El sindicato Manos Limpias , que ejerce la acusación popular en la causa en la que se investiga la contabilidad B del Partido Popular (PP), ha solicitado la imputación del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy ; la secretaria general de la formación, María Dolores de Cospedal ; y los exsecretarios generales Ángel Acebes y Francisco Álvarez Cascos por su responsabilidad en la financiación opaca de la organización.
En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, el sindicato recurre el auto en el que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz proponía juzgar a seis personas en el marco de esta causa –entre ellas los extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta— y solicita la imputación de Rajoy, Cospedal, Acebes y Cascos como «encubridores o cooperadores necesarios» de los delitos fiscales que se atribuyen a estos.
Además, señala que tanto el presidente del PP, Mariano Rajoy, como su antecesor en el cargo, José María Aznar, tenían «una responsabilidad ‘in vigilando'» en relación con la ‘caja B’ que podría ser constitutivo, a su juicio, de «un presunto delito de imprudencia grave».
Manos Limpias señala en su escrito que, según los Estatutos del PP, los secretarios generales tienen «unas atribuciones omnímodas» y que todo tipo de acuerdo y decisión adoptada en el seno de esta formación política debía contar con el «visto bueno» del presidente y del número dos del partido.
Tras apuntar que las decisiones o acuerdos en los partidos «se toman de forma solidaria y con conocimiento de sus miembros», el sindicato sostiene que «es evidente que los diversos secretarios generales del PP» han sido «al menos cómplices, encubridores o colaboradores necesarios» de los delitos investigados.
En este sentido, considera «de sentido común» que los secretarios generales de la formación conocieran «cómo se financió» el proyecto de reforma de la sede de la formación, en la calle Génova de Madrid, y que el dirigente que ocupaba el cargo en 2004, Ángel Acebes, dio el «visto bueno» al empleo de fondos de la ‘caja B’ en la compra de acciones de Libertad Digital.
«Dejar al margen de la imputación a los cabezas de jerarquía dentro del partido, que son administradores según los Estatutos, y reducir su papel a una responsabilidad exclusivamente política» constituye, a juicio de Manos Limpias, «un flaco favor a la credibilidad de nuestro sistema democrático y a la confianza en un poder judicial al que no debería temblar la mano para imputar (…) a políticos y expolíticos de gran relevancia».
