CCOO echa en cara a UGT la firma de un preacuerdo que dejará en la calle a 224 personas y que ellos consideran “fraude de ley”. Cemusa ya ha dicho su última palabra y desde UGT entienden que lo que procede es consultar con los trabajadores las condiciones de la empresa. La votación se producirá hoy y del resultado dependerá que el ERE no termine en los tribunales.
Parece que las negociaciones sobre el despido masivo de la empresa de mobiliario urbano Cemusa -propiedad del grupo francés JCDecaux- han llegado a su fin. Sin embargo, los principales interlocutores de la mesa -formada en mayoría por miembros de UGT (7) y en menor medida de CCOO (4)- se encuentran a la gresca a pesar de perseguir supuestamente el mismo fin.
El punto de debate, según fuentes consultadas por SABEMOS, ha sido la «recolocación» ofrecida por la empresa a 115 de los 224 trabajadores despedidos, un 70% de la plantilla.
Con «recolocación» se refieren a que el grupo JCDecaux les permite entrar en el proceso de selección para puestos en alguna de sus otras empresas, cuyas vacantes se ofrecerán de forma prioritaria, teniéndose que dar de baja voluntaria como paso previo. Sin embargo, la empresa no se compromete ni garantiza estas contrataciones, por lo que los trabajadores quedan a expensas del criterio de selección de la compañía.
Para CCOO esto supera los límites de la legalidad y les ha impedido desde el principio la firma del preacuerdo para que los trabajadores voten si se acogen o no a dichas condiciones.
«No estamos de acuerdo con esta medida y la consideramos un fraude de ley. Por nosotros hubiéramos cerrado las negociaciones con desacuerdo e ido directos a los tribunales. Nuestra decisión de no firmar sirve para escenificar la diferencia de posturas con UGT», señalan las fuentes de CCOO.
Por su parte, el sindicato mayoritario en las negociaciones decidió en el último momento firmar el preacuerdo para desbloquear las negociaciones y que los trabajadores fueran los que decidieran en última instancia sobre su futuro.
«Esta es la última propuesta de la empresa y son los trabajadores los que deben decidir si están dispuestos a aceptar. Desde CCOO pueden decir lo que quieran, pero básicamente nos obligaron a firmar por el plan en el que estaban. Lo más curioso de todo es que ellos se han comprometido a firmar el acuerdo si la votación da el visto bueno a la propuesta», aclaran desde UGT.
Es verdad que CCOO ha reconocido que si el resultado fuera mayoritario para el sí, firmarían finalmente las condiciones del ERE, a pesar de considerar «ilegal» la propuesta de Cemusa.
Dentro del cruce de acusaciones, ambos sindicatos tienen la percepción de que el otro está más preocupado por su imagen de cara a la opinión pública que por los propios trabajadores.
«UGT aceptó en el último momento una condición fuera de la legalidad para conseguir un leve aumento en las indemnizaciones», explican en Comisiones Obreras.
«Esto demuestra que el mundo sindical es como el político, UGT considera igualmente una atrocidad este ERE pero tendrán que ser los trabajadores los que lo acepten o no. Además, nadie nos garantiza la victoria si vamos directos a los tribunales», señalan desde UGT.
Las otras clausulas del escrito
Como ya contó SABEMOS, Cemusa está dispuesta a llevar a cabo el ERE cueste lo que cueste. Finalmente, el acuerdo recoge un total de 224 despidos, en principio aquellos empleados que se acojan voluntariamente al expediente de regulación recibirán una indemnización de 35 días por año trabajado con un máximo de 25 anualidades.
Además, estas personas tendrán derecho a acogerse también al citado programa de recolocaciones, del que podrán beneficiarse hasta 115 trabajadores. En el caso de que pasen el proceso de selección, dichos empleados se incorporarán a su nuevo puesto «bajo las condiciones laborales y la normativa propia de la actividad». En el caso de que su salario sea inferior, se indemnizará la diferencia entre ambos en razón de 20 días por año trabajado durante 12 mensualidades.
Cemusa también ha ofrecido un plan de prejubilaciones para todos los trabajadores afectados por los despidos mayores de 57 años y con una antigüedad superior a diez. Estas cuantías van desde el 80% del salario neto en el caso antes expuesto, hasta el 100% para los mayores de 62 años, está paga se mantendrá siempre durante tres años.
«Las prejubilaciones son insuficientes y no hemos valorado las indemnizaciones al entender que el ERE no tiene justificación. Por el contrario, UGT al final ha transigido», sentencian desde CCOO.
