La CNMC sanciona a la eléctrica por elevar artificialmente los precios del mercado para alterar la subasta de diciembre de 2013 que marcaba el nivel del recibo de la luz. La manipulación llevó al Gobierno a cambiar el modelo de fijación de la tarifa.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto una multa de 25 millones de euros a Iberdrola por manipular el mercado eléctrico para elevar artificialmente los precios de la electricidad. La compañía sigue negando las acusaciones y ya ha anunciado que recurrirá la sanción ante la Audiencia Nacional.
El superregulador considera, en cambio, probado que Iberdrola maniobró durante semanas a finales de 2013 para disparar el precio de la electricidad. La compañía, a través de su filial Iberdrola Generación, habría estado reduciendo intencionadamente la producción eléctrica de sus centrales hidroeléctricas y ofreciendo en el mercado la electricidad a precios artificialmente altos.
Con ello, Iberdrola habría conseguido elevar los precios del mercado mayorista de la electricidad –conocido como pool- durante las semanas previas a la subasta del 19 de diciembre de 2013 que fijaría el recibo de la luz del primer trimestre del año siguiente.
La sanción impuesta es de 25 millones de euros. En su resolución, la CNMC concluye que las maniobras de Iberdrola para alterar el precio desembocaron un encarecimiento del mercado diario de 7 euros por megavatio hora (de 80 a 87 euros/MWh), lo que generó un beneficio a la propia Iberdrola de 21,5 millones de euros.
Pero el impacto para el conjunto de la demanda –y que a la postre acabaron soportando todos los consumidores a través del recibo- fue de 105 millones de euros, según los cálculos de la CNMC. De hecho, el propio supervisor ha hecho una simulación de cómo habría evolucionado el mercado en caso de que Iberdrola no hubiera retirado la producción de tres de sus centrales hidroeléctricas y, en lugar del impacto de 105 millones de euros, el precio sólo se habría incrementado en 31 millones.
Historia de un ‘subastazo’
Hasta hace dos años, la evolución del recibo de la luz que pagan la mayoría de los consumidores españoles se fijaba a través de subastas trimestrales. A través esas pujas, en la que participaban las compañías eléctricas y también fondos de inversión, se determinaba aproximadamente la mitad de la tarifa, el componente energético, mientras que la otra mitad, los peajes, la determinaba directamente el Gobierno.
El sistema de subastas ya estaba en entredicho –o bajo sospecha-, pero fue la puja de diciembre de 2013 la que hizo saltar el sistema. Tras varias semanas con el precio eléctrico mayorista al alza, y con las eléctricas enfrentadas al Gobierno por la reforma energética, la subasta del 19 de diciembre disparó los precios un desorbitado 26%, lo que se habría traducido en un ‘tarifazo’ del 11% para más de 25 millones de consumidores.
El Gobierno decidió intervenir el mercado eléctrico, anuló el resultado de la subasta e impuso unilateralmente una subida del 2,3% del recibo para el primer trimestre de 2014. Y, a la postre, el Ejecutivo decidió acabar con el sistema de subastas e impulsó un nuevo modelo que trasladó todo el peso de fijación de los precios al mercado mayorista diario y que finalmente ha derivado en la actual tarifa horaria.
Tras esa última subasta, el Gobierno ordenó a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que realizara una investigación urgente sobre la polémica puja y entonces el regulador sólo encontró “circunstancias atípicas” que se habrían producido en las semanas anteriores a la subasta, pero no identificó responsables. Ahora, dos años después, la propia CNMC ha sancionado a Iberdrola como responsable de esas circunstancias atípicas, como autor de una manipulación del mercado para elevar artificialmente los precios. Ahora, dos después.
