El seis por ciento de los presos de ámbito estatal (con especial mención a Texas y Luisiana, entre otros Estados) y el 16 por ciento de los reclusos de ámbito federal que existen en Estados Unidos cumplen su cautiverio en prisiones de gestión privada, un importante y lucrativo negocio cuyos beneficios dependen, en muy alto grado, de las políticas gubernamentales sobre inmigración y que dedica grandes cantidades para atraerse el favor de los candidatos a la Presidencia del país.
El tema de las prisiones privadas genera un importante debate en Estados Unidos. Mientras que sus defensores aseguran que suponen una importante vía de ahorro para el Gobierno y para el contribuyente (un argumento que ignora que algunos centros privados generan más gastos, que también recaen en las arcas públicas, que los gubernamentales), los detractores advierten de que estos centros han estado relacionados con numerosos casos de violencia y se han caracterizado, con frecuencia, por unas condiciones de vida carcelarias lamentables.
A principios de este mes, la plataforma internacional de noticias VICE News recordaba el caso del Centro Correccional del Condado de Willacy, en Texas, cuyas condiciones de vida tienen fama de ser tan duras que se le conoce popularmente como Ritmo, un juego de palabras derivado de Gitmo (nombre popular del célebre centro de detención de la base de Guantánamo) y Raymondville, capital del condado.
Ritmo acoge a más de 2.800 presos, en su mayoría inmigrantes (el condado está muy cerca de la frontera con México) encarcelados por regresar a Estados Unidos después de haber sido expulsados al menos una vez con anterioridad u otros pequeños “criminales extranjeros” pendientes de deportación. Una característica de este centro, como de otras prisiones privadas, es su saturación. La mayoría de los presos de Ritmo se encuentran hacinados en diez tiendas de campaña.
El pasado mes de febrero, los presos se amotinaron en Ritmo. Después de dos días de enfrentamientos, los reclusos finalmente aceptaron rendirse. El balance fue relativamente moderado. Cinco presos y dos guardias sufrieron heridas de poca consideración. Las consecuencias logísticas y económicas fueron mayores: todos los reclusos fueron trasladados y la Oficina de Prisiones del Gobierno federal decidió cancelar un contrato de más de 500 millones de dólares con la empresa privada que gestionaba el centro correccional de Willacy, Management and Training Corporation (MTC).
Inmigración y prisiones privadas
No obstante, el tema de las prisiones privadas va mucho más allá de motines, traslados y anulaciones de contratos. Tal como recuerda el periodista Keegan Hamilton, de VICE News, el caso de Ritmo supone, para los detractores de las prisiones privadas, un ejemplo de cuáles de los efectos perversos de la política gubernamental de destinar miles de millones de dólares de los contribuyentes para encarcelar a decenas de miles de inmigrantes indocumentados en centros de detención con ánimo de lucro.
¿Cuál es el problema que subyace detrás de todo ello? La clave se encuentra en la relación que existe entre las políticas de inmigración y las prisiones privadas. De acuerdo con las actuales leyes de inmigración, el servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tiene la obligación de mantener un cupo mínimo de 34.000 personas encarceladas (sobre todo en prisiones privadas) a la espera de comparecer ante los tribunales de inmigración, una cuota que, según VICE News, supone un coste anual de 2.000 millones de dólares para los contribuyentes.
Por otra parte, el llamado Requisito sobre Criminales Extranjeros (CAR, por sus siglas en inglés) de 1999 reserva un mínimo de plazas en las prisiones privadas para inmigrantes con delitos menores que se encuentran a la espera de su deportación. La Oficina de Prisiones mantiene en la actualidad catorce contratos del tipo CAR para 25.000 “criminales extranjeros” y, desde 2009, el número de personas encarceladas en las prisiones federales para inmigrantes ha sido superior al de las que están encarceladas, sumadas todas juntas, por tenencia de armas, violencia y robos contra la propiedad.
