La administración concursal de la aerolínea reclama a las agencias en los tribunales la devolución de los importes de vuelos que no llegaron a operarse, y que ya fueron reembolsados a los clientes. La patronal CEAV y la agencia online Destinia lideran el plante contra la compañía y reclaman al Gobierno una nueva normativa para evitar otro “disparate” de este calibre cuando quiebre otra aerolínea.
En la tarde del 27 de enero de 2012 Spanair anunciaba el cese de operaciones. Tras varias inyecciones de dinero público de las administraciones catalanas para mantenerla a flote -y la postrera negativa a seguir insuflando fondos públicos-, los problemas económicos acababan con una de las enseñas emblemáticas de la aviación española.
La suspensión de todos los vuelos dejó en tierra a casi 23.000 pasajeros. Los clientes que compraron sus billetes directamente a la aerolínea aún siguen sin recibir el dinero a pesar de que los vuelos que no se operaron. Y a efectos prácticos muchos de esos viajeros que no lo fueron figuran hoy en la lista de acreedores de la quebrada compañía. Spanair presentó su solicitud de concurso tres días después de cesar las operaciones.
Por su parte, los viajeros que habían comprado sus vuelos a través de una agencia de viajes sí les habrían sido reembolsados los importes, pero no por Spanair, sino por la propia agencia. Según la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), una de las patronales del sector, todos los clientes de Spanair que habían utilizado una agencia recibieron su dinero en los días posteriores al parón de la compañía aérea.
Sin embargo, los administradores concursales de Spanair llevan meses reclamando a las agencias de viajes que devuelvan a la aerolínea el precio de esos billetes correspondientes a vuelos que nunca llegaron a despegar, ya que las agencias habrían ejercido como mero recaudador y depositante de un dinero que le correspondería a la propia Spanair. El montante reclamado por la aerolínea a los intermediarios minoristas rondaría los 2 millones de euros y serían cientos las agencias de viajes afectadas.
Según el presidente de la patronal CEAV, Rafael Gallego, algunas de las grandes redes de agencias –que no identifica- han atendido la solicitud de los administradores de Spanair y han devuelto el dinero, asumiendo el doble coste de abonárselo a la aerolínea tras ya haberlo devuelto el importe a los clientes.
Sin embargo, otras agencias se han negado a transferir el dinero a la compañía y ahora se encuentran con que la administración concursal –que busca recaudar el máximo posible para poder pagar a los acreedores les demanda- les demanda y les lleva a los tribunales para conseguir el precio de los billetes.
La agencia online Destinia, una de las afectadas, ha salido a la palestra para denunciar públicamente el “disparate” y la “injusticia” que supone que se les exija devolver el precio de unos billetes que no se operaron y cuyo importe la agencia devolvió a los viajeros en los días posteriores al cese de operaciones de Spanair. Destinia y otras 25 agencias han sido demandados por la aerolínea para reclamarles en conjunto la devolución de unos 800.000 euros, y en el escrito de demanda se les insta a exigirles a los clientes que les devuelvan a su vez el dinero que se les reembolsó.
En una rueda de prensa conjunta, Destinia y la propia patronal CEAV denunciaron la “incongruencia legal” que supone que la ley de viajes combinados exija a las agencias devolver a los clientes el precio de viajes no disfrutados, a riesgo de ser sancionados en caso contrario, y la que ley concursal habilite a los administradores a reclamarles el importe de vuelos que nunca tuvieron lugar. Una situación que ya se produjo con las quiebras de Air Madrid y de Air Comet y que, según temen, se puede repetir en el futuro.
Las agencias de viajes reclaman al Ministerio de Fomento que, a través de la Dirección General de Aviación Civil, intervenga en el caso y evite este tipo de “situaciones injustas”. “A las agencias de viajes se les obliga a presentar fianzas a la Administración de hasta 180.000 euros, pólizas de responsabilidad civil de 450.000 euros y avales a la asociación aérea IATA. Pero a las aerolíneas no se les exige nada para garantizar los derechos de los consumidores en caso de quiebra o de cualquier otro problema”, denuncia Rafael Gallego. “Fomento y Aviación Civil deben intervenir ya. Pero ni están ni se les espera. Y no porque el Gobierno esté en funciones”.
En este sentido, CEAV mantiene su reclamación –que se ha propuesto al Ejecutivo durante años- de crear un fondo en el que aerolíneas y agencias de viajes aporten una cantidad mínima por cada billete aéreo emitido, a razón de unos 0,50 euros por cada uno de ellos. Y con ese fondo se podría cubrir los costes derivados de la eventual quiebra de una compañía aérea y evitar así el “desbarajuste” legal actual.
IMAGEN: Flickr | Sergio Morchón.
