El mundo está evolucionando hacia un modelo de desigualdad sistémica por el que las élites se protegen entre ellas y se alejan del resto del mundo, eso sí, llevándose consigo todos los privilegios sociales, económicos y políticos. Esa protección elitista fue una de las causas por las que el Banco Popular fue llevado a una situación límite para que fuera intervenido por las élites políticas y, de este modo, proteger a uno de sus miembros de las élites económicas de una situación difícil.
Una vez que se llevó a cabo toda la operación, la protección continúa. En primer lugar, con el blindaje de cualquier tipo de información que dé pistas de por qué se tomó la decisión de intervenir al Banco Popular y arruinar a más de 305.000 familias. En segundo lugar, con la búsqueda de soluciones paralelas y opacas para los miembros de esas élites que también fueron afectados por la intervención.
La familia chilena Luksic es una de las mayores fortunas del país andino y el Grupo Luksic tiene un valor de 13.700 millones de dólares. Invirtieron 113 millones de euros en el Popular días antes de la intervención a instancias del mexicano Antonio del Valle. En el mes de julio los chilenos contrataron al bufete de Miquel Roca que, junto a la incuestionable colaboración de la Fiscalía, lograron la absolución de Cristina de Borbón en el caso Noós.
Que Luksic y otros grandes accionistas tengan el privilegio de acceder a la documentación de Deloitte, un informe provisional puesto que del definitivo ninguna empresa se quiere hacer cargo de realizarlo (por algo será) y que fue calificado por los inspectores del Banco de España como una «grosería técnica», es un agravio comparativo con todas las plataformas de afectados que, a causa de la ruina sobrevenida por la resolución del Popular, han tenido que unirse para que los costes de sus reclamaciones no les afecten, además de no tener la posibilidad de contratar los servicios de despachos de abogados especializados y bien relacionados con las élites. Por otro lado, el dinero invertido
Por otro lado, el hecho de que se cite a Luksic para que sus abogados puedan ver el «ultrasecreto» informe provisional de Deloitte, es un agravio comparativo incluso contra los representantes del pueblo español tanto en el Europarlamento como en el Congreso de los Diputados. Parlamentarios españoles de ambas cámaras han solicitado a la JUR tener acceso a estos documentos, tal y como se recoge en la normativa europea de transparencia. Sin embargo, se les ha negado el acceso porque, según se afirmó desde la JUR, podría perjudicar al Santander (respuesta a los europarlamentarios) y al sistema financiero europeo (respuesta al Congreso de los Diputados). ¡Qué débil debe ser este sistema financiero si la consulta de unos documentos vitales para la defensa de los derechos de más de 305.000 familias que fueron pisoteados una noche del mes de junio puede tener consecuencias negativas!
La razón por la que el acceso a la documentación de Deloitte podría poner en peligro ese sistema financiero está en que, simplemente, revelaría la ponzoña que encierran los movimientos y las estrategias de cierta banca y de las instituciones que les sirven de paraguas atentando contra los ciudadanos a los que, teóricamente, representan. Recordemos nuevamente que el informe por el que se tomó la decisión de arruinar a más de 305.000 familias es provisional, no es el definitivo. De momento, las instituciones que aceptaron la versión de Saracho sobre la situación real del banco a través de una comunicación que las pruebas indican que pudo no haber sido firmada por él, no disponen de un informe definitivo porque ninguna de las principales empresas auditoras, las Big Four (Deloitte, PwC, KPMG, Ernst&Young) se ha querido hacer cargo de esa responsabilidad. ¡Ni siquiera Deloitte que fue quien hizo el informe provisional! ¿Qué habrá ahí para que tengan tanto miedo de hacerlo público? ¿Quién está presionando para parar que el informe de Deloitte salga a la luz y pueda ser consultado por todos y cada uno de los afectados? ¿Europa a través de la JUR y de la Comisión Europea? ¿España con Luis de Guindos a la cabeza? ¿El propio Santander?
