El proyecto BEPS de la OCDE, que España va a ser la primera en incluir en su legislación, obliga a dar información de cada país en el que se tenga presencia para probar que se pagan impuestos donde se genera el beneficio. Las administraciones tributarias tendrán la información pero estarán obligadas a velar por su confidencialidad. Una de las grandes preocupaciones de las empresas es a quién puede llegar esa información y el riesgo reputacional si llega al consumidor.
Es probable que una parte de ustedes, si pudiera, elegiría cobrar su sueldo en Dinamarca, pagar el IVA de lo que consume en Canadá y el IRPF que grava su renta en Bulgaria. Olvídense. No pueden. Las multinacionales llevan años diseminando sus negocios en base a lo que más les conviene de cada esquina del mundo pero ustedes no pueden. Ellas han elegido dónde fabrican, dónde venden y dónde pagan (o no) impuestos pero ustedes no pueden. ¿Les indigna? Pues sigan porque funciona.
Las cosas están cambiando y mucho. Tiene que ver con la crisis, con los rescates de los desmanes financieros con dinero público, con el reclamo constante al bolsillo del ciudadano cada vez a cambio de menos y mucho, muchísimo, con investigaciones periodísticas tamaño Pulitzer como el Luxleaks del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (Icij, por sus siglas en inglés) que mostró el nivel de connivencia entre los políticos (en este caso de Luxemburgo, incluido el presidente actual de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker) y el capital para evitarle a éste que arrime el hombro.
A resultas de la hartura social, la política fiscal internacional ha virado y el cerco en torno a las grandes multinacionales se estrecha. No son pocos ni menores los ejemplos y muchos de ellos, hay que reconocerlo, son consecuencia de la proactividad de la Administración Obama y el Reino Unido, centros neurálgicos del capital, que no han dudado en ponerse al frente de la manifestación y perseguir a quien busca subterfugios para no pagar los impuestos que debería. Sus sociedades no perdonarían hoy otra cosa. Pero también la Unión Europea, tanto con investigaciones como con su intención de exigir que los países miembros comuniquen al resto los acuerdos en materia fiscal que alcancen con multinacionales.
Apple podría tener que pagar el equivalente al 10% de la enorme caja que acumula (unos 19.000 millones de dólares, según cálculos de J.P.Morgan) si prospera la investigación de la Comisión Europea y se considera ilegal el acuerdo de la firma de Cupertino (de 1991, renovado en 2007) merced al cual prácticamente no pagó impuestos en ningún sitio por su beneficio de años fuera de EEUU. La investigación de Bruselas partió de la información solicitada desde EEUU para estudiar dónde estaba pagando impuestos Apple, si es que los pagaba.
Amazon empezaba en mayo de este año a contabilizar sus ingresos reales procedentes de Reino Unido, Alemania, Italia y España en lugar de declararlos mayoritariamente en el territorio de baja tributación de Luxemburgo. Tiene mucho que ver la presión ejercida desde Reino Unido y la entrada en vigor en abril de una norma británica que castiga con una tasa del 25% a las multinacionales que intentan esquivar el pago de impuestos derivando ingresos a otros países.
Starbucks, después de 17 años en Reino Unido, donde tiene 791 establecimientos, declaraba beneficios por primera vez en 2014. Ya podían beber café los británicos sin parar que siempre estaba en pérdidas. Una investigación periodística de Reuters desveló cómo lo que ingresaba Starbucks en Reino Unido acababa en forma de royalties por el uso de la marca fuera del país. Starbucks está siendo investigada por Europa por la estructura creada a través de Holanda para minimizar su factura fiscal pero si en algo notó de forma inmediata la repercusión de la información de la prensa fue en el boicot que sufrió por parte de los consumidores británicos.
BEPS y el poder del consumidor
Ante la necesidad de mirar todos los rincones del planeta en busca del lugar en el que las multinacionales pueden derivar su beneficio para no pagar impuestos o pagar menos, nacía en 2013, a instancias del G20, el proyecto BEPS de la OCDE que, entre otras cosas, pretende acabar con la ocultación de los verdaderos beneficios de las multinacionales y su traslado a lugares de baja o nula tributación. (BEPS es el acrónimo de Base erosion and profit shifting).
Se trata de 15 acciones diferentes y es en la número 13 en la que se insta a los Estados a regular las operaciones vinculadas entre empresas de un mismo grupo. Para ello, entre otras medidas, se incluye que las multinacionales que facturen más de 750 millones de euros al año tengan que dar información detallada de los ingresos, impuestos, plantilla e inversiones que tienen en cada punto del planeta en el que tengan presencia. Es la llamada información país por país o CbC (country by country).
