Esta semana será en crucial para los afectados del Banco Popular y nada tiene que ver con que esté previsto que la Justicia adopte alguna decisión fundamental sino que una gran parte del futuro de este caso lo puede determinar el Ministerio de Economía de Nadia Calviño que podría dar la autorización para que se ejecute la fusión jurídica del Banco Popular con el Banco Santander, algo que sería un duro revés para el más de millón y medio de ciudadanos arruinados por la operación diabólica, sobre todo de cara a dirimir las responsabilidades penales y que los afectados recuperen su dinero.
Para que la fusión jurídica de las dos entidades se complete sólo falta la autorización de Economía porque según indica la ley sobre modificaciones estructurales de sociedades mercantiles, es el Gobierno el que debe dar la luz verde para hacer efectiva la fusión, algo que podría hacerse efectivo esta semana por lo que el Santander adquiriría la totalidad de derechos y obligaciones del Popular por sucesión universal. Para dicha autorización el ministerio debe haber pedido informes al Banco de España y a la CNMV, precisamente dos instituciones que están bajo sospecha debido a su actuación en referencia a la supervisión del Popular durante la operación bajista o la crisis de liquidez generada durante el mandato de Emilio Saracho.
La realidad es que Nadia Calviño, como última responsable del Ministerio de Economía, tiene la obligación ética de denegar o, al menos, aplazar dicha autorización por lo menos hasta que la Justicia se pronuncie en referencia a los miles de recursos, demandas y querellas interpuestas por los afectados tanto en España como en Europa.
Si se autorizara esta fusión y el Popular perdiera su personalidad jurídica el juez Andreu se encontraría con el escenario de tierra quemada que pretendía el Santander desde el principio. Esta es la razón por la que muchos afectados y desde estas páginas se ha exigido la adopción de medidas cautelares para evitar, precisamente, lo que ocurriría si Economía autorizara la fusión y lo que está sucediendo con los negocios que está realizando el banco presidido por Ana Patricia Botín con el patrimonio y los activos del Popular. Si, finalmente, un juzgado español o europeo determina que la operación fue ilegal o que fue la consecuencia de una estrategia predeterminada, tal y como demuestra la documentación publicada por Diario16, ¿cómo podrá retraerse la misma? Sería absolutamente imposible.
Por esta razón es fundamental que el Gobierno de Pedro Sánchez y, en concreto, Nadia Calviño no adopte ningún tipo de decisión que perjudique al más de un millón y medio de personas afectadas por el Caso Banco Popular, al menos hasta que la Justicia española, europea o estadounidense adopten una decisión definitiva.
Por otro lado, la propia Nadia Calviño debería hacer suyas las recomendaciones del Defensor del Pueblo, con quien estuvo el pasado martes en el Hotel Palace, quien instó al Banco Santander ha llegar a una solución extrajudicial con las más de 305.000 familias arruinadas. Fue precisamente en ese desayuno informativo donde la ministra explicó su proyecto y, la verdad, fue muy esperanzador escuchar a la máxima responsable de la economía española exponer una senda basada en la necesidad de reforzar el Estado del Bienestar, renegar de las políticas que hasta ahora se han aplicado y dibujar un panorama en el que la economía se ponía al servicio de las necesidades reales ciudadanos y no al interés de las élites financieras y empresariales.
El hecho de que se conceda la autorización de la fusión del Banco Popular con el Santander sería, precisamente un golpe muy duro al más de millón y medio de personas afectadas por esta «presunta» estafa y dejaría abiertas las puertas para que en las próximas elecciones alguien como Albert Rivera pudiera acceder a la Moncloa, cuando, en realidad, las intenciones del actual Gobierno van en una dirección totalmente diferente de la que pretende imponer el líder de Ciudadanos. Concediendo la autorización de la fusión estaría actuando contra los afectados, de un modo similar a lo ocurrido en la Comisión de Investigación cuando la diputada gallega Margarita Pérez fue la que sustituyó a Pedro Saura tras el nombramiento de éste como Secretario de Estado.
La Justicia ya tiene suficientes pruebas documentales de que esta operación estaba diseñada desde hacía mucho tiempo, pruebas que Diario16 ha aportado en la Audiencia Nacional y que fueron aceptadas por el Juez Andreu a instancias del Fiscal Anticorrupción. Señora ministra, si lo desea, puede consultar algunos de los documentos publicados por este medio y que ya obran en poder de la Justicia:
