La patronal UNEF prepara ya dos recursos contra el decreto del Gobierno que regula el autoconsumo eléctrico y con los que pretenden luchar tanto en España como en la Unión Europea de manera simultánea.
El sector fotovoltaico español quiere dar la batalla contra el decreto del Gobierno para regular el autoconsumo eléctrico. Las quejas y las críticas contra lo que entienden que es una norma para hacer inviable el autoconsumo se reconvertirán en breve en recursos en los tribunales.
El equipo jurídico de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) prepara su batalla legal con el objetivo de combatir la norma tanto en España como en Europa. A la espera de que la junta de la patronal dé el visto bueno a la estrategia –preceptivo para este tipo de actuaciones-, los planes de UNEF pasan por presentar un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo y también por denunciar la norma ante la Comisión Europea.
El impuesto al sol que hace inviable el autoconsumo
Tras meses de borradores, negociaciones y muchos vaivenes, el Consejo de Ministros aprobó a principios de mes el real decreto que regula las condiciones administrativas, técnicas y también económicas para poder desarrollar el autoconsumo eléctrico en España.
La norma incluye una serie de cargos para los usuarios que se deciden a instalar equipos de autoconsumo (mayoritariamente placas solares), a modo de compensación por estar conectados a la red. Unos recargos que los detractores han denominado ‘impuesto al sol’ y que además se pagan tanto por la electricidad consumida procedente de su propia instalación como por la consumida de la red. De las dos. De estos costes sólo están exentos aquellos que tengan sus casas o sus empresas desconectadas a la red eléctrica y que sólo dependan de la energía producida. Unas condiciones con las que el sector fotovoltaico entiende que el Ministerio de Industria sólo busca desincentivar el autoconsumo.
La norma no contempla la principal reclamación del sector, que era regular el balance neto de las instalaciones: que los clientes pudieran verter la electricidad producida a la red y que se le descontara de la factura, pagando sólo por la diferencia entre lo consumido de la red y lo aportado al sistema eléctrico, como sucede en otros países europeos que tienen regulada esta actividad.
Primero España, luego Europa
Ante este escenario, la UNEF pretende presentar ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso-administrativo a lo largo del próximo mes (el plazo máximo para su presentación expira el 10 de diciembre) y también una denuncia ante la Comisión Europea, según ha anunciado hoy la organización en rueda de prensa a cargo de su presidente, Jorge Barredo, y su director general, José Donoso.
La presentación del recurso en el Alto Tribunal nacional previsiblemente la aprobará la junta de UNEF el próximo 10 de noviembre y la de la denuncia en Bruselas sería ratificada más adelante, tras negociar con otras organizaciones y plataformas para lanzar una iniciativa conjunta.
La patronal fotovoltaica esgrimirá como argumentos legales, por un lado, que el decreto del Ejecutivo contraviene uno de los preceptos de la Ley del Sector Eléctrico que garantiza que los autoconsumidores no pueden pagar más por los peajes de acceso del sistema que el resto de usuarios (y, según los cálculos de UNEF, dependiendo del consumo y del tipo de usuario el autoconsumidor puede pagar más del doble que un cliente normal por estos peajes) y, por otro, también se atacará la aplicación retroactiva de los nuevos requisitos a las instalaciones de autoconsumo ya operativas en España.
En paralelo, UNEF denunciará ante la Comisión Europea que el decreto del Gobierno contraviene las leyes de Mercado Único y de Energías Renovables de la UE, que garantizan la no discriminación en costes y tarifas y que promueven el fomento de las energías verdes.
