Los técnicos del organismo piden a la dirección que identifique al autor de un comunicado oficial para poder presentar una demanda. Pero la cúpula guarda silencio sobre quién es el responsable del texto. La nota se lanzó en nombre del CSN, pero el pleno del centro no lo aprobó y se hizo a sus espaldas. Un posible caso de usurpación de funciones que puede derivar en responsabilidades políticas o incluso penales, y llevarse por delante a parte de la cúpula del Consejo.
En el Consejo de Seguridad Nuclear ha estallado una guerra interna. Una guerra que podría pasar apenas por una más de las que se viven en otros organismos públicos por razones políticas o laborales. Pero que en este caso –aparte de no ser (sólo) ésas las causas- resulta más delicado, más preocupante, por tratarse del supervisor encargado de velar por la seguridad nuclear en todo el país. Palabras mayores.
Los técnicos del CSN denuncian la politización del centro, su falta de independencia y su querencia por favorecer a las eléctricas, que son a las que el organismo debería controlar. La dirección del CSN –con el presidente Fernando Marti Scharfhausen al frente- ha emprendido una investigación interna para determinar el origen de las graves críticas y también ha cesado a un jefe de área que se opuso a rebajar los criterios para calibrar la gravedad de fallos en las centrales.
Denuncias graves de politización y de falta de independencia, una caza de brujas interna… y es una pequeña historia, en comparación apenas un detalle, la que puede llevarse por delante a parte de la cúpula del CSN
El pleno del CSN –el órgano colegiado de cinco miembros que adopta todas las decisiones- se quiebra desde hace meses casi en cada reunión, con cruce de acusaciones y de votos particulares entre los consejeros. Y el Gobierno del PP ha aprovechado la salida de uno de los miembros del pleno para, por primera vez en más de dos décadas, imponer unilateralmente la mayoría absoluta de consejeros de un solo partido. Y lo ha hecho a dos meses de las elecciones: pase lo que pase en el 20-D, el PP blinda durante años su poder en el organismo que es la puerta de todas las grandes decisiones sobre las nucleares en España.
Lo dicho, guerra abierta. Todo lo contrario que se espera de un organismo regulador responsable de una materia tan sumamente delicada como la de garantizar la seguridad nuclear en el país. Todo lo contrario que se desea para la institución que tiene ahora en su mano temas tan polémicos y tan de calado como la autorización del cementerio nuclear de Villar de Cañas o la reapertura de la central de Garoña, y sobre los que parece haber demasiadas prisas para quemar etapas antes de que concluya la legislatura. Y todo lo contrario que se espera de un supervisor que debe cuidar su imagen de independencia, neutralidad y rigor para ganarse la confianza plena en él. Justo lo contrario. Pero así están las cosas.
Entre todo lo importante, un detalle
Sin embargo, entre acusaciones tan gruesas sobre injerencias políticas, entre denuncias acerca de presiones al personal del centro cuando sus informes son contrarios a las compañías eléctricas, en medio de una caza de brujas y de destituciones de voces discrepantes del cuerpo técnico, es paradójicamente una pequeña historia, en comparación apenas un detalle, la que puede acabar llevándose por delante a parte de la cúpula del Consejo de Seguridad Nuclear.
El presidente del CSN, Fernando Marti. Foto: Flickr | Casa de América.
Y es que es el envío de un comunicado oficial del centro, remitido a principios de septiembre a los medios de comunicación, lo que puede derivar en responsabilidades penales de miembros de la dirección y descabezar la institución. Un comunicado cuya autoría no está clara, porque no fue aprobado por el pleno del CSN –como es preceptivo para hablar en nombre del organismo-, y que por ello podría derivar en un delito de usurpación de funciones públicas.
“Nota informativa del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)”. Es el encabezado del comunicado que el gabinete de prensa del organismo remitió en la noche el pasado 3 de septiembre a la prensa (el texto aún está colgado en la web del centro) a los medios de comunicación. En él, el CSN –el propio centro como institución- trata de justificar el cese del que había sido durante más de una década jefe del Área Experiencia Operativa y Normativa, Rodolfo Isasia, que se había producido en julio.
La destitución de Isasia –un técnico con 25 años de experiencia y que había estado al frente de esa área durante 16 años- se produjo después de que éste se opusiera a la decisión de la dirección del CSN de modificar el procedimiento para determinar la gravedad de los fallos que se producen en las centrales nucleares (que se calibra en función de la denominada escala INES). Y más de un mes después del cese, aprobado el 27 de julio, el CSN emitió la nota informativa para explicar que la destitución se había producido por “pérdida de confianza” en Isasia por parte de sus superiores.
