Luis de Guindos dejó «un marrón» importante a sus sucesores y al Estado español con todo lo referido a la resolución y venta del Banco Popular, una operación que dejó en la ruina a más de 305.000 familias. Tal y como hemos publicado en repetidas ocasiones en Diario16, el Ministerio de Economía y todos los organismos dependientes de él fueron protagonistas «presuntamente» conniventes en el proceso que terminó con la resolución de la sexta entidad financiera del país.
Las últimas revelaciones publicadas, como, por ejemplo, que el Banco de España registró un documento el día 6 de junio que aprobaba la venta del Popular, un hecho que no se produjo hasta el día 7, han provocado la reacción de los organismos dependientes de Economía para intentar crear una cortina de humo que desvíe la atención de afectados, despachos de abogados y de la opinión pública hacia, nuevamente, el estado de las cuentas de 2016.
El movimiento ha venido, en este caso, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), un organismo que depende del Ministerio de Economía. En concreto, según publica el diario La Información, el ICAC cuestiona la versión de la auditora de Banco Popular, PwC, en referencia a la reexpresión de las cuentas del año 2016.
Sin embargo, la propia CNMV avaló la versión dada tanto por el banco como por la auditora, que esa reexpresión no tenía un impacto importante en las cuentas de la entidad. ICAC, además, pone en duda las ratios de capital de dicho ejercicio.
Todo esto no tiene más finalidad que desviar la atención hacia aspectos que ya están demostrados que no tuvieron ninguna repercusión en la posterior declaración de inviabilidad, la resolución y la venta al Banco Santander por un euro.
Hay que recordar que diferentes organismos y el propio banco presidido por Ana Patricia Botín han declarado que las cuentas del Banco Popular de 2016 eran correctas, además de que la ampliación de capital formaba parte de un plan de negocio que, en principio fue aprobado por Economía y el Banco de España y que, tras la llegada de Saracho, se frenó cuando e iba a implementar la fase en la que el Popular se quitaba el peso de los activos inmobiliarios por la segregación de los mismos en el Proyecto Sunrise.
Por otro lado, tanto las cuentas de 2016 como la ampliación de capital fueron evaluadas por entidades y empresas independientes como KPMG, por el propio despacho de abogados en el que trabajaba Sebastián Albella, actual presidente de la CNMV, y la operación corporativa estuvo dirigida por Andrea Orcel.
Esa reformulación que tanta importancia se le está volviendo a dar, suponían sólo 700 millones de euros, una cantidad que, como bien decía el informe de PwC y de la Auditoría Interna de la entidad, no era significante, sobre todo si tenemos en cuenta que disponía de liquidez por encima de los 80.000 millones de euros y de un patrimonio neto de más de 12.000.
Por tanto, sólo se pretende buscar una distracción de afectados y despachos de abogados. Como decimos, la información publicada por Diario16 acerca del Banco de España coincide con un momento en que la situación es crítica para los organismos dependientes del Ministerio de Economía en el Caso Popular, están contra las cuerdas. Hay que recordar que la propia Fiscalía Anticorrupción ha puesto el foco sobre el FROB en sus investigaciones y no descarta reclamar información sobre su intervención en el proceso en los días previos a la resolución y acerca de la operativa de la venta al Santander.
