Los líderes de los principales partidos han importado últimamente gestos propios de la política americana. Sin embargo, solo adoptan comportamientos accesorios, obviando las grandes características de la gestión pública y del sistema de partidos de Estados Unidos.
Pedro Sánchez se envuelve en la bandera nacional, Albert Rivera pide limitar mandatos y cita con frecuencia a Luther King, Podemos y PSOE fichan a asesores de Obama y hasta Mariano Rajoy copia la puesta en escena del presidente estadounidense. La política española parece estar americanizándose de un tiempo a esta parte, pero lo cierto es que el proceso se limita a lo simbólico. Pocas de las características que realmente marcan la gestión pública y el sistema de partidos de Estados Unidos pretenden ser importadas por la clase política española:
Libertad de voto. En el país americano los parlamentarios tienen autonomía para votar en conciencia, algo que en España recoge la Constitución -el voto en Cortes «es personal e indelegable», los cargos no están «ligados por mandato imperativo»- pero que los partidos liquidan con su disciplina interna. Sanciones de hasta 600 euros es lo que les espera a los diputados socialistas o populares que decidan ir por libre, como bien saben por ejemplo los miembros del PSC. El excesivo peso de los aparatos en los partidos hace además muy difícil que los cargos públicos les lleven la contraria, so pena de pagar elevados costes que van mucho más allá de la multa. Y las votaciones secretas brillan por su ausencia: solo en tres ocasiones se han llevado a cabo en las Cortes. Una en 1995 (para decidir la creación de una comisión de investigación sobre los GAL), otra en 2003 (sobre el apoyo a la guerra de Iraq) y otra en 2014 (sobre el aborto). ¿Cambiará esto con la fragmentación del Congreso que previsiblemente se producirá en otoño? Nada hace pensar que será así.
Consensos en materias de Estado. Otra gran característica de la política americana es que quedan fuera de la disputa partidista determinadas materias, consideradas de Estado. Destaca en este punto la política educativa y la exterior. En España, esta última y la antiterrorista también estuvieron mucho tiempo fuera del rifirrafe político, norma que se rompió en la legislatura 2004-2008. El consenso ha sido imposible siempre en educación, contrastando con programas estadounidenses como el Plan América 2000, que fue desarrollado por republicanos y demócratas indistintamente. A la luz de los hechos, parece que el disenso en este asunto se prolongará en nuestro país.
Primarias. La elección de los candidatos electorales por un sistema de democracia interna, debate tan en boga ahora en España, comenzó en Estados Unidos hace un siglo. Y aunque los mecanismos varían mucho de un estado a otro, en general se favorece la competencia entre varios aspirantes y la participación efectiva de las bases y de simpatizantes no afiliados. Todo lo contrario que en España, donde Sánchez, Rivera e Iglesias no afrontan realmente ninguna contienda interna y donde Rajoy será proclamado sin dar siquiera la posibilidad de que dicha disputa se abra.
Regulación de los lobbies. La actividad de los grupos de presión está regulada al detalle en Estados Unidos, donde hay un registro de lobbistas y se informa puntualmente de los encuentros de estos con los parlamentarios. En España, en cambio, los políticos llevan años tratando en vano de llegar a un acuerdo para ello. Sí ha conseguido Ciudadanos el compromiso por escrito del PP de legislar sobre esta cuestión en la Comunidad de Madrid.
Elecciones legislativas a mitad de mandato. Los comicios denominados midterms -en los que se elige a un tercio del Senado y a los 435 miembros de la Cámara de Representantes- tienen una importancia capital en Estados Unidos. Están concebidos para favorecer la cohabitación en el poder, ya que el presidente suele acusar el desgaste de su acción y propiciar la hegemonía de la oposición en el legislativo. Solo en tres ocasiones (1934, 1998 y 2002) el partido en el Gobierno ganó escaños en los midterms. De este modo, se favorece que el Parlamento sea un contrapeso efectivo al Ejecutivo y que se requieran consensos para aprobar medidas de calado. Justo al revés que en España, donde muchas veces es imposible distinguir un poder de otro y ganar unas generales implica tener preeminencia casi absoluta durante cuatro años. Y es que el sistema americano se basa en la desconfianza hacia quien está al mando, aplicando pensamientos como el de Karl Popper, para quien la democracia es igual a control del poder político.
Justicia despolitizada. Los partidos españoles han indicado en múltiples ocasiones su voluntad de reformar un sistema que permite, por ejemplo, que diputados y senadores elijan cada cinco años a los 20 vocales del CGPJ, órgano que decide sobre ascensos y sanciones en la carrera judicial. Sin embargo, tal deseo de cambio no se ha llevado a término. Una posible fuente de inspiración para cuando se decidan es la Corte Suprema de EEUU, donde sus miembros son nombrados por el presidente y ratificados por el Senado pero de forma vitalicia, favoreciendo su independencia. Solo mediante un complejo proceso de impugnación se puede llevar a cabo el revocamiento de un juez.
Gobierno y partido, separados. El presidente de Estados Unidos se centra en su gestión y deja en segundo plano las labores del partido. En España, en cambio, es habitual ver anuncios de subidas de pensiones o de bajadas de impuestos por parte de los mandatrios en mítines. Actitudes antagónicas que se reproducen también en el modo de ejercer la oposición: difícilmente puede imaginarse en España un discurso de un perdedor de las elecciones como el de John McCain en 2008, cuando se refirió a Barack Obama como el “hombre que era mi oponente y que será mi presidente”, ofreciéndose a trabajar con él para resolver los problemas del país.
Transparencia. En el país americano hay accesibilidad a las agendas de los cargos públicos y al detalle de la recaudación de fondos para las campañas, por ejemplo. En España se ha avanzado mucho en los últimos años en este sentido, difundiendo declaraciones de bienes de nuestros representantes o limitando las donaciones a partidos. Los emergentes aprietan para que se siga recorriendo ese camino y Ciudadanos ha conseguido que varias autonomías limiten los mandatos a ocho años, publiquen la actividad de los parlamentarios o difundan toda documentación sobre adjudicaciones públicas. Podemos, por su parte, predica con el ejemplo informando de las reuniones de sus portavoces y publicando desglosadas sus cuentas. Si conseguirán que estas acciones se conviertan en cotidianas es algo que el tiempo dirá.
Relación con los electores. Los congresistas estadounidenses se deben a su distrito y estado y toman las decisiones pensando en eso y en los electores que hicieron posible su designación. Así, son habituales las reuniones con colectivos y agentes sociales de su lugar de origen, así como responder personalmente demandas de los ciudadanos. Los parlamentarios españoles, sin embargo, han sido noticia recientemente por lo inaccesibles que son.