Un texto en busca de autor
La nota de prensa, de poco más de 700 palabras (744, en concreto), fue enviada a modo de comunicado oficial del Consejo de Seguridad Nuclear. Era el propio organismo el que realizaba esas aclaraciones. Pero ese texto, esas aclaraciones, se hicieron públicas sin recibir previamente la aprobación del pleno del organismo. Y legalmente ningún directivo del CSN puede hablar en nombre de la institución sin contar el preceptivo visto bueno del pleno.
El CSN envió un comunicado oficial para justiricar el cese de un jefe de área discrepante con la dirección. Pero esas aclaraciones no pasaron antes por el pleno, y ningún directivo puede hablar en nombre el CSN sin su visto bueno
El comunicado se envió a la prensa el 3 de septiembre por la tarde, y el pleno no se reunió hasta el 4 de septiembre por la mañana (y en las reuniones anteriores del órgano rector no se había abordado este tema). De hecho, al menos dos consejeros admitieron esos días no saber que el CSN fuera a emitir ese comunicado y desconocer su contenido, según confirman a SABEMOS dos fuentes conocedoras del caso. Esto es, la inesperada justificación pública de la destitución de un funcionario se hizo a espaldas del pleno, se hizo sin contar con el aval del órgano colegiado de dirección.
¿Quién decidió emitir ese comunicado? El sindicato Fedeca (Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado) ha solicitado formalmente en dos ocasiones a la Secretaría General del CSN que identifique al autor del texto, como paso previo a la eventual presentación de una querella por un presunto delito contra el derecho al honor y por atentar contra el derecho a la intimidad y la protección de datos al haberse identificado en el comunicado con nombre y apellidos al funcionario cesado.
Pero desde la dirección del CSN se ha evitado aclarar quién es el autor de la nota y quién ordenó su envío. Las únicas explicaciones oficiales al respecto de la Secretaría General del centro –realizadas vía carta oficial remitida a Fedeca- han consistido en reiterar las razones de la destitución y escudarse en que el nombre del jefe de área destituido ya había aparecido en las semanas anteriores en la prensa. Pero de explicar quién tomó la decisión de emitir el comunicado, nada de nada.
¿Usurpación de funciones?
“Alguien desde lo más alto de la dirección del Consejo decidió de manera apresurada y sin contar con el pleno del organismo lanzar ese comunicado”, explica a SABEMOS una fuente interna (no oficial) del CSN, que pide mantenerse en el anonimato. “Hubo prisas. Alguien de la muy alta dirección quiso contrarrestar informaciones relacionadas con el cese que iban a aparecer en los medios”, sostiene. De hecho, El País publicó en su edición web ese misma noche del 3 de septiembre una información sobre el plan de recortar los criterios para clasificar los incidentes en las nucleares, el que motivó la destitución del jefe de área.
El sindicato Fedeca ha pedido formalmente al CSN que identifique al autor del texto. Pero la dirección no aclara quién ordenó enviarlo
“Y esas prisas pueden acabar en responsabilidades políticas o incluso en responsabilidades penales. Si la Secretaría General del CSN no desvela quien fue el autor de la nota, lo acabará investigando un juez”, sentencia. Del hecho de que un miembro de la cúpula haya hablado en nombre del Consejo sin contar con la aprobación del pleno podría derivarse un presunto delito de usurpación de funciones públicas, regulado por el Código Penal en su artículo 402.
“El que ilegítimamente ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario público atribuyéndose carácter oficial, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años”, reza el Código Penal sobre la usurpación de funciones públicas. Y en ese caso, según varias fuentes jurídicas consultadas, la “autoridad” sería el propio pleno del CSN, que es el que ejerce la dirección colegiada del centro, como se establece en el Estatuto de la institución.
Fuentes oficiales del CSN han preferido no explicar quién ordenó al gabinete de prensa el envío del comunicado ni si hubo algo fuera de lo habitual en la gestión de ese documento por parte de la dirección. “Sin comentarios. Se trata de procedimientos internos”, es lo más parecido a una respuesta que SABEMOS ha obtenido de un portavoz oficial del organismo.
En paralelo, la propia destitución de Isasia ya ha llegado a los tribunales. El sindicato Fedeca presentó en octubre un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional al considerar que la dirección del CSN ha incurrido en un caso de ‘desviación de poder’ con el cese, una figura legal que contempla actuaciones de la Administración que se alejan de cualquier interés público. Un frente legal que puede ser sólo el primero sobre este asunto.
