Por Salvador Perelló Oliver
Profesor Titular de Sociología de la URJC
La polarización extrema que vive hoy la política española obliga a la ciudadanía a elegir entre opciones basadas en una deriva siempre dicotómica: viejo o nuevo, corrupto o íntegro, austeridad o expansión, precariedad o estabilidad, inmovilismo o cambio.
A mi juicio, convendría hacer un esfuerzo tanto individual como colectivo para reivindicar los matices que la aplicación de una lógica un poco más abstracta y la relativización de los argumentos -por indiscutibles que estos puedan sonar a quienes los apoyan sin condiciones- aportan a cualquier análisis. Soy consciente de que en una segunda campaña electoral como la que estamos viviendo, en la que para sus protagonistas resulta más urgente desacreditar en tiempo real al vecino que razonar los propias exposiciones, este planteamiento no va a prosperar. Pero, al menos, aquí queda.
Y como pienso que siempre es bueno tirar de casuística para incitar a la reflexión, voy, acto seguido, a examinar, por un deseo de entender que no de derruir, las palabras de Monedero en las que incitó a llegar a un Gobierno de Podemos que diera órdenes a los jueces y a la guardia civil para apresar a los corruptos.
Monedero es -nunca lo ha ocultado- lo que es, como sucede con toda la cúpula dirigente de Podemos. La idea de instrumentalizar la Justicia desde el Poder Ejecutivo es cromosómicamente consustancial al perfil ideológico que incorpora su genética, al margen de circunstanciales calentones mitineros. Pero de ahí a que jueces y fiscales alcen la voz en contra de esas palabras cuando bastantes de ellos son ejemplos perfectos de instrumentalización política y servilismo partidista resulta aún más patético y rechazable.
HORRACH, ¿UN EJEMPLO DEL `DERECHO A OFENDERSE?´
El descrédito judicial en que vivimos desde hace ya muchos lustros es uno de los elementos que ha cebado la realidad actual de España. Por agilizar el análisis y no perdernos en una hemeroteca sin duda sobreabundante, les invito a revisar la reciente intervención del Fiscal Horrach en la Audiencia de Palma, atacando la instrucción del juez Castro sobre el Caso Nóos. Percibirán en ella un perfecto ejemplo del nivel de descomposición en el que se encuentra nuestro sistema judicial, del que buena parte de la ciudadanía es ya perfectamente consciente.
Insisto en que, gracias al análisis de los muchos matices que desgranan a diario, resulta evidente que la cúpula dirigente de Podemos conoce a la perfección lo que es, y lo poco que eso vende. Por ello, para intentar maquillar las asperezas de su naturaleza, en sólo seis meses ha pasado del marxismo analítico militante y revolucionario a una socialdemocracia inspiradora de conquistas aparentemente posibilistas. En el camino han ido abandonando tesis antes defendidas a ultranza, tales como una supuesta transversalidad que superaba el tradicional enfrentamiento izquierda-derecha consagrado por la lucha de clases, para acabar incorporando entre sollozos el comunismo ochentero. Una evolución del estalinismo que el 20 Congreso del Partido Comunista de la URSS impuso en 1956 por iniciativa de Nikita Kruschev y una nueva formulación que sirvió a Santiago Carrillo, junto con el italiano Berlinguer, para construir aquella extraña mezcla de dictadura del proletariado y de propuestas cuasiliberales que integró el Eurocomunismo.
Y, sin embargo, estos nuevos magos de la dialéctica no aportan nada. El uso habitual de la expresión “lo que el pueblo necesita y el pueblo piensa” es sociológicamente muy débil si se intenta aplicarla en sociedades postindustriales avanzadas como la nuestra.
La española es básicamente poliédrica, muy diversificada y con un alto nivel de sofisticación en su estructura. Si tenemos en cuenta que el próximo domingo la abstención rondará el 30% y que Unidos-Podemos obtendrá alrededor de un 25% del total de los votos que se emitan, parece muy exagerado concluir que esa alianza, una vez desmenuzado y establecido lo que dice y hace, sea la única opción política que se corresponde con lo que el pueblo necesita y piensa. Eso suena a pura pretenciosidad. Pero tal constatación no convierte en aberrante todo su argumentario, ni en impecables las propuestas alternativas.
PP Y PSOE, RESPONSABLES DE LA SITUACIÓN
La situación en la que nos encontramos deriva de una tormenta perfecta asociada a múltiples factores que se vienen acumulando desde hace más de 30 años, de la que el PP (antes AP) y PSOE no escapan, en términos de responsabilidad. Especialmente, el segundo. Entre esos factores, en un lugar destacado, está la cuestión de la independencia judicial y la separación de poderes, que tantos tortazos le acaban de suponer a Monedero.
En los años 80 se impulsaron mecanismos de control político sobre el sistema judicial -derivados de la representación parlamentaria, no lo olvidemos- porque la judicatura estaba vertebrada en torno a estructuras franquistas, que pretendían quedarse, al parecer, al margen de los cambios que vivía el país.
Desgraciadamente, esos mecanismos de control político, tal vez por su origen espurio, fueron prostituidos por todos y cada uno de los partidos políticos. Hasta el punto de que hoy el CGPJ, el Supremo, la Fiscalía y no digamos el Tribunal Constitucional, son, en mi opinión, un ejemplo máximo de proxenetismo judicial.
Pero dicho esto, y aunque el encaste ideológico de Unidos-Podemos, el de verdad, el que se explica y se conoce en las facultades pero que no aparece en los llamados catálogos de IKEA, se resuma perfectamente en las palabras de Monedero, no se nos debe ocultar que algo bastante parecido a sus reclamaciones es, precisamente, lo que viene ocurriendo en este país desde hace muchos años. Una vez más, los extremos se tocan, y hasta se complementan.
LAS TESIS DE MONEDERO SON LA REALIDAD ACTUAL, SOLO QUE PUBLICITADA
Pensar que la independencia judicial y la separación de poderes va estar más garantizada con Unidos-Podemos es simplemente desconocer la lógica de poder con la que opera su cúpula dirigente. Pero de ahí a que no pocos políticos, jueces y fiscales se rasguen las vestiduras por la frase de Monedero es realmente decepcionante.
El propio sistema cuenta, incluso, con mecanismos para actuar contra jueces y magistrados presuntamente corruptos y prevaricadores, pero puede decirse sin miedo a errar que se aplican sólo a tiempo parcial o de manera aleatoria. Yo mismo he hecho uso de ellos en alguna que otra ocasión, y me temo que se presentarán más. No cabe, pues, que sea el Gobierno el que mande o interfiera con tintes autoritarios en el devenir de los procesos judiciales e incluso en los propios mecanismos de gobierno del tercer poder; pero tampoco es aceptable que se traslade a la opinión pública que la aberración Monedero es una novedad. Convive con nosotros desde hace décadas.
En cualquier caso, sería un paso histórico si Unidos-Podemos, a principios del año 2017 –en caso de gobernar-, renunciara a su representación en el CGPJ, a nombrar al Fiscal General del Estado, si modificara o contribuyera a modificar la Ley Orgánica que regula el tribunal más corrupto y politizado que existe en España que no es otro que el Constitucional (el enemigo público número 1 de la Constitución Española, en términos de su legitimación social) Y evite reconvertir a sus amigos profesores de universidad -en general muy alejados de los estándares de calidad que hoy se exigen para obtener dicha condición- en Magistrados aupados a sus cargos al margen de la carrera judicial.
