Hoy es 30 de junio de 2015, mal día para quien tiene dificultades para financiar sus gastos. Hoy es, según quedó establecido en el BOE hace tan solo 17 días, la fecha de «la primera remisión de información mensual relativa a 2015» que tienen que hacer las comunidades autónomas al Ministerio de Hacienda, sobre «su gasto farmacéutico hospitalario, su gasto en productos farmacéuticos y sanitarios por recetas médicas u orden de dispensación y su gasto en productos sanitarios sin receta médica u orden de dispensación». La medida se produce a meses de las elecciones generales y en pleno cambio de signo político de algunas autonomías.
La información de hoy debe incluir los cinco primeros meses de 2015 comparados con los mismos de 2014 y desde ahora, se actualizará mensualmente antes del día 15 de cada mes con la información referida al mes anterior. Hacienda quiere que no se le escape ni una autonomía del cerco al déficit y se mete de nuevo de lleno en una de sus competencias: la sanidad.
La norma no deja mucho margen a retrasar la entrega de la información en el plazo establecido. En caso de no cumplirse este, «dará lugar a un requerimiento de cumplimiento». Y si en el plazo de 15 días desde que se recibe la notificación no se atiende, entran directamente en curso las medidas automáticas de corrección que el Gobierno del Partido Popular estableció en 2012 para amarrar a las autonomías que se negasen a cumplir con las exigencias de recortes de gasto.
Para quien tenga dificultades para pagar su gasto sanitario, Hacienda crea un nuevo instrumento «de apoyo a la sostenibilidad del gasto farmacéutico y sanitario de las CCAA, con vigencia durante 2015, salvo que por acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos se decida prorrogar ese plazo». Cualquier autonomía puede adherirse, ahora bien, la que lo haga debe tener en cuenta que su gasto en este terreno «no podrá ser superior a la tasa de referencia de crecimiento del PIB de medio plazo de la economía española» que haya establecido el Ministerio de Economía.
Si se supera ese límite, la CCAA «no podrá aprobar la cartera de servicios complementaria (…) y no podrá prestar servicios distintos de la cartera común de servicios del sistema nacional de salud». Será así mientras surten efecto las medidas de ajuste que le imponga la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
La deuda de las CCAA con el sector sanitario a cierre de abril (último dato facilitado por el Ministerio de Hacienda) ascendía a 5.445 millones de euros, el 65,69% del total de la deuda comercial. La mayoría de esa deuda está contraída este año (el 77,9%), pero hay un 22,1% que procede de años anteriores.
