La patronal hotelera Cehat y el lobby de las grandes compañías del sector Exceltur presentan alegaciones en el proceso de consulta pública del estudio sobre la economía colaborativa, al que tachan de sesgado y de falto de rigor por no estudiar los efectos negativos de la desregulación casi total que propone.
La publicación del informe preliminar de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre la economía colaborativa sigue levantando revuelo. Tanto dentro como fuera del organismo.
El supervisor hizo público hace un mes, sin pasar siquiera por el consejo del organismo, un estudio con conclusiones preliminares en el que abogaba por la una amplia desregulación y por eliminar “restricciones injustificadas” para los negocios que se basan –en principio- en servicios compartidos entre particulares.
La CNMC abrió un nuevo plazo de consulta pública para que empresas y sectores directamente implicados presentaran sus alegaciones de cara a la elaboración de un informe definitivo, que aún parece lejos de concretarse. Hasta el pasado 15 de abril, las observaciones han ido llegando al organismo presidido por José María Marín Quemada.
Y entre los más críticos de los que han participado en la consulta se encuentran las compañías del sector turístico, especialmente afectadas por el boom de plataformas online de alquiler de apartamentos vacacionales como Airbnb o Homeaway. La Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur) y la patronal hotelera Cehat han presentado sendos documentos de observaciones, a los que ha tenido acceso SABEMOS, en los que arremeten con dureza contra los postulados y las conclusiones del estudio de la CNMC.
Exceltur: sesgado, discriminatorio y falto de rigor
Exceltur, un lobby sectorial en el que se integran casi una treintena de las principales empresas turísticas que operan en España, denuncia que las propuestas recogidas en el informe de la CNMC buscan “eliminar de facto el marco regulatorio turístico”. Y lo hacen sin un estudio “riguroso y detallado” que las avale, y sustentándose en postulados que “no son ciertos o están basados en principios teóricos generales sin fundamento contrastado en España” y “sin analizar su impacto sobre el sector turístico”, la economía en su conjunto y la sociedad en general.
Con carácter general, Exceltur sostiene que las “múltiples inconsistencias” del estudio son las que llevan “a adoptar unas conclusiones y a realizar unas recomendaciones contrarias al correcto funcionamiento de un sector como el turístico”. Y solicita directamente a la cúpula de la CNMC que no haga suyas estas recomendaciones y que no las incluya a la postre en el futuro estudio definitivo.
El lobby sostiene que las regulaciones a las que está sometido el sector turístico buscan garantizar los derechos del consumidor, evitar externalidades que afecten a la sociedad y al medio ambiente (como las normas urbanísticas que prohíben instalar hoteles en edificios de viviendas que pudieran molestar a los residentes) y preservar la competencia en los mercados.
“Se trata de principios básicos que el actual estudio provisional de la CNMC propone eliminar en su totalidad únicamente para los nuevos prestadores de servicios”, las plataformas de alquiler online, denuncia Exceltur. Y lo hace “sin demostrar con estudios, análisis y datos concretos los supuestos efectos positivos de estas actuaciones y sin contemplar aquellos efectos negativos que diferentes estudios ya corroboran en España y otros países, ni los claros efectos de asimetría regulatoria discriminatoria de estas recomendaciones”.
Y es que la asociación empresarial detecta un “claro sesgo de partida al defender a ultranza una situación discriminatoria” entre las empresas de alojamiento reglado, sometidas a centenares de normas, y los nuevos operadores de economía colaborativa, que se verían –a su juicio- libres de la mayoría de estas exigencias. Y es aquí donde la asociación denuncia que el informe de la CNMC, si se cumplieran sus recomendaciones, sólo serviría para dar carta de naturaleza a lo que el turismo ve como competencia desleal.
Exceltur, que ya presentó el pasado julio un duro informe contra los efectos negativos del alquiler de viviendas para uso turístico (fomento de la economía sumergida, problemas de convivencia, expulsión de población por el encarecimiento del alquiler…), arremete contra la propia naturaleza de la economía colaborativa.
La organización entiende que los servicios colaborativos exigirían que no hubiera contraprestación económica o que se limitara a cubrir costes, mientras que el boom del alquiler vacacional se ha convertido en una actividad “con carácter claramente lucrativo” y “profesionalizada”, que cada vez atrae a más empresas inversoras en inmobiliario para explotar sus activos.
Y, en paralelo, se denuncia que en la mayor parte de los casos el negocio se mueve en el ámbito de la economía sumergida y se promueve por plataformas tecnológicas “con estructuras jurídicas diseñadas para tratar de eximirse al máximo del cumplimiento de las obligaciones” de colaboración contra el fraude que tienen otros intermediarios turísticos.
Cehat: incompleto, erróneo, con déficit argumentativo
En sus observaciones al informe del supervisor, la patronal hotelera Cehat se muestra igual de contundente y crítica. Y es que la organización directamente critica el “déficit argumentativo” del documento y la “aplicación incorrecta del marco teórico regulatoria” del sector turístico que se hace en el documento.
En su pliego de observaciones, al que también ha tenido acceso SABEMOS, la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) ataca el “análisis incompleto y en muchas ocasiones erróneo” de cómo funciona plataformas como Airbnb o Homeaway y de cuáles están siendo sus efectos sobre el mercado.
En paralelo, la patronal apunta que el estudio del supervisor se fundamenta en unos principios “sin contrastar” y “sin analizar el impacto posterior” sobre la actividad del sector turístico, al tiempo que lo considera “poco detallado y excesivamente vago” en varios aspectos.
Y es que la patronal sostiene que las bondades que se “ensalzan injustificadamente” sobre la labor de las plataformas no son intrínsecas a ellas, sino al desarrollo de los negocios a través de internet, y que la “supuesta innovación disruptiva” con las que se les asocia ignora que estas empresas simplemente fomentan la “entrada masiva de particulares” para proporcionar servicios que ya existían con anterioridad.
Desde el sector hotelero, se reclama que al alquiler de pisos turísticos se le aplique la misma legislación que al resto de alojamientos turísticos, para que todas las empresas que ofrecen estancias compitan “en igualdad de condiciones” y que cumplan “con las mismas obligaciones fiscales”.
Y es que la patronal denuncia –en un comunicado posterior- que la “aligeración o casi eliminación” de la regulación a la que deben estar sometidos los servicios de alquiler online produciría graves efectos en las garantías de protección del consumidor, en la lucha contra el fraude, la protección del medio ambiente y el entorno urbano, y al tiempo genera “condiciones de competencia discriminatorias”.
