Los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas cuyos gobiernos cambiaron de signo político en las pasadas elecciones autonómicas han aprovechado la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para plantear al Gobierno la necesidad de devolver la atención primaria a los inmigrantes y, por tanto, de derogar la última reforma sanitaria.
El tema de la universalización de la atención sanitaria no figura en el orden del día del Consejo, que se celebra este miércoles en la sede del Ministerio, ya que el objetivo principal del ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, es tratar sobre la inclusión de la vacuna de la varicela en el calendario común a fin de que se pueda inmunizar, sistemáticamente, a todos los niños de entre uno y tres años de edad.
No obstante, los gobiernos autonómicos han anunciado su intención de sacar el tema en el apartado de ruegos y preguntas algunas comunidades.
Es el caso de la Comunidad Valenciana, cuya consejera de Sanidad, Carmen Montón, ha anunciado su intención de pedir este miércoles la derogación del «decreto de la exclusión» que dejó sin tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares.
“No es de recibo esa discriminación, ese modelo de fractura social que el PP y Rajoy han planteado», ha advertido, en declaraciones a prensa, citada por la agencia Efe. Montón ha explicado que la Comunidad Valenciana ha instaurado una tarjeta sanitaria para los «sin papeles» similar a la que tienen el resto de ciudadanos, que incluye también la farmacia, «porque creemos que no tiene que haber ningún tipo de distinción».
Asimismo, ha lamentado que el ministro haya hecho muchos anuncios, como la devolución de la atención sanitaria a los inmigrantes irregulares, pero que no haya tomado «ninguna decisión» y ha criticado que este asunto no esté en el orden del día del Consejo.
Por su parte, el consejero de Sanidad de Aragón, Sebastián Celaya, ha anunciado su intención de plantear, pese a no figurar en el orden del día, los temas de la atención sanitaria a los inmigrantes irregulares y de la derogación de la reforma sanitaria.
“El Gobierno está dando marcha atrás a todas las medidas del real decreto porque se han dado cuenta de que es un recorte que no mejora en absoluto la asistencia sanitaria, y esperamos que lo tengan en consideración y lo deroguen», ha declarado a los periodistas.
Para Celaya, el real decreto «es el origen de todo», con lo que si se deroga «se soluciona el problema», pero si no se hace las comunidades socialistas, según ha dicho, adoptarán medidas concretas para que en sus territorios «se pueda atender a todos los ciudadanos que lo necesiten». Aparte de que «cuesta muchísimo más dinero un paciente sin tratar a tiempo», prosiguió, se trata sobre todo de «un problema de justicia social y de reconocer todos los derechos que tienen todos los ciudadanos».
Asimismo, el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández, ha pedido también al Gobierno que derogue el decreto de reforma sanitaria y que regule la devolución de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares. En declaraciones a los medios antes del comienzo de la reunión, el consejero castellano-manchego ha afirmado que el real decreto de reforma sanitaria «genera que las personas sólo puedan tener asistencia sanitaria si están dadas de alta en la seguridad social». Así, va a pedir que se debata este tema con el objetivo de que «la universalización de la sanidad sea una realidad» y que la salud sea «un derecho de todos los ciudadanos que vivan en este país». Fernández, según Efe, ha lamentado que en el orden del día tampoco figure otro asunto importante como el tratamiento de la hepatitis C.
El consejero de Sanidad de Navarra, Fernando Domínguez, de GeroaBai, también ha asegurado que defenderá en el Consejo Interterritorial de Salud «que la sanidad sea universal, sea cual sea la condición de la persona» y ha recordado que en el acuerdo programático de Sanidad de Navarra figura que «la sanidad sea universal, sea cual sea la condición de la persona», y por ello es lo que va a mantener en el encuentro de hoy.
Incluso el consejero de Sanidad de una comunidad que no ha cambiado de signo político, Jesús Sánchez Martos, de la Comunidad de Madrid, ha anunciado que su gobierno “defiende la universalidad de la sanidad, con lo que aquellas personas extranjeras residentes, pero que no tienen los papeles en regla, se les va a dar la atención sanitaria correspondiente en atención primaria y hospitalaria, como no puede ser de otro modo».
Las ONG se unen a la demanda.
En el mismo sentido que las consejerías, varias organizaciones sociales se han concentrado este miércoles frente al Ministerio de Sanidad, con motivo de la celebración del Consejo Interterritorial de Salud, para reclamar la asistencia sanitaria a inmigrantes en situación irregular.
Una veintena de personas pertenecientes a plataformas ciudadanas y ONG entre ellas Médicos del Mundo y afectados por la hepatitis C, han mostrado su rechazo a la reforma sanitaria y han pedido una sanidad universal y gratuita para todos, porque «no es un privilegio, es un derecho», según ha podido comprobar la agencia Efe.
Varias personas, integrantes de Médicos del Mundo, han hecho recorrido frente a las puertas del Ministerio, ataviados con un gran botiquín que, según han señalado, contenía las recomendaciones que plantean organizaciones internacionales y nacionales hacia el Gobierno, en defensa de los derechos humanos.
Con esta puesta en escena, los participantes en esta concentración han querido denunciar ante el Ministerio «la regresión en materia de derechos humanos, que ha supuesto la reforma sanitaria a través del real decreto y la legislación que lo desarrolla», ha indicado a Efe el portavoz de Médicos del Mundo, Pablo Iglesias.
Iglesias ha subrayado el trabajo realizado por distintas comunidades autónomas para garantizar el acceso universal a la salud y el compromiso de algunos partidos de derogar el real decreto y devolver la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular. Esta intención de algunos partido supone, a juicio de Iglesias, un «síntoma de que existe un apoyo social ante la universalidad sanitaria».
Por su parte, Irene Rodríguez, de la plataforma Yo sí sanidad universal, ha denunciado que el derecho a la salud está «fragmentado» ya que, dependiendo del lugar de residencia, una persona tiene un acceso distinto. Asimismo, miembros de la plataforma de hepatitis C han advertido de que «su situación aún no está solucionada» y han defendido tratamientos universales para aquellas personas que no puedan afrontar los gastos