Entre 2000 y 2010, el tan filantrópico sector de las prisiones civiles duplicó sus ingresos gracias, en buena parte, al endurecimiento de las políticas contra los inmigrantes. En la actualidad hay dos grandes corporaciones en el sector, el Geo Group y Corrections Corporation of America (CCA), dos empresas que reúnen, entre las dos, más de 3.000 millones de dólares anuales en beneficios.
“El futuro del sector de las prisiones privadas está estrechamente relacionado con las políticas sobre encarcelación masiva”, advierte Casl Takei, abogado del Proyecto Nacional de Prisiones de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), la más importante y antigua asociación de derechos humanos de Estados Unidos. “Si se pone fin a las encarcelaciones masivas, se destruiría la razón de existir para las corporaciones de prisiones privadas”, añade, citado por VICE News.
Las prisiones privadas y los PAC de los candidatos
Como todo el mundo sabe, en noviembre de 2016 se celebrarán elecciones presidenciales en Estados Unidos y, dependiendo de cuáles sean los resultados, el futuro inquilino de la Casa Blanca adoptará una política u otra en materia de inmigración.
Como es evidente, el tema de la inmigración y del trato que se dispense a los que entren irregularmente en el país va a ocupar (ya lo está haciendo) una parte importante de la campaña.
Es el caso del tantas veces mencionado multimillonario Donald Trump, que de momento encabeza las encuestas entre los candidatos republicanos y que ya ha anunciado su intención de aumentar las deportaciones y de poner fin al “derecho a la ciudadanía por nacimiento” de que disfrutan los hijos de inmigrantes que ingresan ilegalmente en el país. Según Keegan Hamilton, el American Action Forum, un instituto político conservador, ha elaborado un plan inmigratorio valorado en 600.000 millones de dólares y con una duración prevista de dos décadas, del que las empresas de prisiones privadas podrían obtener una buena tajada en caso de aplicarse.
Los posibles problemas para el sector, por tanto, no vendrían de esos derroteros. En 2012, el actual presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ganó las elecciones con más del 70 por ciento del voto latino. Con estos antecedentes, dos importantes rivales de Trump en las elecciones primarias republicanas, Marco Rubio y Jeb Bush, se han cuidado muy mucho de evitar la retórica xenófoba en sus discursos y han intentado atraerse a los hispanos, cuyo voto podría ser decisivo en Estados estratégicamente fundamentales para las presidenciales, como Florida (en la que Bush fue gobernador), Colorado y Nevada.
Asimismo, entre los contendientes demócratas, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton y Bernie Sanders se han comprometido a reformar el sistema de inmigración y a acabar con las deportaciones, de las que tanto dependen las prisiones privadas como centros de reclusión preventiva.
Las tres grandes corporaciones del sector de las prisiones privadas, GEO, CCA y MTC (la empresa que gestionaba Ritmo) han destinado desde el año 2000 más de 32 millones de dólares en contribuciones a las campañas presidenciales, de acuerdo con datos de la Comisión Federal de Elecciones de 2012, recogidos por el periodista. Para las elecciones de 2016, según ha podido comprobar VICE News, las empresas vinculadas a GEO y CCA ya han aportado casi 290.000 dólares para tres candidatos, concretamente para Rubio, Bush y Clinton (Trump no parece necesario).
El comité de acción política (PAC, nombre con que se conoce a los organismos que se registran en la Comisión Federal de Elecciones con la misión de recaudar fondos para los candidatos) de Hillary Clinton y Marco Rubio habrían recibido, cada uno, poco más de 133.000 dólares y Bush casi 22.000. Con más detalle, los fondos para Clinton proceden sobre todo de CCA (120.000), los de Rubio de GEO (126.500) y los de Bush (dentro de su mayor modestia), de CCA (14.000).
GEO, para adelantarse a las inevitables acusaciones, ha asegurado que no tiene ningún propósito de influir en las políticas gubernamentales con los inmigrantes y que sus contribuciones “se centran completamente en la promoción del asociacionismo entre lo público y lo privado”. “Estas compañías invierten este dinero por una razón: mantener las políticas que les benefician”, advierte Bob Libal, director ejecutivo de Grassroots Leaderships, una organización contraria a las prisiones privadas.
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