Mario Conde, en prisión desde el pasado mes de abril por un presunto delito de blanqueo de capitales, habría puesto en marcha un entramado de sociedades y personas que dirigía con los mismos métodos empleados por el crimen organizado según la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF).
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz decretó el pasado 13 de abril el ingreso en prisión de Mario Conde, acusado de blanqueo, organización criminal, frustración de la ejecución y ocho delitos fiscales. El exbanquero sustrajo en los años 90 de Banesto y Argentia Trust más de 25 millones de euros, por lo que fue condenado a más de 20 años de prisión. De esa cantidad se recuperaron algo más de once, en tanto que el resto, que Conde habría estado repatriando a España desde diversos paraísos fiscales, son el objeto de la presente investigación.
Y para ello, según un informe de la UDEF fechado el 29 de abril de este año, puso en marcha un entramado de sociedades y personas que se ciñe a los parámetros establecidos por el Centro de Inteligencia con el Terrorismo y el Crimen Organizado para definir una organización criminal.
Se trata de los once requisitos que definen una estructura delictiva organizada: colaboración de dos o más personas, reparto específico de las tareas, actuación prolongada o indefinida en el tiempo, uso de disciplina o control interno, comisión de delitos graves, extensión de la actividad al ámbito internacional, uso de la violencia, uso de estructura económica, implicación en el blanqueo de capitales, uso de influencia sobre políticos, medios de comunicación y autoridades judiciales, y búsqueda de beneficios o poder.
Y las actividades efectuadas por Mario Conde para repatriar el dinero procedente de Banesto, según la UDEF, cumplen nueve de estos once requisitos: todos menos el uso de la violencia y la puesta en marcha de disciplina o control interno dentro de la «organización».
Junto con Mario Conde ingresó en prisión el abogado Francisco Javier de la Vega, considerado colaborador necesario del exbanquero, y para el que el juez decretó ayer libertad bajo fianza de 100.000 euros. Asimismo, Pedraz impuso a su hija Alejandra arresto domiciliario, y a su hijo Mario y a otros tres acusados -Francisco de Asís Cuesta, María Cristina Álvarez Fernández y Roland Stanek-, comparecencias semanales en el juzgado, la prohibición de salir de España y la retirada del pasaporte. Todos ellos figuran como investigados -lo que antes se conocía como imputados- en el caso, aunque en las diligencias previa se distingue con claridad entre colaboradores y meros testaferros.
Entre los primeros estarían el abogado De la Vega, el yerno de Conde, Fernando Guasch Vega-Penichet, o Francisco de Asís cuesta Moreno, persona de confianza del exbanquero. Y como testaferros y puntuales administradores de distintas sociedades aparecen, según la UDEF, María Cristina Álvarez Fernández y Roland Stanek, así como distintos empleados -conductores, guardeses- de la familia Conde.
