La ministra de Empleo, Fátima Báñez, no ha conseguido arreglar el colapso que se vive en el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). En una respuesta parlamentaria a la que ha tenido acceso SABEMOS, el Gobierno hace saber al Congreso de los Diputados que el atasco, a fecha de 31 de mayo, se elevaba a 47.040 expedientes. Madrid (con 14.429 solicitudes) encabeza la lista de provincias con mayor número de documentos por tramitar, seguida por Barcelona (9.354), Valencia (4.122) y Sevilla (3.241).
Ayer, el mismo día en que salieron a la luz los buenos datos de la creación de empleo –“el mejor trimestre desde al año 2005”, proclamó ufano Mariano Rajoy sacando pecho en un acto programado para mayor gloria del presidente del Gobierno-, se conocieron también las cifras de la difícil situación por la que atraviesa el Fondo de Garantía Salarial, que no ha logrado paliar el caos en el que se encuentra sumido desde que comenzó la crisis económica.
Según el escrito remitido por el Gobierno a la Cámara Baja, en respuesta a una pregunta del diputado socialista Miguel Ángel Heredia, el atasco del Fogasa tiene un número: 47.040 solicitudes pendientes de tramitar.
Los datos, según las provincias, no son uniformes en toda España. Hay comunidades autónomas, como el País Vasco y Aragón, en que la gestión del Fogasa está siendo relativamente buena, mientras en otras, como Andalucía y Canarias, el servicio es pésimo. También es cierto que estas dos últimas regiones han notado como ninguna los efectos de la crisis.
Las tres provincias vascas (Vizcaya, con 112 expedientes en tramitación; Guipúzcoa, con 49; y Álava con 11) ocupan los últimos lugares de la lista. La situación es similar en Aragón: Zaragoza cuenta con 136 documentos pendientes; Huesca, con 4; y Teruel, con 2. En el polo opuesto se sitúan las dos provincias canarias -Las Palmas, con 2.236; y Santa Cruz de Tenerife, con 1.410- y, sobre todo, las andaluzas. Sevilla (3.421) y Cádiz (1.956) se sitúan a la cabeza del ranking.
El Ministerio de Empleo niega el atasco
Los datos aportados por el Gobierno al Congreso de los Diputados demuestran que no ha sido efectiva la externalización parcial llevada a efecto hace casi dos años. En febrero de 2013, la dirección del Fogasa propuso a los sindicatos más representativos del organismo público poner en marcha un plan para reducir la bolsa de expedientes atrasados. El plan incluía derivar parte del trabajo a una empresa externa.
En octubre de aquel año, la empresa elegida, mediante una encomienda de gestión, fue Tragsatec -filial del grupo Tragsa, de capital público aunque sus trabajadores no son funcionarios-, por un montante total cercano a los 3,5 millones de euros. El periódico digital eldiario.es publicó en su día que a dicha empresa le pagan cerca de 20 euros por cada expediente que resuelva.
Se da la circunstancia de que la externalización parcial del servicio fue duramente criticada por el Tribunal de Cuentas meses después. En uno de sus informes, el máximo órgano fiscalizador del Estado cuestionó la legalidad de dicha externalización, al tiempo que llegó a tachar la encomienda de “antieconómica”.
El problema de los atascos en el Fogasa se agravó el pasado mes de abril, cuando el Tribunal Supremo falló en una sentencia que el organismo público debía pagar todas aquellas solicitudes que no hubiera resuelto en el plazo de tres meses que establece la ley. En la mayoría de las provincias, el plazo medio de abono superaba los tres meses y en las de mayor población –como Madrid, Barcelona, Valencia y Murcia- podía llegar a un año.
Pese a la contundencia de las cifras aportadas por el Gobierno al Congreso, un portavoz del Ministerio de Empleo negaba ayer el colapso. “No hay acumulación, porque no se debe confundir la bolsa de atrasos con los expedientes que se van gestionando. Con el margen de los tres meses que hay para pagar, el Fogasa, dentro de lo que cabe, está al día en su gestión”.
