Algunos las consideran un producto interesante para grandes inversores; otros la mayor estafa financiera de la historia de España. Cada vez hay menos participaciones preferentes en el mercado, y las pocas que quedan van siendo recompradas por las propias firmas emisoras.
Cientos de miles de personas con sus ahorros atrapados, unos 4.700 millones de euros en pérdidas forzadas a los pequeños inversores… los últimos años las participaciones preferentes de cajas y bancos han protagonizado algunos de los casos más escandalosos de la reciente historia financiera española. Tanto ruido que este instrumento ha acabado por resultar desechable para las empresas españolas, que ya en 2013 iniciaron una operación masiva de amortizaciones y recompras para hacer desaparecer buena parte de las mismas del mercado.
Pero a día de hoy aún quedan 17 emisiones vivas de participaciones preferentes contabilizadas por Bolsas y Mercados. Esta cantidad no ha dejado de disminuir en los últimos meses, a la vista de las operaciones de recompra anunciadas por las propias empresas españolas. En enero, el Banco Sabadell adelantó su intención de amortizar diez emisiones que aún permanecían en cartera por un importe total de 85,29 millones de euros. Pagará a sus titulares el 100% del valor nominal más la parte pendiente de los intereses. Son aquellos títulos en poder de clientes que no habían querido aceptar canjes anteriores. Algo parecido anunció Cajasur respecto de sus emisiones pendientes.
El pasado 4 de mayo, Gas Natural Fenosa anunció su intención de abrir un proceso de recompra de una emisión de 750 millones de euros en preferentes (de los que apenas quedan vivos unos 69 millones) por el 85% de su valor nominal. Según la compañía energética, una firma independiente les hizo los cálculos según los cuales «el valor razonable de la emisión» tiene actualmente un precio del 79,48%. Es decir, que la oferta supone una mejora del precio «objetivo» de entre un 5,52% y el 3,5%. También ha optado por comprar otra emisión de preferentes del año 2003. «Pasados 10 años de la misma, la compañía tiene la posibilidad de ejercitar la amortización ancitipada de los títulos», explican desde Gas Natural Fenosa.
Unos días antes, la multinacional hotelera Meliá anunció la amortización anticipada (prevista para el 4 de junio) de sus participaciones preferentes que aún quedan vivas. «En 2012 la compañía anunció una emisión de Bonos simples y simultanea oferta de canje de preferentes que habían sido emitidas en abril de 2002», explican fuentes de la empresa. En su momento, aceptaron el 76,4% de los preferentistas, y la operación de recompra actual va dirigida a ese 23,6% restante. «Todo ello se enmarca en el compromiso de Meliá Hotels International de profundizar en el proceso de desapalancamiento financiero gracias, entre otros, a la reducción de los gastos financieros y la minoración de la deuda», añaden.
Finiquitar el tema de las preferentes
Fuentes financieras consultadas por SABEMOS explican que estas empresas han abierto estos procesos de amortización para «finiquitar y liquidar de una vez» el tema de las preferentes, un producto que además de tener actualmente una pésima imagen pública (a pesar de que lo que queda está en poder prácticamente todo de inversores institucionales) se ha quedado desfasado en sus tipos de interés, toda vez que actualmente los precios del dinero están históricamente bajos.
«Lo que se busca es dotar de más liquidez a estos instrumentos mediante la opción de ser recomprados por el emisor ya que están siendo títulos de escasa contratación», explica Christian Torres, socio director de la firma de inversión Solventis. ¿Por qué hay una escasa contratación de estos productos? En su opinión, además de los tipos nominales muy bajos, «existe una menor actividad por parte de los bancos privados al tener que clasificarlos como instrumentos complejos, lo que requiere de un mayor nivel de exigencia para su aceptación (firma de consentimiento del riesgo, clasificación del cliente, etc) por parte de sus clientes», señala. Es decir, que como el inversor minorista ya no es una opción, la negociación real de este tipo de productos ha caído en picado.
