No todo son buenas noticias para la España que está saliendo de la crisis. El BCE y Bruselas, en su último informe , reclaman que el Gobierno aborde ya la liberalización de los servicios profesionales y una reforma que acabe con la segmentación del mercado laboral.
España crece, genera empleo y avanza positivamente en la mayoría de los indicadores macroeconómicos: el sector privado reduce su sobreendeudamiento, la banca progresa en su estabilización, el Sareb cada vez funciona mejor… Esta es al menos la idea esencial que extraen los hombres de negro (tal como los llamó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro) tras su visita a España correspondiente al primer trimestre del año, entre el 12 y el 18 de marzo, y el 14 de abril.
El último informe de supervisión publicado este jueves por la Comisión Europea y en colaboración del Banco Central Europeo (el FMI no forma parte ya de las misiones), sin embargo, no pierde la ocasión de tirarle de las orejas a España. El organismo anteriormente conocido como La Troika critica entre otras cosas la falta de avances en algunas reformas y demanda al Gobierno nuevos ajustes para cumplir con el déficit.
«El impulso reformador necesita mantenerse, asegurando así su completo desarrollo», advierten los evaluadores de la CE y del BCE, que insisten en que España en su conjunto se está beneficiando de las reformas estructurales llevadas a cabo, así como de los ajustes en el déficit y la recapitalización bancaria, «que crecientemente se está reflejando en una estabilización del sector financiero, una fuerte recuperación económica y una baja prima de riesgo», señalan.
La unidad de mercado depende de 17 CCAA
Desde antes incluso de que España pidiera el rescate para su sistema financiero, las autoridades europeas vienen señalando la fragmentación del mercado interno español como una de los problemas estructurales que impiden alcanzar el potencial de crecimiento real. Hay 17 comunidades autónomas (y miles de municipios), cada uno con distintas regulaciones y legislaciones, requisitos, normas, etc. Son obstáculos que se encuentran en la vida real empresas e inversores a la hora de llevar a cabo proyectos en España.
Consciente de estas exigencias, el Gobierno presentó en diciembre de 2013 la llamada Garantía de la Unidad de Mercado, una legislación de ámbito estatal. La idea, en esencia, es que los negocios que obtuvieran una licencia para operar en cualquiera de los territorios autonómicos, consiguieran también automáticamente la licencia para operar en el resto del país. Pero la normativa, tal como constatan los inspectores de Bruselas y Frankfurt, no se está desarrollando en el ámbito regional.
«Para ilustrar, el Gobierno central ha completado hasta la fecha alrededor del 50% de las enmiendas planificadas referidas a la distinta regulación sectorial que hay que modificar para eliminar las inconsistencias con la Ley de Unidad de Mercado», señala el informe de los hombres de negro. En este mismo periodo, las distintas comunidades autónomas apenas han completado un 17% de las enmiendas necesarias, «con cambios pendientes en legislación turística, de agricultura, manufacturas, salud y servicios sociales», añaden. A pesar de los tímidos avances, aún sigue siendo «relativamente incómodo» abrir un negocio en España respecto a otros países europeos, lo que redunda en un menor dinamismo de sus empresas.
Un contrato único, o algo que se le parezca
Otro de los puntos más débiles de la economía española, en opinión de los miembros de la Comisión Europea y el BCE, es la excesiva segmentación del mercado laboral, una de las causas que explican las todavía inaceptables tasas de desempleo por encima del 20%. «La segmentación laboral sigue siendo un desafío, con la tasa de temporalidad cercana al 25%», señalan los analistas de Bruselas. El empleo temporal, por si fuera poco, está creciendo a un ritmo tres veces mayor que el incremento del empleo indefinido, tal como señala un reciente informe del Instituto Flores de Lemus sobre los datos de afiliación.
Es por esto que lo que queda de La Troika exige a España «nuevas medidas» para reducir esta segmentación. Se trata de favorecer, mediante la regulación, la existencia de «empleos sostenibles y de calidad, por ejemplo reduciendo el número de contratos» y asegurar un acceso equitativo a los derechos e indemnizaciones. Es decir, no lo verbalizan, pero están proponiendo a España que apruebe un contrato único, o que al menos avance en esa dirección.
El contrato único es una idea propuesta ya desde el inicio de la crisis por colectivos académicos como los think tanks Fedea y Politikon. La idea que subyace en la propuesta es reducir el abismo que media entre los costes laborales de contratar a un empleado temporal y uno indefinido. ¿Cómo? Haciendo que no exista esta distinción. En teoría, todos los contratos serían indefinidos, empezarían con una indemnización baja que se iría ampliando a medida que la antigüedad del empleado se alargue.
Los profesionales, el melón que no quiere abrir el Gobierno
Los inspectores enviados por las autoridades europeas quieren que España también liberalice de una vez los llamados servicios profesionales, algo para lo que al Gobierno se le está agotando el tiempo. Un primer borrador de esta ley se publicó en agosto de 2013, aunque desde entonces no ha habido ningún avance parlamentario al respecto. El caladero de votos del Partido Popular se nutre en buena parte de estos profesionales colegiados o asociados (abogados, notarios, registradores, taxistas…), y no hay un verdadero incentivo para que el partido en el poder aborde una reforma que sólo cabrearía a estos colectivos.
Lo que piden las autoridades europeas es que la legislación elimine barreras actualmente existentes para poder desempeñar ciertas profesiones que no están debidamente justificadas: licencias, regulaciones, colegiaciones… Entre las líneas maestras de una ley en este sentido estaría la limitación del número de estas profesiones con colegiación obligatoria, la garantía de que la imposición de pagos y licencias no supone una barrera de entrada a la competencia y el aumento de la transparencia de estos colectivos para una mejor defensa de los consumidores.
«Los servicios profesionales son activos para las empresas, con su calidad y competitividad suponen un considerable efecto en toda la economía», advierten desde la Comisión Europea. El concepto es introducir una competencia real en los servicios profesionales, de forma que éstos se vean forzados a reducir sus márgenes, lo que aumentará la competitividad de la economía en su conjunto al suponer unos menores costes. «Fallar al adoptar una legislación sobre servicios profesionales en la actual legislatura sería una oportunidad perdida para derribar los obstáculos que permanecen en el acceso al ejercicio de las profesiones reguladas», concluyen.
Posiciones cercanas a Ciudadanos y UPyD
En España dos partidos han abrazado expresamente algunas de las medidas exigidas por CE y BCE: el contrato único, por ejemplo, es cosa de UPyD y Ciudadanos, mientras que el resto lo han rechazado bien por considerarlo inadecuado, bien por considerarlo imposible. En Ciudadanos, cuyos ideológos económicos son Luis Garicano y Manuel Conthe, también dicen que promoverán medidas que aumenten la competencia, así como reducir barreras de entrada.
Ambas formaciones también están de acuerdo, al menos en las líneas esenciales, en cuanto a uniformizar el mercado interno. En UPyD, por su parte, creen que la existencia de una «inflación legislativa» por tantos parlamentos autonómicos ha supuesto un encarecimiento de los servicios. En un sentido similar se han expresado desde C’s, donde abogan por reforzar una unidad de mercado que consideran amenazada.
FOTO: FLICKR
