia de su provisionalidad» y que la «previsión real de conseguir evitar un estado de incumplimiento de requisitos de capital» es fundamental. En primer lugar, ¿Hervada facilitó datos internos del Popular al despacho de referencia del Santander? Si se hizo así, se habría cometido un delito. En segundo lugar, había una previsión real de conseguir evitar el incumplimiento de ratios y de requisitos de capital porque las dos ofertas para ampliarlo por parte de Barclays y Deutsche Bank estuvieron encima de la mesa el lunes 5 de junio y si se hubiera comunicado su existencia Hervada tenía la obligación de comunicarlo a la CNMV.
En otro punto de la transcripción, refiriéndose a la responsabilidad de los consejeros en la declaración de inviabilidad, Juanmi dice que el Consejo debería «para no comunicar una inviabilidad en el sentido de un pronóstico de incumplimiento de ratios, tener una confianza razonable en que los planes para evitar el incumplimiento de ratios pueden hacerse realidad». ¿Cómo iban a tener confianza en revertir la situación si Saracho les ocultó las ofertas para ampliar capital de Barclays y Deutsche Bank o las negociaciones que se estaban llevando a efecto con los directivos del Santander? Estamos hablando de 8.000 millones de euros que hubieran evitado cualquier tipo de incumplimiento. Además, en esa reunión del día 6 de junio, Saracho reconocía que el Popular estaba cumpliendo con todas sus obligaciones. No comunicaron las ofertas para que el Consejo no pudiese negarse a declarar la inviabilidad.
En referencia a las consecuencias para los consejeros, se recuerda que la declaración de inviabilidad debe ser comunicada de inmediato al BCE porque si no se hace así los consejeros podrían tener responsabilidades si los accionistas o los bonistas se vieran afectados si realizaran operaciones tras la declaración además de «las sanciones administrativas por incumplimiento que figuraban en la nota que os mandamos antes del viaje de Emilio». Es decir, que el despacho de referencia del Santander ya estaba dictando instrucciones desde hacía tiempo.
Por otro lado, y este punto es muy importante, se reconoce que la declaración de inviabilidad «no conlleva que el banco deba ser puesto en resolución necesariamente y de inmediato, sino que abre un proceso por el SRB de valoración de si (a) existen medidas distintas de la resolución […] que harían innecesaria una resolución porque resolverían la situación de “inviabilidad” en un “plazo de tiempo razonable” y (b) si hay razones de interés público. Esto último (b) es obvio en nuestro caso». ¿En nuestro caso? El bufete de referencia del Santander hablando en primera persona del plural de una entidad que nada tiene que ver con la entidad cántabra. Hay que recordar que esta comunicación entre Joaquín Hervada y el despacho de abogados se produjo el viernes 2 de junio y aún no se habían recibido las ofertas de Barclays y de Deutsche Bank, pero sí que se sabía que CaixaBank disponía de 4.000 millones de euros. Por lo tanto, el día 6 de junio, en la reunión del Consejo de Administración, Saracho sí que tenía en su poder posibilidades de aplicar «medidas que harían innecesaria la resolución». Como no se comunicó al Consejo, no se pudieron aplicar.
En otro momento de la comunicación, el socio de Uría y Menéndez vuelve a referirse a las cuentas del Popular como «nuestras cuentas» y reconoce que ya se están realizando los preparativos para la resolución, hecho para el que le pide a Joaquín Hervada que colabore con el BCE y las autoridades con la declaración de inviabilidad.
Todo lo que ocurrió a partir del lunes 5 de junio ya lo conocen ustedes pero Saracho, Hervada y Escrig ya disponían de las instrucciones para declarar al Popular «likely to fail», instrucciones recibidas del despacho de referencia del Santander.