Un producto con un pasado reciente turbio
Las preferentes, para el que no lo sepa aún, son un producto financiero de los conocidos como «híbridos», al igual que la deuda subordinada. Están a medio camino entre los depósitos, la deuda corporativa y las acciones, y empezaron a generalizarse en España a mediados de los años 90. Éstas son sus principales características:
- Son perpetuas. Al contrario que los bonos o los plazos fijos, las preferentes habitualmente no tienen una fecha de vencimiento. Es decir, que una vez que se adquieren, se cobran los intereses, pero la entidad no está obligada a devolver el principal. Para obtener la inversión inicial hay que encontrar a un comprador dispuesto a pagar ese dinero en un mercado secundario.
- Sin derechos políticos. Las preferentes no suponen ningún derecho para sus tenedores respecto al Gobierno de la entidad emisora, al contrario que las acciones.
- No están garantizados por el Estado. Las preferentes, pese a su nombre, no tienen ningún tipo de protección especial por parte ni de las propias entidades emisoras ni del Fondo de Garantía de Depósitos. En caso de que una entidad quiebre y tenga que liquidarse, los preferentistas están en los últimos lugares del llamado orden de prelación (el orden de los que van cobrando de la entidad quebrada).
La existencia de las preferentes, de por sí, no es un problema. Son un producto financiero complejo, pero que puede resultar interesante para cierto tipo de inversores institucionales que se aseguran el cobro de unos intereses fijos en caso de que la entidad emisora tenga beneficios. El problema es que en España las entidades financieras (sobre todo cajas, pero también bancos) comercializaron las preferentes entre clientes minoristas (en muchos casos sin conocimientos financieros) como si se tratasen de depósitos a plazo fijo, y con el gancho del nombre y de su mayor rentabilidad anual. ¿Por qué? Era una forma de aumentar su solvencia sin perder derechos políticos (es decir, eran capital, pero sin otorgar derechos de accionista).
Una bomba que estalla en 2011
Durante años, esta comercialización fraudulenta en miles de casos permaneció oculta para clientes y opinión pública. ¿Por qué? Porque por lo menos hasta 2011 el mercado interno organizado por las propias entidades suponía en la práctica un case de operaciones que dejaba a todos, al menos en apariencia, contentos. Es decir, que cada ahorrador que quería obtener su inversión inicial la conseguía, ya que el banco o caja encontraba inmediatamente a un inversor al que le colocaban ese mismo producto.
Hasta que en octubre de 2011 la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) prohibió los cases de operaciones. Si un inversor quería liquidez para sus preferentes, tendría que ser a precios de mercado. Y ante los serios problemas que atravesaban las entidades financieras en esa época, y a la vista de que las preferentes ya no computarían como capital regulatorio con las nuevas reglas de solvencia de Basilea III, el mercado de preferentes y por lo tanto su precio se desplomó, suponiendo un corralito en la práctica para miles de inversores minoristas que, en muchos casos, tenían todos sus ahorros metidos en este producto.
Las entidades bancarias que no fueron intervenidas fueron solucionando el marrón de las preferentes mediante recompras (con o sin descuentos) a cambio de acciones o efectivo, en función de la salud de cada una. En el caso de las entidades nacionalizadas, la solución fue más dolorosa e injusta: Bruselas obligó a llevar a cabo el llamado «reparto de la carga» mediante el cual se aplicaron canjes forzosos a todos los preferentistas, con el argumento de reducir el coste para los contribuyentes. Este reparto de la carga (o burden sharing en inglés) supuso una pérdida de 4.700 millones para casi 300.000 inversores, según cálculos de la asociación de consumidores Adicae, lo que conllevó una oleada de macrodemandas y manifestaciones contra las autoridades. Ante la evidencia de malas comercializaciones, se abrieron procesos de arbitraje, que dieron la posibilidad de, caso a caso, devolver la inversión inicial a los afectados que tenían preferentes pero no habían sido informados de los peligros.
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