Las élites siempre protegen a los miembros que componen a esas élites y para que esa protección sea efectiva siempre hay víctimas. En el caso del Banco Popular esas víctimas son más de 305.000 familias, pero el objetivo está cumplido y el Santander ha sido salvado y, para ello, es necesario ocultar todas las pruebas permitiendo el acceso exclusivo a estos documentos a otros miembros de las élites.
Una vez que se llevó a cabo toda la operación, la protección continúa. En primer lugar, con el blindaje de cualquier tipo de información que dé pistas de por qué se tomó la decisión de intervenir al Banco Popular y arruinar a más de 305.000 familias. En segundo lugar, con la búsqueda de soluciones paralelas y opacas para los miembros de esas élites que también fueron afectados por la intervención.
La familia chilena Luksic es una de las mayores fortunas del país andino y el Grupo Luksic tiene un valor de 13.700 millones de dólares. Invirtieron 113 millones de euros en el Popular días antes de la intervención a instancias del mexicano Antonio del Valle. En el mes de julio los chilenos contrataron al bufete de Miquel Roca que, junto a la incuestionable colaboración de la Fiscalía, lograron la absolución de Cristina de Borbón en el caso Noós.
Que Luksic y otros grandes accionistas tengan el privilegio de acceder a la documentación de Deloitte, un informe provisional puesto que del definitivo ninguna empresa se quiere hacer cargo de realizarlo (por algo será) y que fue calificado por los inspectores del Banco de España como una «grosería técnica», es un agravio comparativo con todas las plataformas de afectados que, a causa de la ruina sobrevenida por la resolución del Popular, han tenido que unirse para que los costes de sus reclamaciones no les afecten, además de no tener la posibilidad de contratar los servicios de despachos de abogados especializados y bien relacionados con las élites. Por otro lado, el dinero invertido
Por otro lado, el hecho de que se cite a Luksic para que sus abogados puedan ver el «ultrasecreto» informe provisional de Deloitte, es un agravio comparativo incluso contra los representantes del pueblo español tanto en el Europarlamento como en el Congreso de los Diputados. Parlamentarios españoles de ambas cámaras han solicitado a la JUR tener acceso a estos documentos, tal y como se recoge en la normativa europea de transparencia. Sin embargo, se les ha negado el acceso porque, según se afirmó desde la JUR, podría perjudicar al Santander (respuesta a los europarlamentarios) y al sistema financiero europeo (respuesta al Congreso de los Diputados). ¡Qué débil debe ser este sistema financiero si la consulta de unos documentos vitales para la defensa de los derechos de más de 305.000 familias que fueron pisoteados una noche del mes de junio puede tener consecuencias negativas!
La razón por la que el acceso a la documentación de Deloitte podría poner en peligro ese sistema financiero está en que, simplemente, revelaría la ponzoña que encierran los movimientos y las estrategias de cierta banca y de las instituciones que les sirven de paraguas atentando contra los ciudadanos a los que, teóricamente, representan. Recordemos nuevamente que el informe por el que se tomó la decisión de arruinar a más de 305.000 familias es provisional, no es el definitivo. De momento, las instituciones que aceptaron la versión de Saracho sobre la situación real del banco a través de una comunicación que las pruebas indican que pudo no haber sido firmada por él, no disponen de un informe definitivo porque ninguna de las principales empresas auditoras, las Big Four (Deloitte, PwC, KPMG, Ernst&Young) se ha querido hacer cargo de esa responsabilidad. ¡Ni siquiera Deloitte que fue quien hizo el informe provisional! ¿Qué habrá ahí para que tengan tanto miedo de hacerlo público? ¿Quién está presionando para parar que el informe de Deloitte salga a la luz y pueda ser consultado por todos y cada uno de los afectados? ¿Europa a través de la JUR y de la Comisión Europea? ¿España con Luis de Guindos a la cabeza? ¿El propio Santander?
Las élites siempre protegen a los miembros que componen a esas élites y para que esa protección sea efectiva siempre hay víctimas. En el caso del Banco Popular esas víctimas son más de 305.000 familias, pero el objetivo está cumplido y el Santander ha sido salvado y, para ello, es necesario ocultar todas las pruebas permitiendo el acceso exclusivo a estos documentos a otros miembros de las élites.
