Todos, tanto el Gobierno, como los inversores y las autoridades europeas, o incluso la propia Bankia esperan que la venta de la participación del banco en manos del FROB se produzca antes de que finalice 2017. Es lo que contempla la ley vigente. Sin embargo, ésta puede ser reformada, ya que no forma parte del Memorandum of Understanding firmado con Bruselas.
31 de diciembre de 2017 es la fecha que, aunque de forma no oficial, tanto la entidad, como el Gobierno, las autoridades europeas y analistas ponen como límite para vender definitivamente la participación que aún mantiene el FROB en Bankia (es del 63% a día de hoy). Aunque tanto la Comisión Europea como el FMI han metido prisa al Ejecutivo de Mariano Rajoy para que no posponga la decisión hasta el final, lo cierto es que incluso el Banco de España ha reconocido que «no hay plazos» prefijados para vender Bankia.
Eso no es del todo cierto, o es cierto a medias. Si bien es cierto que tanto el Memorandum of Understanding (MOU) como el Term Sheet firmados con las autoridades europeas fijan un amplio abanico de condiciones, no especifican una fecha límite para que el FROB se deshaga de su paquete accionarial en la entidad nacionalizada. Bien al contrario, es la propia legislación española la que de una forma indirecta fija un plazo.
En concreto, es el decreto-ley 24/2012 de 31 de agosto, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, el que fija un calendario más o menos preciso. Tal y como especificaba este decreto, en su artículo 31 (apartado 4) y en referencia a todos los procesos en los que el Estado inyecte dinero en forma de capital en una entidad, «la desinversión por el FROB (…) se realizará mediante su enajenación a través de procedimientos que aseguren la competencia y dentro de un plazo no superior a los cinco años a contar desde la fecha de su suscripción o adquisición». Es decir, la venta del 63% de Bankia se tendría que producir, según la propia legislación española de 2012, antes de cinco años. Es decir, antes de que finalice 2017.
El decreto 24/2012 fue derogado este año, después de que se aprobase definitivamente la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión. En su nueva formulación, esta ley no alude a plazos cerrados para acometer la privatización. Pero en principio, el calendario vigente es el propiciado con la normativa de 2012, según fuentes del sector financiero.
¿Cuándo inyectó el FROB el dinero en Bankia?
El 3 de septiembre de 2012 el FROB adelantó 4.500 millones de euros de capital público, y otros 13.459 millones de euros fueron inyectados mediante una ampliación de capital el 26 de diciembre de ese año. Si tomamos esta fecha como referencia, y siendo estrictos, entonces la desinversión debería estar consumada antes del 26 de diciembre de 2017. Pero hay herramientas legales para que no sea así…
Tal y como explicó recientemente el propio José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia, el 31 de diciembre es la fecha tope, si bien ésta «se puede cambiar», toda vez que se se trata de legislación española no sujeta a los acuerdos europeos. Una mayoría parlamentaria simple podría variar el calendario. El Gobierno de Mariano Rajoy fue el que fijó las fechas con las que reguladores, entidades y mercados cuentan, si bien el gobierno surgido tras las Elecciones Generales de este final de año podría tener en su mano modificar este calendario, según reconocen desde la propia Bankia.
La baza que queda para recuperar el dinero público
¿Por qué aplazar? Aunque aún es pronto para sacaar conclusiones, lo cierto es que son cada vez más los analistas que reconocen que Bankia está penalizada en el mercado, lo que le supone sufrir una sustancial infravaloración, tal y como ha contado SABEMOS. Asuntos sin resolver como la investigación de Bruselas a los DTA, o la causa judicial de la salida a Bolsa y las preferentes, suponen lastres para los actuales gestores a la hora de alcanzar una valoración realista en las acciones de Bankia. Y eso choca, al menos en teoría, con el interés del contribuyente, que tiene más de 22.400 millones de euros comprometidos en BFA-Bankia (más de 17.000 solicitados por Goirigolzarri y su equipo) y debería recuperar el máximo posible.
Tanto la entidad como el Gobierno se muestran optimistas en cuando a recuperar la inversión pública empleada en Bankia. O, al menos, una parte sustancial que minimice el impacto para las arcas del Estado. El FROB lo fía todo a Bankia para que la reestructuración del sistema financiero español no sea un quebranto sin precedentes. Pero con las valoraciones como está a día de hoy se perderían aún muchos miles de millones. El valor tiene recorrido hacia arriba, según cada vez más inversores, y eso el mercado lo ha de reconocer en algún momento.
Es en este contexto que cobra sentido la opción de posponer la venta de Bankia. Y eso sin contar otraas motivaciones políticas que formaciones como Podemos, PSOE o Izquierda Unida podrían albergar respecto al banco nacionalizado y el concepto de banca pública.
En Bankia ni quieren oir hablar ni cuentan con ningún aplazamiento, y toda la estrategia empresarial va encaminada a cumplir los hitos de reestructuración y reducción de tamaño de acuerdo con el 31 de diciembre como fecha límite. Las autoridades europeas tampoco recibirían con buenos ojos esta medida, toda vez que los planes de reestructuración contemplan 2017 como año límite, y cualquier prolongación del estatus de Bankia como entidad pública podría suponer una alteración del libre mercado. Sea como fuere, lo cierto es que será el gobierno surgido a partir de las próximas elecciones el que decida el futuro de la entidad rescatada.
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