Los controladores aéreos votarán este lunes en asamblea si reanudan las protestas, que decidieron suspender en julio, y convocan dos nuevas jornadas de huelga para los próximos días 26 de septiembre y 3 de octubre, según informaron fuentes de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) a Europa Press.
USCA, el sindicato mayoritario que representa al 90% del colectivo en ENAIRE, ha propuesto la convocatoria de dos nuevas jornadas de paros parciales de doce horas (desde las 6.00 horas a las 18.00 horas), que debe ser ratificada por su asamblea nacional.
A principios del mes de agosto, el sindicato de controladores decidió suspender de forma temporal la acción sindical, tras las ocho jornadas de parciales convocados en junio y julio, y posponer a septiembre la decisión sobre nuevas movilizaciones.
El sindicato de controladores considera «inadmisible» la negativa de ENAIRE, matriz de Aena, a archivar las sanciones a 61 controladores del Centro de Control de Barcelona (ACC) y a la readmisión del controlador de Santiago despedido, Marco Antonio Enríquez por el cierre del espacio aéreo en 2010.
Fuentes de USCA recordaron que la última reunión celebrada entre ENAIRE y USCA tuvo lugar el pasado 23 de julio, por petición expresa del sindicato ante el silencio de la empresa, que no había contactado con los controladores desde que concluyeron los paros del 11 y 12 de julio.
Asimismo, señalaron que USCA mantiene su disposición al diálogo y a alcanzar una solución que evite nuevas protestas.
REANUDACIÓN DE LAS MOVILIZACIONES
Los controladores ya convocaron cuatro jornadas de paros en junio –los días 8, 10, 12 y 14 de junio–, en la primera convocatoria de huelga del colectivo en 26 años, y otras cuatro los días 11, 12, 25 y 26 de julio. En ambos casos, se desarrollaron en franjas de dos y tres horas en turnos de mañana y tarde.
El Ministerio de Fomento fijó entonces unos servicios mínimos del 70% para los paros de junio y del 80% en julio, jornadas de protesta que se desarrollaron sin demoras ni cancelaciones atribuibles a la protesta, y con el cumplimiento de los servicios mínimos, que USCA impugnó en ambos casos por considerarlos «abusivos».
Los controladores denunciaron que pese a fijarse en el 70% y el 80% los servicios mínimos, la forma en que se distribuyeron supuso que los servicios asignados a los controladores que prestaban servicio efectivo de control aéreo fueran en realidad del 99%.
