El 80 por ciento de las empresas de Estados Unidos incumplen la obligación legal de impedir, a través de los llamados “minerales de la sangre”, la financiación de los conflictos y de los abusos contra los derechos humanos en la República Democrática del Congo (RDC) .
En 2014 entró en vigor la llamada Ley Dodd Frank de 2010, también conocida como la “ley sobre minerales en conflicto”, cuya sección 1502 exige a todas las empresas que cotizan en bolsa en Estados Unidos que comprueben si los productos que contienen ciertos minerales (como estaño, tungsteno, tantalio y oro) contribuyen a alimentar el conflicto y las violaciones de derechos humanos en la RDC y en sus países vecinos.
Asimismo, la norma obliga a las compañías a informar sobre sus conclusiones a la Comisión de Valores y Bolsa estadounidense (SEC). En 2014, primer año de cumplimiento obligatorio de la ley, 1.321 empresas presentaron sus informes, en los cuales las compañías tenían también que explicar cuáles eran sus medidas de control para garantizar, en un plazo de entre dos a cuatro años, que los minerales empleados no sirven para alimentar el conflicto armado en la RDC.
El documento Digging for Transparency, hecho público conjuntamente por Amnistía Internacional y Global Witness, analiza los informes de cien de entre las más de mil empresas que presumiblemente se nutren de estos productos en África Central. Entre las sociedades observadas por las dos organizaciones figuran firmas tan importantes como Apple, Boeing o Tiffany & Co.
Pues bien, el estudio revela que 79 de las cien compañías analizadas no sólo no cumplieron los requerimientos mínimos establecidos por la citada ley sobre el rastreo del origen de los minerales, sino que sólo el 16 por ciento de ellas intentaron investigar “más allá de sus proveedores directos” y contactaron, o al menos intentaron contactar, con las fundiciones o las refinerías en las que se habían procesado estos productos. Asimismo, más de la mitad de los responsables de las empresas ni siquiera pusieron sobre aviso a sus máximos dirigentes cada vez que había alguna sospecha en la cadena de suministro.
Los grupos armados de la RDC se alimentan de la venta de materias primas estratégicas para la industria electrónica
A juicio de las dos organizaciones, el hecho de que una quinta parte de las empresa sí haya cumplido con lo que establece la ley Dodd-Frank “desmantela el argumento de que aplicar estas normas es demasiado difícil o demasiado caro”. “No hay excusa para que las compañías no investiguen adecuadamente sus cadenas de suministro”, han advertido.
Desde hace una veintena de años, el este de la RDC (en especial las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur, fronterizas con Ruanda) vive asolado por conflictos étnicos, territoriales o identitarios que, adecuadamente mezclados con discursos o supuestos intereses políticos de interés nacional, han causado gravísimos daños a la población e importantísimas violaciones de derechos humanos. Los numerosos grupos armados que operan en la zona se han financiado a través de la venta de minerales estratégicos para la industria mundial, como el oro, el coltán, el estaño o el tungsteno, componentes esenciales para numerosos productos electrónicos, como los teléfonos móviles.
Por ello, las citadas disposiciones de la Ley Dodd-Frank fueron combatidas enérgicamente por las grandes empresas de Estados Unidos, que calificaron estas obligaciones de “demasiado caras y demasiado difíciles de aplicar”. El Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia está revisando en la actualidad una resolución de abril de 2014 en la que este mismo tribunal declaraba inconstitucional la obligación de las empresas de informar sobre la mayor o menor “limpieza” de estos “minerales de la sangre”.
PARLAMENTO EUROPEO Y OCDE
El pasado 14 de abril, la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo aprobó un proyecto de ley, que aún deberá ser votado por el pleno el próximo mes de mayo, cuyo objetivo es establecer un “sistema europeo de autocertificación en la cadena de suministro de estaño, tantalio, wolframio y oro originarios de zonas de conflicto y de alto riesgo”, con el objetivo de poner fin a la financiación ilícita de ejércitos y otros grupos armados en países como la RDC.
De salir finalmente adelante, todas las fundiciones y refinerías de la UE (que constituyen el cinco por ciento del mercado mundial) deberán tener un sello de certificación obligatorio. Los operadores secundarios y terciarios (las empresas que adquieren, procesan y utilizan estos minerales para producir móviles o electrodomésticos) podrán llevar este sello de forma voluntaria.
Los grupos de la izquierda eran partidarios de extender la obligatoriedad a todas las sociedades y a otros minerales, pero finalmente se impuso el criterio del Partido Popular Europeo (PPE), de Liberales y Demócratas (ALDE) y de Europa de los Conservadores y Reformistas (ECR) para que las certificaciones sólo sean obligatorias para las refinerías y las fundiciones. Esta iniciativa europea y la Ley Dodd-Frank se unen a las Directrices de Debida Diligencia aprobadas en 2010 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para limitar la importación de los “minerales de sangre”.
