El magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín ha advertido este martes de que con el texto aprobado ayer por el Parlamento de Cataluña «no hay una declaración de independencia como exige el Derecho internacional que pueda producir efectos en el mundo de la sociedad de naciones».
En declaraciones a Radio Nacional de España recogidas por la agencia Efe, Martín Pallín ha aclarado que se trata de una propuesta que declara solemnemente el inicio del proceso de creación de un Estado catalán.
Por ello a Martín Pallín le parece un «error táctico» que el Gobierno quiera atajar ya este inicio de proceso jurídicamente con un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) «porque los verdaderos problemas para los independentistas comenzarían cuando traten de poner en marcha esa famosa agencia tributaria y la seguridad social».
«Ahí es donde verdaderamente va a encallar el Gobierno de la Generalitat, cuando pretenda ponerlo en marcha», ha apostillado. Por ello estratégicamente «esperaría a que se estrellasen con esas dos leyes», ha insistido.
Según el magistrado, las dos leyes «son jurídica, política y técnicamente inviables porque las tendría que tramitar el Gobierno de la Generalitat configurado con arreglo a su Estatuto y por tanto dentro del sistema constitucional español de autonomías, y ahí entraríamos en un conflicto de atribuciones que sí que jurídicamente es una invasión de potestad del Estado con lo cual se pararía el proceso». «A ver en qué lío se meten con dos agencias tributarias y dos sistemas de seguridad social, de pensiones, etcétera», ha advertido.
“Esperpento jurídico y penal”
A su juicio, no se trataría de una inacción del Gobierno ya que es «un documento que está en stand by y cuando se manifieste realmente en actos concretos sería cuando» a su juicio procedería reaccionar. Martín Pallín ha explicado que una vez que el Ejecutivo español presente el recurso ante el TC el mismo lleva aparejada la suspensión automática del acuerdo.
Ha añadido que en caso de desobediencia a las decisiones del TC incluso podría llegar a ser sancionada la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, aunque ha estimado disparatado, como algún partido ha planteado, que se suspenda a todos los parlamentarios que han votado a favor de la propuesta independentista.
Tampoco ve razonable presentar una querella por rebelión y sedición, ya que el Código Penal explica que se cometen cuando hay un alzamiento público y violento y la «violencia en una votación parlamentaria parecería ya excesiva y nos colocaría ante la comunidad internacional ante un verdadero esperpento jurídico penal», ha dicho.
Respecto a la aplicación del artículo 155 de la Constitución ha indicado que contiene elementos de intervención por ejemplo en materia de los Mossos de Esquadra «pero todo lo demás es inédito y habrá que sentarse reflexivamente sobre la mesa antes de tomar esa decisión».
Martín Pallín ha adelantado que los funcionarios que sean obligados a realizar trámites por el Gobierno catalán en virtud de decisiones independentistas contrarias a la Constitución tendrían causa de exención de responsabilidad penal.