Todo suena a motivo de preocupación para los líderes de las multinacionales que llevan décadas haciendo del mundo su tablero y, sin embargo, los asesores fiscales de esas grandes empresas y las fuentes fiscales consultadas si hacen hincapié en algo que les tiene preocupados de cara a los nuevos cambios normativos que se avecinan es en la confidencialidad. ¿Por qué?
«BEPS es sólo informativo», explica Francisco de la Torre, inspector de Hacienda y autor del libro ¿Hacienda somos todos? (Debate, 2014). «Se trata de que las multinacionales expliquen cuánto han ganado en cada país y cuánto han pagado. A partir de ahí hay igualmente que inspeccionar. Lo que te permite es detectar si hay desviaciones artificiales de beneficios por un lado y, por otro, si en determinados lugares el pago de impuestos es excesivamente bajo». No conlleva, por tanto, de partida un mayor pago de impuestos, aunque la consecuencia final pueda ser esa, sino más posibilidades de control.
Según Mario Ortega, socio del Departamento Fiscal y responsable de Precios de Transferencia de Garrigues, el movimiento regulatorio en fiscalidad internacional es tan profundo que hará «que la planificación fiscal agresiva, tal y como la hemos visto, tenga los días contados». Asumido esto y que el volumen de información que se va a tener que dar es mucho mayor, los grupos empresariales si se están comiendo la cabeza con algo es con la posibilidad de que la información que van a tener que suministrar pueda hacerse pública o circular por donde no quieren.
Inditex tardó un día en anunciar que cambiaba a España su filial de venta por Internet cuando El País desveló en 2011 que la había situado en Irlanda.
Lo que más preocupa a las multinacionales españolas, comenta Ortega, «es cómo se va a obtener esa información y qué uso se le va a dar por parte de las diferentes administraciones tributarias. No creo que vayamos a ver grandes cambios en la forma de tributar, aunque habrá que ver el uso desde el punto de vista técnico que se hace de la información, y sí otras consecuencias que va a traer BEPS como el riesgo reputacional», comenta.
No es solo algo que afecte a los ejemplos de empresas de EEUU citados. Cuando salió publicado en 2011 en El País que Inditex (dueña de Zara) había radicado en Irlanda (el país del Impuesto de Sociedades del 12,5%) su filial de venta por Internet, el grupo del hoy segundo hombre más rico del mundo tardó un día en anunciar que trasladaría la sede a España.
Resulta que el consumidor tiene un poder enorme en su bolsillo. Cambie lo que cambie la normativa, las multinacionales prefieren que esto siga siendo una pelea entre sus asesores y los inspectores fiscales, aunque ahora estos últimos tengan más armas para demostrar si se está cumpliendo con las obligaciones tributarias.
Mucha información pero confidencial
¿Cómo se ha intentado mitigar el temor de los grupos empresariales? En primer lugar se ha decidido que la información país por país será facilitada por la matriz de cada grupo empresarial a la administración tributaria del país donde tenga la sede. Es decir, España recogerá la información país por país de Telefónica e Iberdrola; Reino Unido hará lo propio con Vodafone y EEUU con Apple, Amazon o Google una vez todos ellos hayan trasladado la recomendación del proyecto BEPS a sus legislaciones nacionales. Por el principio de reciprocidad, las diferentes administraciones tributarias intercambiarán la información entre sí.
«Al darse información país por país a nivel mundial», comenta Ortega, «si una multinacional que opera en 120 países del mundo estuviera obligada a darle la información a todos los Fiscos de todas sus actividades se la estaría facilitando también a países en los que no se tiene constancia de dónde va a terminar la información. La OCDE tomó la decisión de que cada Administración Tributaria pidiera la información a las matrices de su país con la condición de la reciprocidad, es decir, que se intercambien la información recopilada entre las diferentes administraciones tributarias». Las multinacionales tendrán una pica puesta en cada rincón del mundo pero las matrices no están en tantos países diferentes y solo se les dará información a los que cumplan la reciprocidad.
Hay más. El propio documento de la OCDE sobre la Acción 13 de BEPS especifica que los países que se unan al proyecto deben obligatoriamente cumplir con una serie de condiciones. En primer lugar: la confidencialidad. Las administraciones tributarias serán responsables de custodiar la información en cada país.
Esa acción concreta ha sido «copiada literalmente por España a la hora de introducirla en el borrador del reglamento del Impuesto de Sociedades» que, una vez aprobado, convertirá a este país en el primero que introduce esta normativa, comenta Ortega.
En concreto, España prevé que la información país por país será exigible ya en 2017 respecto de los datos del próximo ejercicio. Por supuesto, será confidencial.
